La primera reunión con los sindicatos ha servido para que el Banco Santander insista en la necesidad de realizar la última fase de reorganización sobre su red, una vez que se produzca la integración tecnológica de Banco Popular. El objetivo es «eliminar redundancias» y abordar retos de transformación digital.
Así lo ha trasladado la entidad presidida por Ana Botín en la primera reunión con sindicatos celebrada este miércoles, en el marco de la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a más de 3.000 empleados. La próxima reunión ha quedado fijada para el próximo martes 14 de mayo.
Las cifras correspondientes al número de trabajadores y oficinas que se verán afectados aún no son oficiales, mientras que el Santander ha indicado que el procedimiento se articulará con arreglo a lo recogido en el articulo 12 del Convenio Colectivo de Banca.
Este convenio recoge los criterios y procedimientos en procesos de reordenación a través de medidas de flexibilidad interna y acuerdos negociados con los sindicatos.
UN ACUERDO EN LAS MEJORES CONDICIONES
En este sentido, CCOO, que contará con cinco personas en la mesa negociadora que se conformará para defender el empleo y las mejores condiciones posibles, ha dicho que el acuerdo debe contemplar prejubilaciones con una dotación económica «suficiente» que aporte estabilidad y garantía a medio plazo para los excedentes.
«Esto debería permitir que salgan de manera ordenada y sin tensiones», ha remarcado el sindicato, añadiendo que el Santander se debe comprometer con la plantilla que siga en el banco a afrontar su formación y recualificación profesional.
De su lado, UGT ha insistido en que la plantilla no puede seguir asumiendo el mayor coste en todos estos procesos, constatando que existen otras soluciones alternativas como las que se aplicaban antes de la reforma laboral.
En concreto, el sindicato se ha referido a acuerdos sociales de prejubilación a largo plazo que permitan la adaptación necesaria a los tiempos.
