El decreto ‘antiCabify‘ de la Generalitat en favor del taxi ha abierto la puerta a nuevas disputas judiciales, como la que podría emprender Moove Cars. Las medidas aprobadas con el apoyo explícito del PSC, presidido por Salvador Illa, y el sindicato Élite Taxi, que califica al decreto como «un hijo del taxi«, podrían acarrear un coste cercano a los 500 millones de euros, según los cálculos de distintas fuentes relacionadas con el sector.
No operamos en Cataluña debido a la inseguridad jurídica y condiciones anticompetitivas que reinan en la región
De hecho, la medida golpea directamente a autónomos y pymes antes que a las grandes empresas que controlan miles de licencias VTC. Según ha podido corroborar MERCA2, Moove Cars, el gigante con más de 4.000 licencias de vehículos de alquiler con conductor, ha evitado volver a Barcelona desde que interpuso una demanda de Responsabilidad Patrimonial contra la Generalitat en 2019. «No operamos en Cataluña debido a la inseguridad jurídica y condiciones anticompetitivas que reinan en la región», según han explicado fuentes de Moove Cars a este medio.
La reclamación alcanza los 400 millones de euros y aún está en sede judicial, según apuntan fuentes conocedoras del asunto a este medio. En primer lugar, por los 15 minutos que deben transcurrir entre la solicitud del viaje y el inicio del mismo; mientras que ese decreto limita la actividad. «A través de esta demanda -continúan las fuentes- solicitamos una indemnización por dicha regulación que restringía la operativa del VTC y nos impedía desarrollar nuestra actividad durante el periodo compensatorio de cuatro años designado por el Decreto Ábalos».
UBER OPERA SIN MOOVE CARS EN SU REGRESO A BARCELONA
Por esta razón, Uber sólo ha podido desplegar 200 vehículos VTC en Barcelona recientemente. Y es que, sin Moove Cars es complicado poder atraer conductores de otras zonas más seguras. Sin embargo, Moove Cars sí deja la puerta abierta a acudir al tribunal mercantil al reservarse su derecho a iniciar otra batalla judicial contra la Generalitat por el nuevo decreto. Esta empresa, participada por Uber en un 30%, podría exigir nuevas y millonarias sanciones por la restrictiva normativa catalana.
«No tenemos ninguna de las licencias de Moove Cars operando en Barcelona desde hace años«, han corroborado otras fuentes consultadas. De hecho, ninguno de los conductores preguntados por MERCA2 operan bajo este paraguas ni en la Ciudad Condal ni en ninguna otra zona de Cataluña.
El resto de empresas del sector con licencias VTCs se muestran expectantes ante este posible movimiento del gigante controlado por el fondo King Street junto con los empresarios Jaime Castellanos, Pedro del Corro y Jon Riberas.
EL NUEVO DECRETO ‘ANTICABIFY’, UN SALVAVIDAS PARA DEMANDAR A LA GENERALITAT
Con el nuevo cambio de normativa, «la Generalitat da un seguro de vida a Moove Cars«, según apuntan las fuentes consultadas. Y es que, este cambio de paso da pie a entender posibles errores del decreto aprobado anteriormente por Damià Calvet, exconsejero de Movilidad. No obstante, todo dependerá de los jueces. Por el momento, la prudencia impera en las plantas nobles de las compañías y no ofrecen datos ni pistas sobre sus próximos movimientos de forma oficial. Eso sí, los gabinetes jurídicos de las plataformas y propietarios de las licencias VTC examinan punto por punto este «negativo decreto».
Al contrario que autónomos y pymes, empresas de la talla de Moove Cars sí pueden costearse un equipo legal especializado, mientras que los primeros se verán privados de realizar los servicios ante los requisitos exigidos por el Govern. A partir de octubre, cuando entre en vigor la normativa se conocerá exactamente el número de licencias de vehículos de alquiler con conductor disponibles.
En caso de que los jueces den la razón a Moove Cars, será el bolsillo de los catalanes los que pagarán con la pifia del anterior Govern, con Quim Torra a la cabeza; para el actual Ejecutivo autonómico, con Pere Aragonès a la cabeza, con el apoyo de Élite Taxi y el PSC de Salvador Illa, habrá que esperar si finalmente hay demanda.
MOOVE CARS PLANTEA MOVILIZARSE CONTRA EL GOVERN
Tal como se ha aprobado este decreto, la operativa de las VTC está prácticamente limitada a cero. Entre los requisitos se exige que las licencias hayan realizado al menos 100 viajes en los últimos doce meses, mientras que los nuevos deben ser ECO o de emisiones Cero con una longitud mínima de 4,9 metros, una medida que limita en exceso el mercado y provocará un mayor desembolso a los propietarios.
En su primera demanda, Moove Cars contrató a la firma Clifford Chance, con doble sede en España, Madrid y Barcelona. Y no se descarta que la vuelva a contratar por estas nuevas medidas. Y es que, antes de 2019 alcanzó un acuerdo con Uber para poder operar en la Ciudad Condal. Desde la aprobación de ese decreto, Uber se marchó de Barcelona hasta hace pocos días, cuando ha regresado con unos 200 vehículos, ninguno de ellos del dueño de cerca de 5.000 licencias VTC.
Moove Cars, además, tendría una grave inseguridad jurídica con la normativa que entrará en vigor tras el verano debido por un lado a las prohibiciones de poder vender las licencias y continuar operando, y también a los 15 minutos obligatorios de precontratación en cada viaje. Si los tribunales tumban el decreto de 2019, muy posiblemente hagan lo propio con el nuevo. Dando así una batalla por la indemnización que promete ser millonaria.
EL PRECIO DE LAS LICENCIAS SE DESPLOMA EN BARCELONA
Moove Cars, además, tiene una sólida estructura financiera, sin deuda bancaria y se puede permitir la licencia de no operar en Cataluña, pero exige la indemnización por la pérdida de valor de las licencias. De hecho, el precio de las licencias de VTC en Barcelona se han desplomado desde los 60.000 euros a los 40.000 tras la publicación del decreto. Asimismo, los compradores no suben por encima de los 30.000 debido a la fuerte inseguridad jurídica. Moove Cars, además, realizó un ERE a más de 750 personas tras la suspensión de la actividad de Uber.
En Madrid, los importes exigidos a los compradores superan el máximo de Cataluña, con una oferta mínima de 65.000 euros por cada licencia. En los portales de compraventa de segunda mano se llegan a vender hasta las autorizaciones, pese a que a partir del 1 de octubre su valor será cero debido a las nuevas exigencias.
LOS TAXISTAS APUNTAN AHORA A LA CNMC
Los vencedores, Élite Taxi entre otros, no sólo están celebrando aún esta victoria, sino que miran ahora a la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC) por los vínculos que tendría la presidenta del organismo público y Uber. Y es que, Cani Fernández fue la abogada de Uber en el litigio que perdió en Bruselas. Pero no se ha desinhibido en el expediente abierto a Élite Taxi. En este sentido, la Autoridad de Competencia de Cataluña (ACCO) tiene abierto un expediente sancionador contra Élite Taxi por el que reclama dos millones de euros.
El coordinador de este sindicato, Alberto Álvarez, se moviliza este jueves ante la sede en Barcelona de la CNMC. Cientos de taxistas, como ha ocurrido en otras ciudades europeas, rodearán el edificio público para exigir el cese inmediato de Cani Fernández.
Para Álvarez, esta vinculación de Fernández con Uber «afecta directamente» a su expediente. «Se nos acusa de prácticas anticompetitivas y boicot», ha apuntado. Asimismo, ha exigido una investigación interna sobre los «papeles de Uber«, una investigación que mostraría los primeros años de actividad de Uber para abrirse hueco en un mercado tan regulado como el europeo. Esta guerra será «sin compasión», como la que emprenderán los taxistas contra el resto de plataformas que operan hasta ahora en Barcelona.
