La transición energética que deben abordar todos los países con el objetivo de generar menos emisiones contaminantes no será sencilla. Al margen de los marcos regulatorios comunitarios, como el caso europeo, cada país debe mojarse a la hora de abordar cómo gestionar dicha transición. Aunque es tan complejo, que hasta los expertos entran en conflictos con su argumentación.
Es el caso de la Fundación Faes que preside el expresidente del Gobierno José María Aznar. El think tank conservador ha realizado un informe que lleva por título ‘Claves de éxito en la transición energética’ en el que defiende el aumento de ayudas públicas para gestionar los problemas de eficiencia energética en las viviendas particulares; y a su vez se muestra beligerante contra la carga impositiva del sector.
De este modo, Faes mezcla peras y manzanas como ya hizo célebre la mujer de Aznar. Las ayudas públicas con peticiones de baja fiscalidad deja en una situación complicada al Gobierno. ¿Cómo generar ayudas públicas si se bajan los impuestos a las empresas? ¿O es que la sugerencia es subírselo a las personas físicas?
Según el informe, una parte muy relevante del consumo energético “está ligada a la eficiencia de los electrodomésticos”. En este sentido, asumen, el etiquetado energético en origen de los distintos electrodomésticos juega un papel fundamental.
Sin embargo, y aquí es donde viene el problema, sostiene que “una transformación rápida de la demanda tiene dos condicionantes que no pueden ignorarse y que pueden condicionar el ritmo de cambio”. El primero son los hábitos de consumo, que tienen un componente inelástico, asociado a las horas de presencia en vivienda o centros de trabajo, gestionable solo hasta cierto punto mediante tecnologías de control remoto o programadores de consumo.
El segundo es la renta, que condiciona el acceso a aparatos eficientes, el desarrollo de soluciones de autoconsumo o las decisiones de inversión (cambio de automóvil, renovación de electrodomésticos, inversión en mejoras de aislamiento térmico).
Los requisitos de eficiencia cada vez más exigentes en el Código Técnico de Edificación contribuyen a este objetivo. Así, la mejora en aislamiento de edificios, cambio de sistemas de iluminación por sistemas más eficientes, las placas solares para agua caliente sanitaria (ACS) o las bombas de calor, etc., exigen una inversión relevante. Ante esto, lo que aconseja Faes de manera directa es “la introducción de esquemas de ayudas e incentivos públicos”.
Difícil encaje de bolillos
Avanzando en el informe, llega el momento liberal. Turno para exigir una mayor flexibilidad fiscal para las empresas. De este modo, desde Faes piden que no se aumente la presión fiscal; y, sobre todo, que se aligere en el sector energético.
Por otra parte, añaden desde la fundación, “la revisión de la fiscalidad debería incluir la eliminación de las cargas parafiscales, (…), que se incluyen en la tarifa eléctrica, pues encarecen artificialmente el precio final de la electricidad”.
Las peras y las manzanas territoriales
Por si fuera poca la contradicción de una petición en la reducción de impuestos, y a su vez el consejo de fomentar ayudas públicas; la gestión territorial que plantea Faes tampoco queda muy clara.
De este modo, advierten de que “la factibilidad, el coste y el impacto real de muchas de estas soluciones [sobre eficiencia energética] dependen de las condiciones climáticas de cada región, de las horas de irradiación solar y de las necesidades de calefacción. Todo esto hace que no se pueda diseñar una solución única técnicamente eficiente en todo el territorio. Por ello, es conveniente que estos proyectos se acompañen de un análisis de coste-beneficio, para determinar la factibilidad y los ritmos de implantación de las soluciones”.
Así, resulta raro que, tras reconocer la complejidad territorial para establecer una estratégica única, Faes sostenga que “en nuestro país, la situación de dispersión competencial, conflictividad jurídica crónica, tensión entre los órganos con potestades regulatorias y obstáculos en el normal proceso de interlocución entre los diferentes actores, hace muy difícil pensar en que pueda acometerse un proceso de esta naturaleza y de este alcance en el actual marco institucional”.
Es decir, aconseja hacer cosas que, unas líneas después, reconoce que son un obstáculo en sí mismas. Por lo tanto, por qué no se plantea un informe sobre una línea real de actuaciones. ¿Qué busca Faes con este tipo de informes donde propone y despropone lo mismo?
