Los dos años más importantes para los accionistas del Banco Popular son 2020 y 2021, pero el que viene será clave. En junio de este año se cumplieron tres años desde que el Banco Santander compró al Popular por 1 euro después de que la Junta Única de Resolución (JUR) decidiese la resolución de la entidad. De manera que también en junio, acababa el plazo de reclamación para los accionistas, pero no de todos.
“Hay que diferenciar entre las acciones adquiridas en la ampliación de capital de 2012 y 2016, y las acciones adquiridas fuera de las mismas, esto es, en el mercado secundario. Por eso el plazo para reclamar es diferente, explican desde Rua Abogados.
Para los primeros el plazo es de cuatro años y para los segundos, de tres. Ambos plazos comienzan a correr desde que los afectados tuvieron conocimiento de que la información de la entidad no reflejaba su imagen fiel, y esto fue el 7 de junio de 2017. Es decir, el pasado mes de junio prescribían las principales acciones a ejercitar o la opción de interrumpir la prescripción. Pero la situación excepcional como consecuencia del coronavirus suspendió todos los plazos de prescripción y caducidad. Y la fecha límite se amplió hasta el 28 de agosto.
HAY MÁS OPCIONES
“Agosto fue una locura, muchos accionistas apuraron hasta el último día y tuvieron problemas porque les faltaba documentación” comentan desde el despacho, que optó por que los afectados enviaran un escrito de reclamación a la entidad (en este caso, el Banco Santander) y así poder interrumpir la prescripción. La ventaja de elegir esta opción es que después “pueden reclamar en cualquier momento”, pues las acciones de la ampliación no están caducadas.
Los que no llegaron, también tienen opción de recuperar su inversión, pues “cabe la posibilidad de discutir y debatir cuando empieza el plazo de los tres años”, argumentan. En este sentido, desde Asufin explican que también se pueden exigir reclamaciones por daños y perjuicios, fundamentadas en el artículo 1101 del Código Civil que regula la responsabilidad contractual.
Para este tipo de reclamación judicial, “el plazo de prescripción es más dilatado, puesto que es de cinco años, a excepción de Cataluña , donde la prescripción es de 10 años”. En este caso también el punto de inicio es la fecha de resolución de Banco Popular y, por tanto, los accionistas perjudicados que en su momento acudieron al mercado secundario siguen estando a tiempo de plantear sus reclamaciones.
Con todo, la mayoría de los accionistas perjudicados por la resolución de Banco Popular no adquirieron sus acciones en este mercado, sino que acudieron directamente a las emisiones y ampliaciones de capital instadas por la propia entidad.
2021, EL AÑO CLAVE
El año que viene será clave pues aquellos accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2012 y 2016. Según la ley del Mercado de Valores, el plazo de reclamación para ellos es de cuatro años, pero sumando los 82 días de la suspensión por el estado de alarma, el plazo se alarga hasta agosto de 2021.
En opinión de Rua Abogados, la opción con más garantías para los afectados que no han iniciado sus reclamaciones y están indecisos es interrumpir la prescripción. Y esto se hace al iniciar una reclamación ante los tribunales o presentando una reclamación extrajudicial, aclarando qué cantidad y títulos tenían. “El tiempo apremia y si no inician reclamaciones, al menos que conserven el derecho a reclamar”. Si optan por esta opción, vuelven a contar con otros tres años.
Desde el despacho creen que hay esperanza, fue de los que más tardó en presentar demandas. De hecho, no fue hasta 2019 cuando arrancaron porque la información del Banco de España o la CNMV en relación al banco “salía a cuentagotas”. Pero desde entonces, su índice de éxito “es de más del 90%”.
EL SANTANDER SE RESISTE
De los 300.000 accionistas afectados, asesoran a 10.000 aunque no todos han optado por denunciar, “muchos quieren esperar y lo han pospuesto”. De momento, sus expectativas son buenas, tienen sentencias que anulan las compras hechas el último día y la última semana antes de quebrar, que es donde más se dudaba.
Hasta ahora, la respuesta de la justicia “es satisfactoria” y confían en que así seguirá con las reclamaciones que presentaron entre junio y el agosto (más de 3.000). Además, entienden que tendrá una respuesta en poco tiempo. En concreto, entre 6 y 9 meses pueden tener una solución en primera instancia (que no es firme).
“Es cierto que el Santander está reclamando todas, y hay que esperar un año más a que se pronuncie la Audiencia Provincial de Madrid, (donde acaban la mayoría) o la que corresponda. Es decir, entre final de año y el primer semestre de 2021 habrá bastantes sentencias de audiencias provinciales de toda España que esperan sean favorables. A cierre de agosto Rua Abogados ya habían reclamado más 100 millones de euros y esperan recuperar la máxima inversión.
