El Gobierno central reclama información a Alcoa y Parter sobre el grado de cumplimiento del acuerdo venta alcanzado en 2019 de las plantas de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés.
Según explica el presidente del comité de Alu Ibérica de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, el Ministerio ha trasladado en la mesa industrial de esta tarde que requerirá esta información para «esclarecer» lo sucedido en esta operación, después de que el fondo suizo Parter –que compró en su día las antiguas plantas de Alcoa– revendiese durante el estado de alarma las factorías a Grupo Industrial Riesgo.
En un comunicado, el propio Ministerio de Industria informa de que va a iniciar el procedimiento para requerir a los propietarios información que «justifique el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento del empleo», ya que son necesarios para poder recibir las ayudas relativas al dióxido de carbono (CO2).
A este respecto, López Corbacho explica que el Ministerio quiere «documentar el grado de cumplimiento» de los acuerdos, por lo que también demanda las cuentas de las fábricas relativas a 2018 –que corresponden a Alcoa– y de 2019 –de Parter–, pues si existen infracciones se reclamará «la devolución» de las compensaciones.
Ahora, el Gobierno da «25 días de margen» a las empresas para que aporten estos informes y, a partir de ahí, proceder a una «investigación» de lo sucedido, sostiene el representante de los trabajadores. Posteriormente, habrá una nueva reunión de la mesa industrial.
Y es que el presidente del comité de empresa denuncia que «nadie cumplió aquí», por ello llama a que se haga una auditoría a fondo, puesto que hay «mucho que aclarar» sobre una operación de reventa de Parter a Grupo Industrial Riesgo en la que ve muchas sombras.
Sobre la propia mesa industrial de este jueves, en la que sí han estado representantes de Parter, López Corbacho censura que no acudiese nadie de Alcoa, que «sigue haciendo lo que le da la gana», «viviendo a sus anchas cerrando empresas y sin que nadie la mete en cintura».
COMPROMISO CON MARCO ENERGÉTICO
Por su parte, el Ministerio de Industria ha mostrado su «compromiso a seguir trabajando en el desarrollo de un marco energético estable y predecible», con instrumentos como una subasta de energía renovable y el estatuto del consumidor electrointensivo, entre otras medidas.
El Ministerio también insta a los Gobiernos autonómicos de Galicia y Asturias a que «actúen en todos aquellos aspectos de carácter laboral, medioambiental y de seguridad industrial que sean necesarios para garantizar el desarrollo de la actividad» en las plantas.
LA XUNTA DEMANDA UNA AUDITORÍA
Por su parte, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha emplazado al Gobierno central a que vele por el cumplimiento del acuerdo alcanzado hace un año para la venta de la planta de A Coruña.
En un comunicado tras el encuentro, Conde ha criticado que el Gobierno «no presentó garantías sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos hace un año por Alcoa y Parter».
Por ello, emplaza al Ejecutivo central a que aclare los interrogantes alrededor de la nueva venta durante el estado de alarma a Grupo Industrial Riesgo para conocer su contenido y alcance. En este sentido, requiere una auditoría técnica y financiera para verificar la realidad contable, patrimonial y de tesorería de la empresa y el estado de las instalaciones.
Al igual que en el caso de Alcoa San Cibrao, Conde defiende que se tomen medidas de carácter urgente más allá de los contratos bilaterales que tendrán un efecto a medio y largo plazo.
Trasladamos el compromiso de la Xunta de apoyar el desarrollo de un plan industrial a través de inversión y formación garantizando la modernización de la planta y también la necesidad de que se apruebe el estatuto, ya que es la única garantía para que Alu Ibérica pueda producir aluminio primario y pueda mantener la totalidad de los puestos de trabajo», apunta.
