El presidente Donald Trump planea poner fin a un programa de la era Obama que impide la deportación de inmigrantes ilegales llevados a los Estados Unidos cuando eran niños, poniendo en el limbo a cerca de un millón de personas que se consideran estadounidenses.
Trump retrasará el fin del programa Acción Diferida de los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), durante meses con la esperanza de que el Congreso apruebe una legislación para permitir a los afectados permanecer en el país a través de una nueva base legal. Una fuente ligada a esta decisión dijo que el período de gracia sería de seis meses.
Líderes empresariales y legisladores de ambas partes han advertido al mandatario norteamericano que poner fin al programa tendría consecuencias económicas y sociales. Algunos republicanos, incluyendo el presidente de la Cámara, Paul Ryan, dijeron que si bien no están de acuerdo con la acción ejecutiva que comenzó con esta política, al Congreso le corresponde una acción permanente.
La senadora Lindsey Graham, republicana de Carolina del Sur, dijo este lunes que Barack Obama se extralimitó, pero que los inmigrantes que protege la legislación “no conocen ningún otro país que no sean los Estados Unidos”.
“Si el presidente Donald Trump toma esta decisión, trabajaremos para encontrar una solución legislativa al dilema”, expresó en un comunicado.
Apoyo político
Lo cierto es que las encuestas muestran que la gran mayoría de los estadounidenses creen que los inmigrantes protegidos por DACA deben ser autorizados a permanecer en Norteamérica.
Durante su campaña en el año 2016, Trump describió a este programa como inconstitucional” y prometió terminarlo en su primer día en el cargo. Desde que asumió el poder, sin embargo, ha hablado con amabilidad a los beneficiarios del plan y su administración ha concedido miles de nuevos permisos a los llamados “Soñadores”.
La Ley del Sueño de 2017, que pretende reglamentar partes del programa DACA, y la Ley de Puentes, que busca extender esta protección durante tres años
Los procuradores de 10 estados amenazaron con una demanda si el programa se extiende más allá del 5 de septiembre, creando un plazo político para que Donald Trump tome una decisión sobre DACA.
Nancy Pelosi, líder de la cámara minoritaria, describió la decisión de terminar con DACA como un “cruel acto de cobardía política” por parte de Trump e instó a elaborar una solución legislativa.
“El Congreso debe moverse inmediatamente para proteger a estos valientes y patrióticos soñadores”, expresó Pelosi mediante un comunicado. “Los republicanos de la Cámara deben unirse a los demócratas y aprobar una legislación para salvaguardar a nuestros jóvenes de la crueldad sin sentido de la deportación y proteger a las familias de la separación”.
Hay algunas propuestas legislativas, incluyendo dos proyectos de ley presentados por senadores republicanos. La Ley del Sueño de 2017, que pretende reglamentar partes del programa DACA, y la Ley de Puentes, que busca extender esta protección durante tres años para dar más tiempo a los legisladores y elaborar una solución permanente.
El Congreso teme que al incluir este tema se estanquen otras prioridades, como la reforma tributaria
El senador Thom Tillis, un republicano de Carolina del Norte, también planea introducir una medida que proteja a los jóvenes inmigrantes de la deportación durante cinco años si trabajan, buscan educación superior o sirven al ejército.
Crisis de tiempo
Pero el Congreso enfrenta una crisis en septiembre, ya que debe aprobar una legislación para financiar al Ejecutivo, autorizar más endeudamiento para la nación e incrementar el alivio para las víctimas del huracán Harvey. Los republicanos también han dicho que tienen hasta el 30 de septiembre para cambiar o derogar el Obamacare.
Si a esa apretada agenda se le añade un tema polémico, como los riesgos de la inmigración, se estancan otras prioridades, principalmente una revisión del código tributario estadounidense.
Lo cierto es que Trump se enfrenta a la presión de los conservadores y asesores externos para fusionar cualquier protección legislativa para este grupo con una reducción a la inmigración y controles más estrictos en la frontera. Eso podría reducir las posibilidades de llegar a un acuerdo bipartidista en el Congreso.
“Habrá un montón de miembros del Congreso buscando un programa de amnistía, pero incluirán sólo medidas de cumplimineto simbólico sin cortes en la inmigración”, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios políticos del Centro de Estudios de Inmigración, grupo que ha presionado para reducir la inmigración hacia los Estados Unidos.
Empleadores tendrían que despedir a cerca de 720.000 trabajadores y adiestrar a sus reemplazos
Alrededor de 800.000 inmigrantes entraron ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños y han recibido permisos de trabajo renovables cada dos años bajo DACA y están protegidos contra la deportación. Los beneficiarios se someten a una verificación de antecedentes y certifican que no fueron condenados por delitos graves.
Poner punto y final al programa costaría 6.300 millones de dólares (5.200 millones de euros) a los empleadores por despedir a cerca de 720.000 trabajadores y adiestrar a sus reemplazos, según un informe de David Bier del Instituto Cato. Más de 350 ejecutivos de las principales compañías firmaron una carta al mandatario instándole a preservar las protecciones.
Advertencia de Obama
Obama, que inició este programa en el año 2012, dijo que se sentiría obligado a involucrarse en el debate si Trump lo finaliza y comienza a deportar a las personas llevadas a los Estados Unidos como niños. “Castigar arbitrariamente a esos niños, cuando no hicieron nada malo, sería algo que mereciera mi presencia”, dijo Obama en enero pasado.
En junio, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que pondría fin al programa Acción Diferida para Padres de los Americanos, o DAPA por sus siglas en inglés, que protegió de la deportación a cinco millones de inmigrantes indocumentados cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses. El programa de la era Obama nunca entró en vigor después de que un tribunal de Texas lo bloqueó.
Texas ha liderado el desafío hacia DACA. En una carta del 29 de junio al Procurador General, Jeff Sessions, los 10 abogados generales del estado dijeron que presentarían una demanda contra el programa en la corte regional para bloquear las protecciones de deportación para los padres de los ciudadanos.
Margaret Talev, Toluse Olorunnipa y Anna Edgerton para Bloomberg.
