El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene motivos para estar contento. Pero no es el único. Todos los opositores de España respiran aliviados ante la última decisión judicial, que da vía libre a la oferta de empleo público. Una denuncia y un ERE de la administración habían puesto en peligro las plazas para este año 2018.
La guerra entre los interinos y el Gobierno continúa. Una batalla que por el momento gana el Ejecutivo Central. Montoro planea un ERE encubierto que afecta a más de 700.000 empleados temporales de la administración. Pero los interinos no se han quedado de brazos cruzados. Y aunque no todos, muchos han plantado batalla legal a la administración.
Por este motivo, los interinos y laborales a través de Manuel Martos, abogado y actual presidente de ANIL -asociación que defiende los derechos de estos-, interpusieron una denuncia contra el Gobierno de Mariano Rajoy y contra los sindicatos -CCOO, U.G.T y C.S.I.F-.
La Audiencia Nacional admitió la demanda contra el Acuerdo de 27 de marzo de 2017, conocido como el ‘acuerdazo’. Según Martos y sus clientes este pacto atenta a las normas europeas y a las propias sentencias que se han empezado dar con respecto al fraude en la contratación.
Lo interesante de la demanda interpuesta por los empleados temporales de la Administración eran las medidas cautelares solicitadas. Entre ellas, Martos pedía paralizar toda la oferta de empleo público programada para este 2018. Esto supondría un grave contratiempo para la Administración Pública que lanzó una oferta de más de 8.000 puestos para este año 2018. De ellas, 6.024 plazas serán de acceso libre, 1.664 de promoción interna y 422 de acceso a relación de servicios permanente.
Esta denuncia generó un gran revuelo mediático y crispó los nervios de la Administración. Este año 2018 es clave para el gobierno. El Partido Popular sabe que no hay mejor propaganda que el generar trabajo. Por este motivo, el lote de oferta de empleo público lanzado se presentaba como importante de caras a las próximas elecciones autonómicas del año 2019 y las generales del año 2020.
La noticia de la posible paralización de las plazas no sólo puso en jaque al propio Gobierno Central. Los miles de opositores que hay en España también temblaron ante el riesgo de no poder presentarse a las posiciones.
Pero de momento, estos últimos y Montoro pueden respirar aliviados. La Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que desestima las medidas cautelares planteadas por los interinos y laborales. Esto significa que la oferta de empleo público sigue su curso normal. Por ende, las academias que preparan a los opositores también han celebrado la noticia, aunque lo cierto es que la mayoría nunca habían creído en la denuncia interpuesta por ANIL.
De todos modos, este ERE encubierto, la denuncia y las medidas cautelares han levantado ampollas entre los opositores y los interinos. De hecho, entre los primero han nacido varias voces críticas.
«Conozco muchos interinos que llevan más de 10 y 15 años presentándose al examen ( porque es requisito indispensable para que te vuelvan a nombrar) firman y se levantan a los 10 minutos. No sin antes jactarse de todos los demás que si que hemos estudiado», afirmó una opositora a MERCA2, cuando este medio publicó la noticia de la posible paralización de la oferta de empleo público.
Pero también está el otro punto de vista, el de los interinos. En este sentido, Martos denuncia la indefensión de muchos de sus representados. “Tengo un interino en Granada con más de 30 años en el puesto. Además de obligarle a aprobar las oposiciones se le limita a diez años la experiencia y la nota del examen cuenta un 60%. Por lo tanto, ¿dónde está la ventaja? “, se preguntaba Martos hace un mes en MERCA2.
MONTORO YA HA HECHO SUS CÁLCULOS
El Gobierno ya ha hecho un primer cálculo de lo que pueden costar las indemnizaciones del ERE encubierto. Y la conclusión es que si las reclamaciones no son muchas al Ejecutivo puede sopesar la rentabilidad de las mismas en términos macroeconómicos. Las previsiones apuntan a que en dos años se habría amortizado el gasto. “Ciertamente si todos reclamaran el problema sería otro, pero hasta el 17 de mayo de 2018 no han sido conscientes de la importancia y transcendencia social del tema comprometiéndose a crear mesas de estudio”, afirma Martos.
