Los regalos son uno de los elementos más escandalosos de las tramas de corrupción, desde la Púnica hasta Lezo, pasando por Gürtel, o los ERE de Andalucía. Los trajes de Francisco Camps, el bolso de Louis Vuitton a Rita Barberá, el Cartier de oro a Francisco Granados… A pesar de ello, y de la indignación que han provocado en cientos de empresas que ven cómo sus competidoras las superan con malas artes ‘untando’ a los politicos, la regulación sigue sin estar a la altura del desafío.
Según el último barómetro del CIS, de diciembre de 2017, la corrupción es el segundo problema más acuciante para los españoles, incluidos los empresarios. En paralelo, la mitad de los directivos consultados por la multinacional EY admite que la corrupción y los sobornos son habituales a la hora de hacer negocios en nuestro país. Para conseguir una buena oportunidad, el 28% estaría dispuesto a hacer pagos en metálico, el 24% ve con buenos ojos regalar entradas, y el 14% se decanta por los obsequios y los servicios.
Todo ello hace que los que, o no pueden, o no quieren ser solícitos con los cargos públicos, se queden, muchas veces, en desventaja. Así, no sólo se pueden estar penalizando las ideas más beneficiosas para los ciudadanos, sino también la integridad. Además, los empresarios, directivos y emprendedores que vean cómo favorecen a sus rivales mejor conectados se replantearán sus valores la próxima vez que compitan por una subvención, una ayuda o una concesión. Si ceden finalmente, descubrirán muy pronto que pagar o hacer regalos es un importante riesgo y sobrecoste que no garantiza el éxito.
La ley sólo prohibe los regalos que «superen los usos habituales, sociales o de cortesía». ¿Dónde está el límite?
En un contexto como éste, con una institución como el Consejo de Europa reclamando reformas contundentes públicamente desde 2014 y con el recuerdo vivo en la retina de los relojes de lujo, cabezas de toro disecadas, implantes de pelo y cruceros que han revelado las tramas corruptas, en 2018 parecería razonable esperar que existiera una regulación nacional a la altura de un desafío nacional. Y no existe.
El sudoku regional
Alba Gutiérrez, coordinadora de campañas e investigadora de la plataforma europea pro-transparencia Access Info, recuerda que, a nivel español, la ley sólo prohíbe los regalos que “superen los usos habituales, sociales o de cortesía (…) y los favores y servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. ¿Quién decide si los regalos o los servicios son inadmisibles? Los propios cargos públicos y, en casos extremos, los tribunales.
Precisamente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sostuvo el pasado mes de abril que las trece botellas del exclusivo vino Vega Sicilia (valoradas en más de 2.300 euros) que le había regalado un empresario al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en años sucesivos se ajustaban a los usos habituales y de cortesía. Eran, para el tribunal, unos regalos de “ínfimo valor” que representaban “un comportamiento no sujeto a reprobación social”.
Ante la vaguedad de una ley que beneficia a quien hace los regalos, los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas se han lanzado a desplegar sus propias normas. La consecuencia es un sudoku regional donde existen grandes diferencias tanto en la obligación de publicar los regalos como en el valor máximo que pueden alcanzar.
Para empezar, Rafael Camacho, consultor y experto en transparencia, recuerda que “hay comunidades autónomas, como la gallega y la valenciana, que publican automáticamente todos los regalos que reciben sus altos cargos, y otras, la mayoría, que no lo hacen”. Lo mismo se puede decir de los ayuntamientos y las diputaciones.
Los precios de los obsequios que pueden aceptarse también varían. Así, Camacho apunta que “en Galicia y Cataluña no deben superar los 150 y los 90 euros, respectivamente”, mientras que “en el ayuntamiento de Madrid el límite está en 50 euros, en Segovia en 30 euros y en Mérida sólo se admiten los obsequios entre autoridades”. Las instituciones provinciales pueden tener, igualmente, sus propios criterios: por ejemplo, la diputación de Orense ha puesto el tope de la cuantía de los regalos en 30 euros.
Los políticos y la falta de información
¿Cómo puede saber una empresa que sus competidores no han hecho regalos carísimos y excesivos? La única forma, si no se publican directamente como en Galicia y la Comunidad Valenciana, es pedírselos formalmente a la administración. Si se niega a dar la información, advierte el catedrático de Derecho Penal Joan Josep Queralt, “el Consejo de Transparencia acabará llevándola a los tribunales y los jueces deberán decidir”. Alba Gutiérrez, de Access Info, aclara que, si una administración pierde en los tribunales, “no puede haber más sanción que la condena a pagar las costas del juicio”. Y esas costas salen directamente del bolsillo de los ciudadanos.
De todos modos, para que la administración perdedora revele esos datos, es necesario que los tenga en primer lugar. No será fácil porque las agendas de los cargos no siempre se guardan (ahí podrían aparecer las comidas de lujo que no pagaron) y porque tampoco son habituales las inspecciones internas que controlen qué obsequios se reciben, a qué cenas, comidas o viajes invitan a los políticos, o si les regalan entradas fantásticas para asistir a grandes eventos culturales o deportivos.
Al mismo tiempo, Gutiérrez recuerda que “el Consejo de Transparencia no puede inspeccionar” y Rafael Camacho añade que “no suele haber inspecciones rigurosas ni en las declaraciones patrimoniales que hacen los diputados al principio y al final de la legislatura”. Y eso a pesar de que, en el último informe del Consejo de Europa, se exigía a los parlamentarios más transparencia sobre sus patrimonios, sobre los regalos que reciben, y sobre los viajes que les patrocinan.
Es verdad que, ante una sospecha de irregularidad, interviene la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda, y es posible que el Parlamento promulgue este año una norma que prevé una autoridad nacional que sí podrá investigar, supervisar y sancionar con regularidad. Sin embargo, ahora mismo, advierte Queralt, si no se aprecia delito, “el cargo público al que pillen sólo se enfrentará a un expediente disciplinario y, si la gente se entera, a su destitución”.
Todo ello quiere decir que la levedad de las sanciones, los pocos medios que existen para investigar los obsequios ilícitos, las dificultades para acceder a la información, el sudoku regional y la vaguedad de la ley nacional siguen perjudicando a los empresarios, emprendedores y directivos que, o no quieren, o no pueden ‘engrasar’ sus relaciones con los políticos ofreciéndoles unos regalos y servicios preferentes que sus votantes nunca aprobarían.
