La gota que ha colmado el vaso en el negocio renovable español. Y, en esta ocasión, todo apunta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Como ya pasara años atrás, el principal enemigo para el progreso de dichas tecnologías hay que buscarlo en las instituciones públicas españolas. Así, el descontento de los promotores y empresarios del sector ha crecido con fuerza en las últimas semanas, señalan fuentes de mercado. La razón es que el organismo regulador sigue dando largas a las peticiones, que ya son muchas, para incrementar los recursos destinados a desencallar el nudo que afecta al sector.
El problema empezó muchos meses atrás. La posibilidad de hacer dinero fácil y las pocas garantías que se necesitaban para solicitar los derechos de acceso a la red provocó una avalancha de los mismos. Hasta el punto, que en el momento álgido se solicitaron cuatro veces más de MW renovables que el consumo eléctrico de todo el país. Lo anterior provocó un endurecimiento de las condiciones que, a su vez, se tradujo en un incremento importante en el número de reclamaciones. Con ello, los empleados de Competencia que se dedican a revisar los casos han visto como el número no solo ha crecido de forma dramática, sino que lo sigue haciendo a buen ritmo.
Para entender el fuerte descontento del sector, lo mejor es poner números sobre la mesa. En la actualidad, el equipo que gestiona las reclamaciones de los promotores de parques renovables cuenta con apenas cinco personas. Hasta estos últimos meses, se enfrentaban a una media de tres reclamaciones por mes. Todo cambia después de verano, hasta tal punto que en la actualidad hay más de 150 solicitudes sin resolver. El trabajo de varios años y subiendo.
Pese a todo, el Ministerio de Hacienda, organismo estatal del que depende la CNMC, no ha creído necesario aumentar el número de trabajadores dedicados a ello. En realidad, ni de éste ni de ningún otro, puesto que pese a que ha ganado más responsabilidades (como en materia energética) el número de empleados apenas se ha incrementado en poco más de 40 plazas desde su creación en 2013.
El resultado ha sido el de generar dos grandes problemas: por un lado, que el tapón sea cada vez mayor; lo que aumenta el descontento entre los empresarios. Por otro lado, que la carga de trabajo sea tan alta que los empleados estén completamente desbordados, hasta el punto de comunicar problemas laborales. Aunque desde la compañía desmienten a MERCA2 dicho extremo.
“ESTO ES VERGONZOSO”
«No se puede querer ser un líder mundial en el desarrollo de las energías renovables, y luego tener todo paralizado por no querer dar más recursos», exclama un directivo de un importante grupo desarrollador renovable. «La situación es vergonzosa», apostilla otro alto ejecutivo del sector de una firma solar. Y es que a medida que el tapón, lo que lleva a una mayor parálisis, se hace más grande los inversores pierden la paciencia. Más si cabe, después de que Red Eléctrica, el otro gran agente involucrado, sí haya decidido reforzar el equipo destinado a poner una solución rápida a la actual situación.
Además, también afecta al volumen de la inversión, puesto que el colapso obliga a que muchas de las que se iban a realizar nunca lleguen o directamente salgan hacía el extranjero. «Es una irresponsabilidad tener parado un sector que está moviendo miles de millones», advierten fuentes financieras.
De hecho, el descontento, y la poca paciencia, ha llevado a que grandes compañías estén trabajando en proyectos fuera de España. Uno de los últimos en llegar, Repsol, decidió establecer una ruta de acción alternativa (que incluía la puesta en marcha de parques fuera de España) en el caso de que la situación no se desencalle en tiempo y forma. Por su parte, las grandes eléctricas están maniobrando para saltarse dicho nudo y quedarse con los puntos de conexión de las centrales que cierren en los próximos años.
LAS LIMITACIONES DE LA CNMC
La falta de personal es un tema manido en la CNMC. Así, el número de trabajadores ha crecido muy poco en los últimos años. En 2015, mantenía 492 empleados en plantilla que se dividían en 189 funcionarios y 303 laborales, mientras que la última memoria disponible señala que hay 512 empleados. De los cuales, 192 son funcionarios (apenas cuatro más) y el resto, 319, son laborales. Apenas 10 plazas más por año, pese a que ha tenido que asumir capacidades adicionales a medida que los sectores supervisados crecían como energía o telecomunicaciones.
El incremento principalmente se ha debido a los nuevos técnicos, con una relación laboral, que se han ido incrementando, ya que han pasado de los 151 en 2015 a los 180 de 2018. También ha sido notable el crecimiento en el número de directivos al pasar de 10 a 17 en apenas tres años. Por su parte, la fuerza laboral tanto de administrativos como Jefes de Área ha descendido. En el caso de aquellos empleados con estatus de funcionario no ha variado prácticamente, salvo cuatro adiciones con estatus de A1 que son aquellos con funciones directivas, de control, estudio e inspección.
