El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, está dispuesto a hacer de Norteamérica uno de sus principales mercados aprovechando la apuesta de la Casa Blanca por promover el desarrollo de energías renovables. El grupo español logró el pasado año elevar sus inversiones y márgenes en la región, a pesar de lo cual las pugnas en el accionariado, los riesgos regulatorios en México y las batallas corporativas llevadas casi al terreno personal son elementos que generan incertidumbre sobre el prometedor futuro de la empresa al norte y al sur del Río Grande.
BLACKROCK QUIERE UN CEO
En clave interna, fuentes financieras confirman a MERCA2 que los fondos de inversión siguen presionando a Sánchez Galán para que nombre un CEO y cumpla con el principal criterio que define todo gobierno corporativo: tener una bicefalia en la que se repartan los papeles entre presidente y consejero delegado.
Hasta ahora el máximo responsable de Iberdrola se ha resistido a ceder una parte de su enorme poder en el grupo y ni siquiera la imputación por los contratos con Villarejo ha servido a BlackRock (principal impulsor de esta reorganización en la directiva) para lograr su objetivo.
Y es precisamente en la Audiencia Nacional donde se libra una de las más importantes batallas corporativas, que se derivan del enfrentamiento entre el directivo vasco y el presidente de ACS, Florentino Pérez, que tiene capacidad para, al mismo tiempo que prepara una OPA sobre Atlantia, mandar un escrito al tribunal para acusar a Iberdrola de mentir a los reguladores de EEUU para eludir el riesgo reputacional derivado de haber contratado al excomisario.
En concreto, el documento de ACS hace referencia a las manifestaciones que hicieron los directivos de Iberdrola a la Comisión Federal de Servicios Públicos de Texas, que ha tumbado el intento de fusión de Avangrid (la filial estadounidense de la eléctrica española) y la local PMN Resources. El consejo de administración de la empresa norteamericana dio su visto bueno pero el regulador frenó la adquisición argumentando, entre otros elementos, que existían riesgos derivados de la imputación de Iberdrola Renovables (y del propio Sánchez Galán) en el caso Villarejo.
LA FRUSTRADA COMPRA DE PMN
Los equipos jurídicos de Iberdrola denunciaron ante el juez Manuel García Castellón que esta fusión se había ido al traste precisamente «como consecuencia del devenir» del caso Villarejo. De hecho, la negativa del regulador de Texas se produjo pocos días después de que el titular del juzgado central de Instrucción número 6 pusiera fecha a la declaración de Sánchez Galán como investigado (imputado) por presuntos delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.
Y es en este contexto en el que ACS presenta el escrito en el que acusa a varios directivos de Avangrid de haberse negado «de forma reiterada» a asumir los problemas reputacionales que tiene su matriz en los tribunales españoles.
ACS dice al juez que hay «indicios racionales de criminalidad en la actuación de Iberdrola y sus ejecutivos de forma continuada durante casi una década»
Además, los abogados de Pérez apuntan que la operación de compra no se ha frustrado por «un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia española, sino por su normal funcionamiento ante la existencia de indicios racionales de criminalidad en la actuación de Iberdrola y sus ejecutivos de forma continuada durante casi una década».
LA REFORMA EN MÉXICO: IBERDROLA EN LA DIANA
Mientras, un poco más al sur, los problemas para Iberdrola vienen del Palacio Nacional de México, sede del Gobierno del país que ha impulsado una reforma del sector eléctrico que o gusta ni a las empresas que operan en el país ni al Gobierno de Estados Unidos. Y que además ha puesto en el foco a Iberdrola, que está siendo usada por Andrés Manuel López Obrador para demonizar al sector privado y acusarle de haber creado leyes a medida en el pasado «para lucrarse y corromperlo todo».
La reforma implica cambios en la Constitución de México y, por lo tanto, necesita ser aprobada por dos tercios de los legisladores, lo cual no está claro que se produzca ya que el presidente no tiene el apoyo de la oposición. El objetivo es limitar la participación de empresas privadas al 46% en el caso de la generación eléctrica, lo cual es un golpe directo a los intereses de Iberdrola. El nombre de la empresa española aparece de forma habitual en los debates políticos, sobre todo en boca de los partidarios de AMLO, que lo usan como diana.
EL RIFIRRAFE ENTRE SHEINBAUM Y LA MUJER DE CALDERÓN
Un ejemplo de ello es el intercambio de acusaciones entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, que se enzarzaron la pasada semana en las redes sociales y que concluyó en una rueda de prensa con la siguiente declaración de Sheinbaum:
«La señora Zavala está muy preocupada porque [la reforma eléctrica) no la redactó Iberdrola, ahí donde trabaja su esposo. Porque la reforma (energética) del 2013 no fue redactada ni siquiera en México, fue redactada fuera de México e Iberdrola tuvo una participación muy importante, entonces ahí donde trabaja Felipe Calderón pues claro que están muy preocupados (…) y ¿por qué están preocupados? Porque se está haciendo una ley y una reforma constitucional que garantice el futuro de la nación, no el futuro de Iberdrola».
En caso de que la modificación legislativa salga adelante, el grupo español tendrá que replantearse su estrategia en México, donde tiene tres centrales fotovoltaicas y cinco de cogeneración, con una potencia de 642 MW y 202 MW, respectivamente. Además de nueve parques eólicos (693 MW) y doce centrales de ciclo combinado (gas), con 2.103 MW propios y 7.043 MW para terceros. El pasado año Iberdrola invirtió en el país 244 millones de euros, casi la mitad que en 2020 y el Ebitda se situó en los 779 millones de euros.
EL «AMIGO» BIDEN Y LA APUESTA POR E EUU
Y si para AMLO la compañía española es uno de sus principales enemigos, en el caso de EEUU la situación es justo la contraria, ya que la Administración Biden ha mostrado su interés en que sea una de las receptoras del dinero público que empleará el país en su objetivo de descarbonización de la economía.
A este respecto, Iberdrola recuerda en su informe anual integrado, publicado hace unas semanas, que durante su primer año de mandato, el Presidente Biden ha impulsado su apuesta por la reducción de emisiones a través de la aprobación de varias órdenes ejecutivas. «Entre las acciones destacan: el compromiso a nivel federal de alcanzar las emisiones netas cero para 2050, un objetivo de electricidad 100 % libre de emisiones de carbono para 2030, la de desplegar 30 GW de eólica marina para 2030, o diversas iniciativas en materia de seguridad del sistema eléctrico».
En la actualidad Iberdrola tiene en EEUU 69 parques eólicos (7.945 MW), una central de cogeneración (636 MW), cinco centrales fotovoltáicas (232 MW), tres centrales de ciclo combinado (204 MW) y nueve centrales hidroeléctricas (118 MW).
Además, el pasado noviembre el Congreso de EEUU aprobó la Ley de Inversiones en Infraestructuras y Empleos por valor de 1,2 billones de dólares. El grupo español destaca que «la medida incluye la financiación de una serie de áreas, entre las que destaca la mejora de la resiliencia de la red y la inversión en redes inteligentes, la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, proyectos piloto de hidrógeno limpio y las mejoras portuarias».
