El PVPC de noviembre se dispara un 40% y devuelve la factura eléctrica a terreno de 2022. El recibo medio de un hogar acogido a la tarifa regulada suma 58,80 euros en lo que va de mes, frente a los 42,10 euros del mismo periodo de 2025.
Los datos proceden del simulador de factura de la CNMC, que coloca el importe en niveles que no se veían desde la crisis energética de hace cuatro años. La escalada tampoco es nueva: arrancó en julio, cuando se rompió una racha de ocho meses de descensos iniciada en noviembre de 2025.
El salto de noviembre llega después de dos meses de subidas más contenidas. En septiembre y octubre los incrementos interanuales se quedaron cerca del 30%. Respecto a octubre, cuando el recibo se quedó en 55,90 euros, la factura se ha encarecido un 5%, en línea con el ritmo de los meses previos.
El calendario fiscal explica parte del recorrido. En junio el recibo se disparó un 19,2% coincidiendo con la vuelta del IVA al 21%. Antes, en abril, había bajado un 11,3%, el primer mes completo con el impuesto al 10%. En marzo, con el estallido del conflicto con Irán, se había disparado un 19,6%. Mayo, en cambio, fue plano.
La última semana ha traído algo de alivio. Las borrascas han moderado el coste de producir electricidad y han rebajado el ritmo de subida del recibo. El origen del encarecimiento, sin embargo, sigue intacto: el precio del gas que entra en el despacho y arrastra al conjunto del mercado mayorista, presionado por la guerra en Oriente Próximo.
El recibo ha pasado de la normalidad de 2025 a niveles que solo se veían en la crisis de 2022, y lo ha hecho en cinco meses consecutivos.
Con el mes todavía sin cerrar, el importe ya supera en un 5% al de octubre completo y se sitúa por encima de cualquier registro desde 2022, según los datos que recoge la prensa económica especializada.
La paradoja es que el PVPC se rediseñó para amortiguar estas sacudidas y, dos años después, sigue trasladando al hogar buena parte del golpe del mercado.
Por qué sube el PVPC: gas caro, IVA al 21% y una reforma a medio desplegar

El PVPC no lo fija una comercializadora, sino una fórmula indexada al mercado mayorista que gestiona el operador del mercado. Cuando el gas entra en el despacho, su precio arrastra al resto de tecnologías. Es lo que ha ocurrido este otoño: el conflicto en Oriente Próximo ha encarecido el gas natural y esa prima se ha trasladado al pool y, de ahí, al recibo doméstico.
La tarifa vigente desde 2024 incorpora una prima de riesgo para cubrir a las comercializadoras ante subidas bruscas respecto al coste al que contrataron la energía. También reduce de forma progresiva la vinculación al mercado diario, sustituyéndola por referencias a plazo más estables. En 2026, esa vinculación al pool queda en el 55%.
La cesta de referencias se reparte en tres horizontes: el 10% corresponde al producto mensual, el 36% al trimestral y el 54% al anual. El diseño busca suavizar los picos, no eliminarlos. El consumidor tipo sobre el que se calcula el recibo sigue siendo el mismo: 4 kW de potencia contratada y 3.240 kWh de demanda anual.
El resultado es que el recibo reacciona con retraso y con menor intensidad que el pool, pero reacciona. Parte del alza de noviembre no responde al precio de esta semana, sino a las coberturas contratadas con meses de antelación a precios más altos. Eso explica que la moderación de las últimas jornadas aún no se haya notado en el importe acumulado.
Hay un factor adicional que conviene no perder de vista: el PVPC sigue siendo la puerta de entrada al bono social eléctrico. Cualquier hogar vulnerable que quiera acogerse a la protección tarifaria debe estar en esta tarifa regulada, de modo que el encarecimiento del pool golpea con más fuerza a quien menos margen tiene para cambiar de comercializadora.
El PVPC afronta su tercera prueba de fuego con el gas como juez
La crisis de 2021 y 2022 dejó un aprendizaje incómodo: en un sistema marginalista, el precio de la última tecnología que entra en el despacho fija el de todas las demás. España tiene hoy un parque renovable mucho mayor que entonces y, sin embargo, la factura vuelve a subir cuando el gas se encarece. La conclusión es que el problema no está en la cantidad de renovables instaladas, sino en las horas en que el gas sigue siendo imprescindible para cubrir la demanda.
La reforma del PVPC aprobada en 2024 se diseñó precisamente para eso: para que el recibo no se moviera al ritmo del pool en cada hora. Dos años después, el mecanismo funciona a medias. La parte vinculada a mercados a plazo ha amortiguado el golpe, pero no lo ha neutralizado, y la prima de riesgo que se incorpora a la fórmula traslada a la factura un coste que el consumidor percibe como opaco.
El riesgo evidente está en el calendario. Si el gas no cede antes de que arranque el invierno, las facturas de diciembre y enero podrían marcar nuevos máximos desde 2022 y reabrir el debate político sobre la tarifa regulada. La otra cara es que un invierno suave, con mucha renovable en el despacho y borrascas que abaraten la generación, podría devolver el recibo a la senda descendente con la misma rapidez con la que se ha encarecido.
Hay una contradicción de fondo que el sector no termina de resolver. El país presume de un mix eléctrico cada vez más limpio, pero el recibo del hogar sigue dependiendo de un combustible fósil que se importa y cuyo precio se decide en un tablero geopolítico. Mientras la vinculación al pool no baje del 55% actual, esa dependencia seguirá traduciéndose en euros cada mes.
El siguiente dato relevante llegará con el cierre de mes, cuando la CNMC publique el importe definitivo de noviembre y se compruebe si el alivio de las últimas jornadas recorta algunas décimas el acumulado. Después, la mirada se irá a la factura de diciembre, la primera que se calculará con la demanda de invierno plenamente instalada. Si el gas no afloja, el debate sobre quién paga la volatilidad volverá al primer plano.




