Los comités de Empresa de Nissan en España han solicitado una reunión a la ministra de Industria, Reyes Maroto, para tratar la «delicada situación» de la compañía, que antes de la pandemia del Covid-19 planteó el posible cierre de sus plantas españolas –cinco en Barcelona, una en Ávila y una en Cantabria–.

Se lo han pedido en una carta en que le transmiten su preocupación frente a la «dramática situación que puede llegar a producirse en un futuro no lejano», han explicado fuentes sindicales este sábado.

«Nissan Motor Ibérica S.A. está sufriendo, como en el resto del sector del Automóvil, una profunda crisis de ventas provocado, principalmente, por el COVID-19, pero concretamente Nissan MotorIbérica lleva arrastrando un descenso pronunciado de producción mucho antes del Estado de alarma», afirman.

25.000 PUESTOS DE TRABAJO

Los representantes de los trabajadores también avisan de que el cierre de las plantas en España dejaría en el desempleo a 4.000 trabajadores de la empresa, y afectaría a los 21.000 que trabajan en empresas auxiliares.

La destrucción de estos puestos de trabajo puede «crear graves consecuencias económicas y sociales, que especialmente repercutirían en las zonas donde están ubicadas los diferentes centros», advierten.

Por eso, recuerdan que han convocado «una huelga indefinida en todos los centros de la provincia de Barcelona como medida de presión para despejar el futuro real de la empresa», que retomará su actividad el 4 de mayo en las plantas de Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca (Barcelona), después de que el 13 de marzo también decidiera parar la actividad por la falta de suministros debido al coronavirus.

ACS celebrará de forma telemática su junta general de accionistas, convocada para el próximo 8 de mayo, según informó la compañía de construcción, servicios y concesiones.

El grupo que preside Florentino Pérez ya había previsto esta posibilidad cuando a comienzos del pasado mes de abril convocó su asamblea anual ante la previsión de nuevas prórrogas del estado de alarma.

Ahora, toda vez que el estado de alarma decretado en el país el 14 de marzo para combatir la pandemia de coronavirus ha quedado prorrogado por tercera vez hasta el 10 de mayo, ACS ha anunciado que su junta se celebrará «con asistencia exclusivamente telemática de los accionistas y de los representantes de los accionistas».

ACS ya dejó establecido en abril, para el caso de la celebración telemática, que, de darse este supuesto, el presidente «sólo invitará o autorizará la asistencia del personal colaborador interno y externo imprescindible para hacer posible la celebración de la junta», programada en la sede social de la empresa.

En cuanto al resto de miembros del consejo de administración, el grupo indicó que podrán ‘asistir’ a la reunión por audioconferencia o videoconferencia.

En cuanto al orden del día de la asamblea, ACS mantiene la propuesta de reparto de dividendo anunciada y a través del sistema de ‘scrip dividend’ que vienen siguiendo en los últimos años.

Asimismo, la compañía someterá a la aprobación la reelección de dos consejeros dominicales, Javier Echenique y Mariano Hernández, y el nuevo sistema de retribución al consejo para el trienio 2021-2023.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso por la que exige transparencia en el destino de los avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) que anunció el Gobierno por valor de 100.000 millones de euros, para apoyar a las empresas españolas ante el impacto de la crisis del coronavirus.

El Gobierno anunció el 24 de marzo una primera línea de avales por 20.000 millones de euros, con el compromiso de que la mitad irían a pymes. Y una segunda línea, de otros 20.000 millones de euros, el 10 de abril, que iría destinada íntegramente a autónomos y pequeñas empresas.

No obstante, según ha denunciado el Grupo Parlamentario Popular este sábado, «esos avales no acaban de llegar a sus destinatarios».

Ante esto, el secretario general del GPP, Guillermo Mariscal, y los portavoces adjuntos Pilar Marcos y Mario Garcés han registrado la una pregunta al Gobierno en la que plantean cuándo empezará a publicar la web del ICO, con periodicidad semanal, el destino de las disposiciones de la concesión de avales por el Covid-19, por ramas de actividad y por provincia de destino, tal y como ya hace con las líneas de mediación ordinaria.

Telefónica ha firmado con UGT y CCOO un protocolo para la recuperación de la actividad y la vuelta gradual a los centros de trabajo tras la finalización del estado de alarma por el coronavirus Covid-19.

El protocolo establece, en todas las fases de la ‘desescalada’, tanto pautas de acceso a los edificios, como en la estancia de los mismos, ya sean propios o de los clientes, así como medidas higiénicas y sanitarias, de pautas de protección colectiva e individual, de dotación de mascarillas, preferencia de desplazamiento en vehículo propio o uso de guantes y gel hidroalcohólico.

Asimismo, en todas las etapas se contempla la desinfección y limpieza de instalaciones, limitación de aforos, mantenimiento de distancias de seguridad, limpieza de zonas comunes y vehículos de empresa, disposición de y organización de los puestos de trabajo y los movimientos de personas y volumen de ocupación de edificios, tratamiento de residuos e información de las normas y recomendaciones en cada momento.

El texto estará supeditado a las normas y medidas específicas que establezca la Administración previendo, una vez que las autoridades sanitarias levanten el confinamiento, iniciar el proceso de reincorporación y de vuelta a la normalidad de forma gradual, en tres fases.

El documento consensuado parte de la situación actual, en la que predomina el teletrabajo, para pasar a una primera etapa, aún considerada de «riesgo», que supone recuperar de manera escalonada la normalidad pero sólo en las áreas cuya actividad requiera presencia física.

En esta primera fase, en la que empezarían a volver a sus puestos de trabajo los primeros empleados, la empresa recomienda realizar test rápidos de detección de anticuerpos, aunque esta medida está condicionada a la autorización de la Administración. Además, los trabajadores que «voluntariamente» se sometan a la misma deberán estar asintomáticos 14 días antes de la prueba.

Asimismo, establece que si no hubiese disponibilidad de test rápidos, las trabajadores se reincorporarán sólo en caso de haber permanecido asintomáticos durante los 14 días previos a su reincorporación.

La segunda fase, en la que habría remitido el riesgo y estarían bajando los contagios claramente, marcaría el retorno progresivo al centro de trabajo del resto de áreas, pero manteniendo aún un alto porcentaje de teletrabajo.

En concreto, el documento fija que se incorporará personal en actividades teletrabajables, pero mantiene la posibilidad de teletrabajo para los empleados que tengan hijos menores de 15 años y cuyos centros educativos permanezcan cerrados, o estén al cuidado de personas dependientes, y siempre excluyendo colectivos de riesgo.

Por último, en la tercera etapa, marcada por el control de la pandemia, se volvería a la «nueva normalidad», en la que se seguirían aplicando medidas aprendidas en las fases previas.

Los sindicatos han destacado que estructurar el retorno de manera gradual es «clave» para garantizar la salud de las personas trabajadoras, asumiendo el mínimo riesgo de los empleados.

El acuerdo alcanzado es, según los sindicatos, «exhaustivo, fruto de una intensa colaboración entre delegados sindicales y representantes de la empresa, con el objetivo de que la recuperación de la actividad se realice con todas las garantías para la salud y bienestar de los trabajadores, contemplando especialmente la fórmula del teletrabajo para las personas que tengan hijos menores de 15 años y cuyos centros educativos permanezcan cerrados y aquellos trabajadores en grupo de riesgo».

«Desde ambas organizaciones nos felicitamos por el trabajo realizado en un clima de positiva cooperación acorde con el demostrado por la sociedad española en estos complicadísimos y difíciles momentos, y por el excelente protocolo acordado, que nos permitirá recuperar con todas las garantías la ansiada normalidad», han concluido.

ICEX ha comenzado la devolución a las empresas de las cuotas recibidas por el organismo por organizar eventos internacionales cancelados, o que se han visto «gravemente afectados», como consecuencia de la pandemia de coronavirus Covid-19.

ICEX reintegrará a más de 1.100 empresas, de las cuales ya se han beneficiado 378, las cuotas que abonaron para participar en las actividades organizadas por este organismo en el marco de eventos internacionales tras haber sido estos cancelados, que han sido un total de 63 citas de promoción internacional. Estas devoluciones supondrán cerca de siete millones de euros.

Además, se apoyarán los gastos que, habiendo sido aprobados por ICEX, hayan realizado y no puedan recuperar aquellas empresas que se hubieran inscrito en actividades organizadas por las entidades colaboradoras del organismo.

Desde el inicio de la crisis sanitaria de la Covid-19, que afectó en primer lugar a eventos de promoción internacional en Asia y se extendió rápidamente al resto del mundo, ICEX ha trabajado por minimizar el impacto que la cancelación o cambio de fechas de las citas ha supuesto para las empresas participantes», ha subrayado.

El organismo también ha reforzado sus servicios ‘online’ para ayudar a las empresas a prepararse ante la nueva situación a la que se enfrentan debido a la pandemia de la Covid-19.

La entidad de exportación e inversiones fue habilitada para iniciar la devolución tras la aprobación del Real Decreto-ley 11/20 de 31 de marzo. La devolución de las cuotas continuará a lo largo de las próximas semanas y se adaptará a las nuevas circunstancias de cancelación de eventos que puedan producirse.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido, en una entrevista con Europa Press, de que no se puede esperar a la ley sobre el ingreso mínimo vital porque, como poco, no llegará hasta después del verano.

Por eso, ha asegurado que seguirá «machacando» al Gobierno para conseguir que se ponga en marcha de inmediato una renta provisional que, durante la pandemia, dé cobertura a todas las personas, en torno a un millón, que se han quedado fuera de las ayudas puestas en marcha en la crisis sanitaria.

«No podemos esperar la ley, no podemos engañar a la gente, porque no va a llegar ni en mayo ni en junio ni en julio ni en agosto y creo que tampoco en septiembre. Es una ley compleja, que hay que negociar con las comunidades autónomas, que debe ser plenamente compatible con el Estado de las Autonomías y cuando llegue, ya habremos dejado a mucha gente en el camino», ha alertado.

Álvarez subraya que para UGT es una «absoluta prioridad» este ingreso mínimo vital temporal y por eso siempre es el primer punto que demanda en cada reunión con el Gobierno. «Siempre empiezo hablando de mi libro -ironiza- porque para mi este ingreso vital es absolutamente de justicia».

Por ello, avisa de que no va a dejar de «machacar» al Ejecutivo sobre la necesidad de implantar este ingreso temporal hasta que llegue el permanente. Ello, a su juicio, «no quita ni un ápice al valor de las políticas sociales» que ha desplegado el Gobierno durante esta crisis, «que han sido muchas y muy importantes».

Álvarez también ha mandado un recado al portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien hace unos días señaló que una renta permanente podría desincentivar el trabajo y hacer que «grupos amplios de ciudadanos acabaran viviendo de forma subsidiada». «Me parecen absolutamente fuera de tono sus manifestaciones. Debería escuchar al Papa Francisco, porque si lo hiciera, se le caería la cara de vergüenza», critica Álvarez.

El dirigente sindical cree que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) deberían contar con una prórroga flexible para que las empresas y el empleo se mantengan durante el proceso de deshibernación de la economía. Considera además que mantener y llevar a la legislación laboral ordinaria la limitación de los despidos puesta en marcha durante la pandemia sería una medida «coherente».

El líder de UGT, que estuvo en un ERTE de reducción de jornada en los años 80, ha afirmado que en la medida en que estos procedimientos ofrecen facilidades a las empresas «prácticamente desaparece la razón del despido». «Es un instrumento que nos permite ir prescindiendo de la contratación temporal», ha señalado Álvarez, que ha recordado además que las empresas que hagan uso de ERTEs en esta crisis no podrán despedir durante seis meses.

«HA FALTADO PREVISIÓN, PERO EN TODO EL MUNDO»

Sobre si faltó previsión a la hora de ver venir la pandemia, Álvarez reconoce que sí, pero inmediatamente añade que no sólo en España, sino en todo el mundo. «Este Gobierno lleva cien días y España lleva cinco años con una inestabilidad política brutal y eso no es ajeno en parte a lo que nos ha pasado. Creo que la descentralización de la sanidad tampoco ha ayudado a que las comunidades tuvieran previsiones», afirma Álvarez.

El líder de UGT cree que también ha habido «improvisación» pero porque la crisis sanitaria «ha desbordado a todo el mundo». «Para detectar errores de fondo hacen falta estudios independientes y lo razonable ahora es guiarnos por lo que nos dicen instituciones como la OMS, porque lo demás no sé a quién beneficia», ha señalado.

Álvarez piensa que, ya que no hay elecciones en el horizonte inmediato, toda esta situación debe digerirse con tranquilidad, pues «ya habrá tiempo de juzgar y exigir responsabilidades al Gobierno» si cometió errores. Ahora bien, denuncia que «no ha visto afán» por hacer lo mismo con los gobiernos autonómicos.

«EL MERCADO INTERNACIONAL DE EPIs, UN BAZAR PERSA»

Siguiendo con esta línea, el líder de UGT ha señalado que ir al mercado internacional a comprar elementos de protección para los sanitarios «no debe ser nada sencillo porque han engañado a los alemanes, que deben ser tan tontos o un poco menos que los españoles, a los italianos y a los franceses en algunas partidas.

«El mercado de los equipos de protección individual (EPIs) se ha convertido en un bazar persa. ¿Eso es incompetencia del Gobierno? Claro, es el que está, pero también de los alemanes, italianos* ¿El mundo está lleno de gobernantes incompetentes? Sí, pues ya está. ¿Los que van a venir, los que están en otras comunidades autónomas y son de otros partidos lo han hecho extremadamente bien? Pues tampoco parece», ha afirmado.

Álvarez cree que la crisis del coronavirus ha dejado varias lecciones importantes: la «inmensa fragilidad» del proceso de globalización; la debilidad del sistema sanitario -que no de sus profesionales-; la necesidad de recuperar un sistema fiscal «justo y equitativo», donde cada uno pague en función de lo que tiene y que nutra al Estado de instrumentos, y la necesidad de que la UE ofrezca respuestas a sus países miembros.

«LAS PREVISIONES CATASTROFISTAS NO LLEVAN A NINGÚN SITIO»

Acerca de las previsiones realizadas por el Banco de España de que el PIB podría caer más de un 13% este año, Álvarez considera que es muy pronto para saber lo que sucederá. Aunque el turismo tiene un peso en el PIB de 14 puntos, el líder de UGT cree que podría recuperarse este año parte del turismo internacional si se hace bien y con plenas garantías.

Para el líder de UGT, este tipo de informes «con sesgo ideológico» lo que pretenden es frenar las políticas sociales porque «en el fondo les molesta» que existan. «Y precisamente son las políticas sociales las que van a ayudar a que algunos de estos estudios no funcionen porque la gente que cobre el ingreso mínimo vital, inmediatamente irá a gastarlo, y se moverá la economía».

Pese a que Álvarez reconoce que 2020 no va a ser un año fácil en lo económico, también advierte de que estos análisis «catastrofistas» no llevan a ningún sitio.

Sobre la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, que se publicará la semana que viene, el líder de UGT opina que no reflejará bien la realidad del país, porque sólo recogerá una parte pequeña de la crisis. En cuanto a los datos del segundo trimestre, espera que cuando se publiquen (en principio el 28 de julio), se esté ya «en otro país mejor».