El pasado 21 de diciembre de 2018, el representante legal y presidente de Comapa, Blai Parés, compareció en calidad de investigado por su implicación en una trama de empresas que manipulaban jamones y lomos mezclados con fecha de caducidad pasada y origen desconocido. MERCA2 ha tenido acceso a dicha declaración en la que la compañía lo negó prácticamente todo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra (Badajoz).
El juez del caso –que sustituye a la jueza inicial– explica en su intervención al presidente de uno de los principales proveedores de Carrefour que su empresa “está implicada en un delito contra la salud pública por unos productos a punto de caducar o caducados que ha generado una cierta podredumbre”, para después preguntarle por su relación con el resto de empresas implicadas.
En los 11 minutos que dura la declaración el representante de Comapa niega su relación con Valle de los Valfríos, Sarymar, Cash la Temporada, Porkytrans y Agropecuaria Campoverde. Se trata de cinco de las 30 empresas investigadas por un delito contra la salud pública. Cárnicas Jamontanchez, Iberlinares, Only Spain, Cárnicas Sierradulce, Dehesa Etiqueta Negra, Jamones Nicolau, Jamones Oro de Granada o Productos Vel-Per, son otras de las compañías investigadas junto a estas.
Lo curioso es que varios documentos y facturas publicadas en ‘Economía Digital’ demuestran que si existía relación entre Comapa y dos de las empresas implicadas: Cash la Temporada y Valle de los Valfríos.
Por otro lado, a las preguntas de los letrados de Cash la Temporada o de la propia Comapa, el presidente, cuyo cargo alegó ser institucional, aseguró que un jamón ibérico “si se deja en condiciones óptimas no tiene fecha de caducidad”, tal y como avanzo ‘El Confidencial. También defendió que “un jamón en frío y bien conservado podría durar años y años sin hacer daño a las personas por su consumo”. Los expertos en esta materia confirman que no es del todo cierto. De hecho, los productos que la empresa comercializa llevan su fecha de caducidad incluida.
En su defensa, la compañía ha asegurado a MERCA2 que «la aparición de productos identificados con el etiquetado asociado al nombre de la compañía o alguna de sus marcas en el contexto de la investigación sobre presuntos fraudes en productos curados, solamente puede deberse a la utilización indebida de sus productos o etiquetas por parte de terceros en contra de a la voluntad de nuestra compañía, y con nuestro absoluto desconocimiento». También alegan que han puesto todos los medios para colaborar con la investigación en el esclarecimiento de unos hechos.
Comapa es una de las mayores distribuidoras de productos cárnicos de España y principal proveedor de Carrefour. De hecho, en su declaración certifica que provee a la distribuidora francesa, pero también a Eroski, Consum o Ahorramas, entre otras.
Además, en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento. Tanto que sus ventas han aumentado de los 34,1 millones de euros en 2009 a los 451,7 millones de euros en 2017, según las cuentas del Registro Mercantil recogidas por Insightview. Es decir, se han multiplicado por 13. Su beneficio también ha registrado crecidas. En 2009 apenas superaba el medio millón. Y en 2017 cerró con 18,1 millones de euros.
INVESTIGACIONES EN BADAJOZ Y VALENCIA
Esta investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil, aún está abierta. Se destapó en agosto de 2017, cuando la máxima autoridad sanitaria de la Junta de Extremadura dio la voz de alarma al encontrar cerca de 300.000 kilos de productos cárnicos mezclados con restos de excrementos de rata, con fecha de caducidad pasada y origen desconocido, sin documentación y etiquetados con un número de registro sanitario falso. Así lo explicó el perito ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra (Badajoz) realizada el pasado 23 de marzo de 2018.
Durante casi 70 minutos de declaración, el perito alerta en varias ocasiones del riesgo sanitario que supone reenvasar y etiquetar productos caducados y no aptos para el consumo humano llegando a elevar los peligros a niveles extremos tales como contraer la salmonella al consumir este tipo de jamones o lomos o incluso llegar a sufrir aborto en el caso de las mujeres embarazadas.
Esta investigación se suma a la de la Comunidad Valenciana con la inmovilización el pasado verano de más de 100 toneladas de productos cárnicos, en su mayoría jamones, almacenados en el interior de dos naves pertenecientes a un establecimiento ubicado en Alzira, carente de autorización sanitaria, y sin inscripción en el Registro General Sanitario de Industrias Alimentarias y Alimento.
Fruto de ella se retiraron marcas comerciales como Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita. Ante este escándalo, Carrefour retiró esta última marca, pero sigue manteniendo productos de Copama como Sierra de la Alpujarra. En verano las sedes de Comapa y otras empresas fueron registradas por la Guardia Civil en el marco de esta investigación. Según la compañía no se incautó nada ni se han producido nuevos registros.
La operación policial se sigue desarrollando, ya que la citada empresa tiene vinculación con otros almacenes de la Comunidad Valenciana y de otras Comunidades autónomas (Castilla y León, Cataluña, Madrid y Andalucía).
En este caso, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) determinó que se trataba de una “situación ilegal”, en la que existía una falta de trazabilidad y no era posible determinar con exactitud el origen y destino de los productos inmovilizados.
