La caída de la cadena de moda Blanco será juzgada en la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno considera que hay elementos suficientes como para investigar si se cometieron diversos delitos durante la gestión del grupo de moda saudí Al Hokair (propietaria última de la firma). Así que ha decidido abrir diligencias y llamar a declarar a los exresponsables de la cadena: su consejo de administración en pleno, con Simon Marshall, Masoud Mohammmad Husesien y Gerard Water; así como el CEO, Nuno Ribeiro.
Una vez declaren, el magistrado tendrá que decidir si continúa adelante en la investigación de los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible o alzamiento de bienes. Es lo que se solicita en una querella presentada el pasado mes de diciembre en los juzgados de Alcorcón, que optaron por inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. En ella, y según ha tenido acceso Merca2, se relata cómo tras la compra de Blanco por el grupo Al Hokair, comenzó todo un proceso para dejar caer la compañía con un único objetivo: hacerse con la marca -que operaba en los países árabes en régimen de franquicia-.
Los hechos se remontan al año 2013 cuando el grupo Maemoda, en manos de sus fundadores, declararon el concurso. En aquel entonces el administrador optó por la venta al Grupo Al Hokair. Una compra que se hizo en dos partes: por un lado las marcas, que fueron vendidas a Far East Fashion (de la misma corporación); y por el otro, la parte productiva que se hizo a través de la sociedad instrumental Global Leiva, S.L. fundada al efecto con un capital social ligeramente superior a los 3.600 euros.
Una situación que hizo que la compañía naciera «en situación de desequilibrio patrimonial», según reza la querella, dado que las deudas de Blanco eran muy superiores. Muestra de ello, aseguran, es que en meses posteriores tuvo que ser respaldada por Al Hokair con dos préstamos participativos: uno de 12 millones de euros el 20 de diciembre de 2013, y otro de 33 millones de euros semanas después. Lo que remató por completo la sociedad, al hacer aumentar los costes financieros. Así, el abogado que presenta la querella, destaca que estos últimos pasaron de 476.536 euros en 2014 a 790.000 un año más tarde.
Sin embargo, el negocio de la compañía no terminaba de despegar. Así que el 21 de marzo de 2015 Global Leiva presenta un Expediente de Regulación de Empleo para más de 200 trabajadores. Estaba basado en los malos resultados económicos, así como en el elevado endeudamiento de la compañía. Comienza lo que la querella denomina como «la desconexión de Al Hokair» en la que se intenta separar al grupo saudí del negocio en España.
Argullen para esa ‘desconexión’ que son empresas independientes, aunque hay pruebas sobradas de que el Consejo de Dirección y el CEO fueron nombrados directamente por la compañía saudí. Y por si fuera poco, «la mayor parte de ellos forman parte del Top Management» de Alhokair y «sus salarios son pagados directamente por la dirección de esa compañía».
Ante la imposibilidad de mejorar las cuentas, el grupo saudí decidió en 2016 vender Global Leiva; es decir, la parte productiva de Blanco. Lo hizo al fondo AC Modus que, según se denuncia, tiene en su consejo de administración a Fawaz Alhokair, el presidente del Grupo Alhokair. No sólo eso, es que en contra de lo publicado, que la venta fue por 83 millones de euros, se acreditan pruebas de que el importe desembolsado no llegaba a los 1,2 millones de euros, que fueron desembolsados en septiembre de ese mismo año. Sin embargo, y pese a la venta, la compañía no ha cambiado de administradores ni consejeros.
Posibles consecuencias
Todo un entramado empresarial que ahora tendrá que desenmarañar el juez Moreno, quien también tendrá que analizar posibles delitos contables puestos de relieve por EY durante las auditorías de 2014 y 2015. En juego hay muchas cosas, entre otras, la fianza solicitada de diez millones de euros para abonar posibles sentencias favorables; y la petición de prisión provisional para los administradores de Global Leiva.
El resto lo conocemos y lo hemos contado en Merca2. Tras la venta en 2016, a finales del año pasado la compañía presentó un concurso de acreedores, cerrando todas las tiendas y haciendo desaparecer la marca en España. Una marca que sigue siendo propiedad del grupo saudí a través de Far East Fashion, y que no ha querido venderla a los nuevos impulsores de la firma en nuestro país: New Blanco.
