Si ha habido una empresa realmente ocupada este verano esa ha sido Abengoa, si bien la actividad se ha llevado a cabo en los despachos, suyos y ajenos, y no tanto en sus instalaciones industriales. El rescate solicitado no ha llegado todavía y los problemas de liquidez resultan ya de extrema gravedad. La compañía necesita dinero con urgencia o no podrá continuar con sus operaciones, según ha informado el administrador concursal de la matriz, Ernst & Young (EY).
Abengoa no es una compañía cualquiera dentro del panorama empresarial español. La multinacional especializada en los sectores de infraestructuras, energía y agua, ha sido un referente en Andalucía, que ha llegado a tener contratados a más de 32.000 trabajadores en el año 2014, muchos de ellos en el extranjero.
Pero desde la misma Junta de Andalucía no confían en su supervivencia y no se han arriesgado a poner 20 millones de euros sobre la mesa, evitando así posibles conflictos legales que pudieran salpicarle, por dar ayudas públicas a una empresa que puede ser definitivamente ‘inviable’.
La historia reciente de Abengoa está ligada a diferentes EREs, puesto que desde que en 2015 se colocara al borde de la quiebra (con una deuda de cerca de 25.000 millones de euros), tuvo que poner en práctica 40 Expedientes de Regulación de Empleo, para dejar la plantilla en el año 2019 en apenas 13.400 trabajadores. Mientras tanto, pasó por dos rescates en 2017 y 2019.
Lo que para Abengoa PODRÍA suponer la salvación, para el Estado Español supondría un varapalo económico
Pero de nada sirvió, ya que a finales de febrero de este año solicitó el concurso de acreedores, tras ver como el plan de reestructuración que se había aprobado en agosto de 2020 no se había podido completar.
Con una deuda que rondaba los 6.000 millones de euros, y tratando de buscar alternativas para evitar la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, así, poder preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor, directivos y acreedores se lanzaron a una carrera para encontrar una solución que se antoja complicada.
Sin capacidad para pagar las nóminas, con una actividad muy reducida y con el valor de la compañía cayendo en picado, el tiempo se agota y la solución no parece llegar. Ni siquiera los esfuerzos de la mismísima Ana Botín, que se juega en la partida ni más ni menos que unos 1.000 millones de euros, parecen haber dado sus frutos.
LA CLAVE ES ABENEWCO 1
La clave de todo la tiene ahora Abenewco 1 (la filial a la que se han traspasado el negocio, los empleados y los activos de la matriz), ya que la SEPI no ve con buenos ojos la oferta del fondo Terramar por la filial de Abengoa, ya que por 200 millones de euros (montante de la oferta del fondo americano) se haría con el 70% de Abenewco 1. Y todo después de lo que ya ha invertido el Estado en el holding sevillano en los últimos años y lo que todavía debería invertir en el rescate.
Por eso se trabaja para encontrar en este mes de septiembre algún interesado en poner sobre la mesa otra oferta, toda vez que la de Terramar, que se compromete a no trocear la empresa, es la única que se mantiene, tras la retirada de los hermanos Amodio y del fondo Ultramar.
¿UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL?
Sin embargo, una luz podría abrirse paso al final del túnel, una luz en forma de 1.188,2 millones de euros, que son los que la compañía con sede en Sevilla reclama al Estado español, desde que CSP Equity Investment, filial luxemburguesa de Abengoa propietaria de plantas termosolares en nuestro país, presentara una demanda de arbitraje contra España por la rebaja de las primas a las renovables que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, en su intento desesperado por evitar el rescate que se cernía entonces sobre el país.
El último día de septiembre está previsto que la Cámara de Comercio de Estocolmo dicte un veredicto a favor o en contra de la reclamación de Abengoa, que se acogió, como tantas otras compañías energéticas, al Tratado de la Carta de Energía, reclamando un arbitraje para exigir una compensación al Estado español.
La compañía entendía que la reforma llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy vulneró las expectativas creadas en el momento de la inversión, suponiendo un perjuicio considerable para sus intereses y para sus arcas.
Lo que para Abengoa podría suponer la salvación, para el Estado Español supondría un varapalo económico de considerables dimensiones. Por eso, y porque ya ha recibido varias sentencias en contra, el Ejecutivo de Sánchez aprobó hace dos años un decreto por el que se incrementaba la retribución a las instalaciones renovables, para tratar de evitar seguir pagando reclamaciones de los arbitrajes.
Pero claro, para poder acceder a esas retribuciones las compañías tenían que olvidarse de sus reclamaciones pretéritas y renunciar a las demandas arbitrales. Y Abengoa no pasó por el aro y se mantuvo firme en su conflicto con España. En pocas palabras, se lo jugó al todo o nada, y ahora sus directivos rezan para que el 30 de septiembre la jugada les salga bien y el veredicto de la Cámara sueca sea favorable a sus intereses.
