Repsol sigue atrapada en Venezuela. La firma que preside Antonio Brufau ha reducido al mínimo, casi un 90%, su exposición patrimonial. También ha logrado soliviantar, en parte, la drástica caída de su producción de crudo en el país. Incluso, ha trabajado en distintas fórmulas legales para evitar las sanciones de Estados Unidos, aunque el cerco es cada vez más estrecho. Aun así, no ha conseguido librarse de los tentáculos del gobierno venezolano. Pero, ¿cuál es la razón que lleva a la petrolera a permanecer en la región? Al parecer, según apuntan fuentes del sector, se trata de que tiene abierta una línea de crédito a favor de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por 340 millones que no puede romper hasta 2021.
El origen del contrato se remonta a octubre de 2016 y el sujeto fue la firma mixta, en la que Repsol poseía un 40% de su accionariado, Petroquiriquire. La española puso a disposición de la compañía estatal venezolana de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares (unos 1.070 millones de euros) que debían servir para asegurar los recursos necesarios con el objetivo de duplicar la producción en dicho momento. Un acuerdo que ratificó «la confianza mutua» entre ambas compañías, explicó el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Finalmente, se estableció que la vigencia para usar dicha cantidad de dinero estaría vigente durante cinco años.
El acuerdo fue beneficioso en los primeros años, pero ha terminado siendo un lastre. Además, muy costoso, puesto que la propia petrolera española advierte de que «a 31 de diciembre de 2019, la disposición de dicha línea de crédito asciende a 831 millones de dólares (768 millones de euros)». Lo que significa que todavía quedan en el aire 342 millones de euros. Una cantidad de la que PDVSA puede seguir haciendo uso y que la liga a la española inexorablemente hasta octubre de 2021. La razón es que para afianzar la relación de “confianza” de la que hablaba Maduro se establecieron una serie de condiciones que ninguna podían romper o incumplir. Aunque se trata de un acuerdo privado y las cláusulas son secretas, según fuentes del sector una de ellas podría ser la obligación de permanecer con sus inversiones en el país.
Pero, la salida del entuerto o al menos la posibilidad de cerrar la puerta a la línea de crédito podría llegar antes. Repsol informa en sus cuentas que dicha fuente de financiación se podría cerrar en cualquier momento, siempre y cuando la firma estatal bolivariana incumpla con algunas de las condiciones exigidas por la española en el contrato: «La disposición de la línea de financiación queda sujeta al cumplimiento por Petroquiriquire y PDVSA, de determinadas condiciones suspensivas (…) así como los supuestos de incumplimiento y de aceleración o terminación anticipada habituales en este tipo de transacciones». Esto es, que un imprevisto como pueda ser un retraso en el pago en especie o que la producción caiga en exceso dejaría sin efecto el acuerdo.
REPSOL SE BLINDA ANTE NUEVOS IMPREVISTOS
Hasta el momento, la compañía siempre ha defendido su permanencia en el país desde el punto de vista estratégico. Tanto Brufau como el consejero delegado, Josu Jon Imaz, han explicado que pese a la delicada situación sus activos en el país tienen un gran valor, aunque los han dejado prácticamente a cero, y que es importante para ellos permanecer en el país con mayores reservas de petróleo mundiales. De hecho, la contraparte a la línea de crédito es el envío periódico de pagos en especie (en barriles de crudo) que posteriormente son tratados en las refinerías de la firma. También, recibe en forma de petróleo el pago de los dividendos por los beneficios de la compañía.
La eficacia de la fórmula, porque trabaja directamente con materias primas y evita el deterioro monetario que sufre el país, ha levantado las suspicacias de las autoridades norteamericanas en relación a las sanciones a los negocios en el país. Una situación de la que la petrolera española se defiende alegando que «la financiación otorgada (…) se rigen por la Ley del Estado de Nueva York«. También advierte, para seguridad de los inversores, que en el caso de existir disputas entre ambas partes «se someterán a arbitraje en París conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional».
UNA PÉRDIDA ACUMULADA SUPERIOR A LOS 2.000 MILLONES
El contrato para explotar la compañía Petroquiriquire se cerró en 2016, pero los problemas reales en el país llegaron algo más tarde. En aquel momento, la exposición patrimonial de Repsol a Venezuela ascendía a 2.273 millones de euros, ahora, las últimas cuentas de la compañía lo sitúan en los 239 millones. En total, son más de 2.000 millones los que ha volatilizado la compañía, supone un 90% de la cantidad inicial, y que no espera recuperar. Obviamente, el grueso de dicha cifra proviene principalmente de las líneas de financiación que extendió en el pasado a sus filiales, en las que comparte capital con PDVSA, bolivarianas.
Los contratos como los de Petroquiriquire han sido muy costosos para Repsol, aunque también han logrado, en cierta medida, frenar la sangría de la producción. En especial, las cláusulas de ejecución de los mismos. Así, en dichos años la caída de la extracción de petróleo apenas alcanzo el 28%, de los 77.000 en 2017 a los 55.000 en 2019, mientras que el desplome medio en el país ha sido casi del doble. Por ello, todavía en Repsol hay tranquilidad por su situación en el país y se espera amortizar todas las líneas abiertas, previsiblemente en 2020, para estudiar una salida ordenada a coste 0.
