Los 10 países menos corruptos del mundo. No te imaginas el número 1

Más de dos tercios de los países del mundo tienen un grave problema de corrupción. Desde sobornos y elecciones manipuladas hasta malversación de fondos públicos. Intimidar o incluso asesinar a opositores políticos y periodistas también son problemas que sacuden a varios países. Tratos poco éticos que abundan en todo el planeta. Utilizando los últimos datos de 2019 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) anual de Transparencia Internacional, contamos los lugares menos corruptos del mundo.

El índice analiza 180 países utilizando información privilegiada obtenida de expertos y empresarios. El índice usa una escala de 0 a 100, donde 0 es extremadamente corrupto y 100 es muy limpio y prístino.

¿Quieres saber cuáles son los estados menos corruptos del mundo?

NÚMERO 10. LUXEMBURGO

Puntos de corrupción: 80

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Luxemburgo se ha mantenido en su lugar y, aunque ha caído un punto desde el año pasado. La nación cuenta con un marco legal particularmente fuerte para frenar la corrupción, y las leyes anticorrupción se aplican de manera efectiva. Sin embargo, no se libran de un escándalo; una investigación llamada LuxLeaks expuso la corrupción en el sistema tributario y los «acuerdos amorosos» a las compañías multinacionales en 2015.

NÚMERO 9. ALEMANIA

Puntos de corrupción: 80

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Alemania ha mantenido su impresionante puntuación de 80 este año. El Código Penal hace que sea ilegal pagar, ofrecer o aceptar un soborno. Las compañías son responsables civilmente bajo la Ley de Delitos Administrativos, con multas de millones de euros y todas las «ventajas económicas» obtenidas mediante el soborno confiscado.

NÚMERO 8. PAÍSES BAJOS

Puntos de corrupción: 82

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El Código Penal holandés garantiza que la administración pública sea transparente, ya que hace que sea ilegal que cualquier persona de o reciba sobornos en el sector público o privado, incluido un funcionario público extranjero. Las empresas holandesas y extranjeras y sus filiales pueden ser consideradas responsables de los delitos de corrupción cometidos por personas que trabajan en su nombre y se les puede ordenar que paguen hasta el 10% de su facturación.