La situación de Venezuela se complica minuto a minuto. Sobre la mesa tenemos ahora un embargo ‘político’ de Estados Unidos sobre el país, que afecta sobre todo a su presidente, Nicolás Maduro. Sin embargo, el temor de la comunidad internacional es que Donald Trump decida dar un paso más allá y declarar un férreo embargo económico, que lleve consigo un embargo petrolero. Una idea que no es descabellada, y que el Wall Street Journal (WSJ) ha llegado a plantear, citando a fuentes de la Casa Blanca.
Sería el extremo de las sanciones que se pueden aplicar contra el régimen de Nicolás Maduro, y que supondría -entre otras cosas- el que Estados Unidos deje de comprar 750.000 barriles diarios al país; hundiendo todavía más -si cabe- la deteriorada situación económica del país. Un ‘embargo’ que impactaría directamente contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que podría afectar también a Repsol, de la que es socia en Petroquiriquire.
Una alianza que se vio reforzara a finales de 2016 cuando Antonio Brufau y Josu Jon Imaz, presidente y CEO de Repsol respectivamente- decidieron dar una línea de crédito de algo más de 1.000 millones de euros a su participada en Venezuela. Una ayuda que aportaba los recursos necesarios para mantener con vida, aunque fuera artificial, a la compañía durante el próximo quinquenio.
Ahora bien, no es la única. Hay otras compañías como Cardón IV; Petrocarabobo; Quiriquire Gas… Con todas ellas mantiene algunas líneas de crédito, según reconoce la compañía en los últimos resultados. En total, la exposición al país asciende a los 2.114 millones de euros. Una cifra similar a la del cierre de 2016, algo que es «fundamental» para el director financiero de la petrolera, Miguel Martínez, quien reconoce ante analistas que la situación en el país es «crítica».
La inversión en Venezuela supone el 5% del total del grupo
De hecho, el acuerdo alcanzado con PDVSA se enmarca en la estrategia de la operadora para intentar recuperar sus inversiones en el país, y evitar así la prohibición de repatriar beneficios. De ahí que, según publicaba Expansión, los contratos adoptados permitieran ‘blindar’ las inversiones y garantizar que haya una cantidad de dinero derivada al pago de dividendos, inversiones de capital y otros gastos operativos.
La inversión de Repsol en el país supone el 5% del total; por lo que es «asumible» para el tamaño de Repsol según el propio CEO. Josu Jon Imaz que, además, ha asegurado en numerosas ocasiones su voluntad de permanecer en el país y de «estrechar» en la medida de lo posible las relaciones entre Pdvsa y Repsol.
Los planes siguen adelante
Ese interés por estar en el país viene motivado por la situación que ocupa Venezuela en el tablero del crudo mundial. Es e el segundo país con mayores reservas petroleras, por lo que estar ahí es un punto de ventaja para la española.
Por el momento, y salvo sorpresa de última hora, la petrolera sigue adelante con sus planes para 2018. En aquel entonces se pondrá en marcha la segunda fase del proyecto Perla, para explotar gas en aguas del golfo de Venezuela.
