La Generalitat mantiene el freno a la energía eólica en Cataluña tras una década y cambios normativos. Ante esta situación, los promotores de este tipo de energía limpia y renovable han llamado a la puerta del Ministerio de la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, para realizar la tramitación de sus proyectos ante la lentitud de la Administración catalana. Los planes caen con cuenta gotas en la Ponencia de Renovables, pero ni uno sólo acaba autorizado.
Los promotores de energía eólica han solicitado al Ministerio de Ribera la tramitación de un total de 80 aerogeneradores, un 35% más de los pedidos a la Generalitat
Los promotores de energía eólica han solicitado al Ministerio de Ribera la tramitación de un total de 80 aerogeneradores, con una potencia conjunta de 485 MW, un 35% más respecto a los solicitados directamente a la Administración catalana, cuya potencia conjunta es de 304 MW, según los datos de la Generalitat. En total, se han solicitado 789 MW y 139 molinos eólicos, pero ninguno de ellos está aún autorizado, pese a la exigencia de los objetivos de la Generalitat de cara al 2030.
En cuanto a la energía fotovoltaica, los promotores de los proyectos no tienen este dilema. De hecho, la inmensa mayoría de los promotores entregan la documentación a la administración catalana y tan sólo unos pocos proyectos, pero más grandes, se derivan directamente al departamento de Ribera. Así, las solicitudes de tramitación alcanzan los 1.509 MW para instalarse en un total de 2.523 hectáreas, mientras que el Ministerio tan sólo recibe 173 MW repartidos en 368 hectáreas. Del total de las solicitudes, se han autorizado la puesta en marcha de 82 MW, mientras que otros 48 MW se han denegado.
LA GENERALITAT LEVANTA LA MANO CON LA EÓLICA, PERO CON LENTITUD
Con años de retraso, más de diez, la Generalitat abre ahora la mano poco a poco, muy lentamente, más ante la cercanía de las elecciones y la presión de los grupos ecologistas, que no quieren ver ni en pintura los mástiles y sus aspas girar en las montañas, como tampoco en el mar. A éstos se han sumado también empresas dependientes del turismo, especialmente en la zona de la Costa Brava y el Cabo de Creus, donde se pretende levantar al menos dos parques eólicos.
Una muestra de la animadversión de la Generalitat contra la eólica es el fichaje de la exdiputada de la CUP Mireia Boya como directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático. La propuesta proviene directamente del Departamento de Acción Climática, dirigido por Teresa Jordà, quien decide a su vez sobre la tramitación de los parques eólicos.
Una muestra de la animadversión de la Generalitat contra la eólica es el fichaje de la exdiputada de la CUP Mireia Boya como directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático
Boya es una conocida activista en contra de la energía eólica y su nuevo nombramiento no ha sido bien recibido por el sector. Y es que, siempre se ha mostrado en contra de este tipo de energía verde al considerar que deben ser los Ayuntamientos quienes tomen la última palabra. Se trata de la administración más débil y propensa a escuchar a los grupos de presión, donde la CUP se mueve como pez en el agua.
POCOS AEROGENERADORES DE LA EÓLICA COMENZARÁN A FUNCIONAR EN 2023
Con todo, la Generalitat permitirá la puesta en funcionamiento de unos pocos aerogeneradores para 2023 y tras superar los enormes escollos de la Administración catalana. Se estima que si la Generalitat aprobara todos los proyectos eólicos presentados se podría cubrir el 22% del total de la demanda, pero el Govern se muestra no sólo cauteloso, sino que aprueba aquellos que son reclamados por inversores privados y particulares, como el de Pujalt (Tarragona), con un único aerogenerador impulsado por medio millar de ciudadanos. Se trata de un Enercon E-103 EP2 de 2,35 MW e instalado en una zona de «bajos vientos». En definitiva, un proyecto de autoconsumo.
La intención ahora de la Generalitat es la apertura de dos proyectos más grandes, como Els Barrancs y Punta Redona, ambos en Tarragona, con una potencia de 26,6 MW y 22,8 MW, respectivamente. Los dos parques están controlados por Naturgy Renovables y ambos han recibido presiones de los grupos ecologistas para paralizar las obras.
La intención ahora de la Generalitat es la apertura de dos proyectos más grandes, como Els Barrancs y Punta Redona, ambos en Tarragona
La empresa energética se juega 56 millones de euros en ambos. Ambos proyectos forman parte de un plan estatal conformado por una treintena de parques eólicos y fotovoltaicos con una inversión total de 528 millones, con una potencia instalada de 683 MW y capaz de generar 1.600 GWh al año, el consumo de 450.000 hogares.
LA JUSTICIA Y GRUPOS DE PRESIÓN, LAS BARRERAS DE LA EÓLICA
La instalación llegó tras haber pasado un periplo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó imponer las medidas cautelares pedidas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Terra Alta para frenar la construcción de los 13 aerogeneradores. Las obras se habían iniciado en febrero del pasado año y se esperaba poner en marcha a finales de ese mismo año. No obstante, se espera ahora que puede encenderse entre finales de este y principios del próximo.
Otro de los proyectos que podrían ver la luz es la ampliación de La Collada (Tarragona), pero se trata de un parque ya instalado y que aumentará en unos cuatro molinos más, hasta alcanzar los 9 MW.
LA DESIDIA: ONCE AÑOS EN FINALIZAR UN PROYECTO
Algunos de los proyectos se iniciaron hace once años, como los de Naturgy, en pleno recorte a las renovables. El tiempo es más que prudencial para conocer el funcionamiento de la Administración catalana, más centrada en la independencia que en la energía. Tal es la desidia, que el propio Govern cambió la normativa en 2019 con el objetivo de impulsar las renovables, pero la eólica continúa siendo no sólo el talón de Aquiles, sino una piedra en el zapato de Teresa Jordà.
los nuevos proyectos en trámite pueden pasar años en el tintero antes de ser debidamente estudiados
Según los propios datos de la Generalitat, los nuevos proyectos en trámite pueden pasar años en el tintero antes de ser debidamente estudiados. Los promotores llevan así los proyectos más grandes para incluirlos en algún plan del Ministerio de Ribera, pero la Generalitat impone su freno por otros intereses.
El problema para estos proyectos es que la lentitud hace perder los avales bancarios de la inversión, un montante que se tiene que justificar en la tramitación. Asimismo, existe el riesgo de que los grandes parques decidan retirarse e instalarse en Castellón y Aragón. La otra opción es acudir a la vía judicial.
