El Banco de España dejará este lunes de inscribir nuevas empresas en su registro de ‘criptos’ por la entrada en vigor del Reglamento sobre criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés) en la UE y el comienzo del periodo de transición en España para implementar esta nueva normativa.

La entrada en vigor de MiCA es el 30 de diciembre de 2024, si bien se daba la posibilidad a los Estados miembros de la UE de aplicar un periodo transitorio de 18 meses (hasta el 1 de julio de 2026) para adaptarse a los cambios. En España, la decisión ha sido establecer un plazo de 12 meses, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2025.

El Banco de España –siguiendo la ley sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo– tiene desde 2021 un registro en el que deben estar inscritas todas las entidades que presten servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.

Sin embargo, este registro dejará de realizar nuevas inscripciones con la aplicación de MiCA a partir del próximo 30 de diciembre, si bien seguirá existiendo a los efectos de verificación de las entidades que fueron inscritas.

Así, será la CNMV la que pasará a encargarse de autorizar a las empresas ‘criptos’ en España. También cabe la posibilidad de que otra autoridad europea dé el ‘visto bueno’ y la empresa sea poseedora de un pasaporte que le permita operar en España.

A cierre de este 2024, el registro de Banco de España tenía más de 130 empresas registradas, la mayor parte de ellas con sede en el país, pero también procedentes de Países Bajos, Alemania, Austria, Reino Unido o Luxemburgo, entre otros Estados.

PERIODO TRANSITORIO

Recientemente, la CNMV ha emitido dos comunicados, uno a inversores y otro al sector, para informar sobre ciertos aspectos de la entrada en vigor del Reglamento MiCA. En concreto, ha recordado ciertas consideraciones a tener en cuenta durante la aplicación del periodo transitorio.

Por un lado, señala que las entidades que pueden acogerse a este periodo de transición para adaptarse a MiCA serán las que vinieran prestando servicios de forma efectiva sobre criptoactivos antes de la aplicación de MiCA, de acuerdo con la normativa española vigente.

Asimismo, las personas físicas y jurídicas que estuviesen inscritas en el registro del Banco de España a 30 de diciembre podrán continuar prestando los mismos servicios que venían ofreciendo hasta entonces, sin necesidad de solicitar autorización, hasta el día 30 de diciembre de 2025 o hasta la fecha en que se les deniegue la inscripción en el registro proveedores de servicios de criptoactivos regulado en el Reglamento MiCA, si esta fuera anterior.

En cuanto a las personas físicas y jurídicas que no estuviesen inscritas en el registro, por prestar servicios que no requiriesen de dicha inscripción, pero que prestasen servicios de criptoactivos de acuerdo con la legislación vigente antes del 30 de diciembre de 2024, podrán continuar prestando los mismos servicios que venían prestando hasta entonces, sin necesidad de solicitar autorización, hasta el día 30 de diciembre de 2025 o hasta la fecha en que se les deniegue la inscripción.

Sin embargo, las entidades que, a partir del 30 de diciembre de 2024, presten servicios MiCA en España y que no puedan acogerse al periodo transitorio podrán ser objeto de sanción y se incluirán en la lista de la CNMV de entidades no autorizadas o ‘chiringuitos financieros’ (conocida también como ‘lista negra’).

Además, los proveedores de servicios MiCA que actualmente estén en la lista de la CNMV de otras entidades (o ‘lista gris’) serán eliminados de esta lista si están inscritos en el registro del Banco de España. Igualmente, la CNMV señala que cualquier otro proveedor de servicios de esta ‘lista gris’ será eliminado de la misma cuando obtenga la autorización MiCA en cualquier Estado miembro.

AUTORIZACIÓN DE LA CNMV

Según han indicado fuentes de la CNMV a Europa Press, las empresas que ya estén inscritas en el registro del Banco de España deberán realizar solo una notificación, mientras que las nuevas entidades que quieran darse de alta deberán realizar todo el proceso de inscripción.

Para acometer estos procesos, la CNMV puso en disposición de las entidades un manual y un modelo de notificación donde detalla los pasos a seguir. De hecho, recomendaba el pasado mes de julio el que los proveedores de servicios de criptoactivos solicitasen, antes de presentar la solicitud formal, una reunión con el equipo de la CNMV que se encargará de gestionar los expedientes.

ALERTA A INVERSORES

Por otro lado, la CNMV ha recordado a los inversores que la normativa MiCA establece un nuevo marco regulatorio que protege «parcialmente» a los inversores, pero que «no lo hace al mismo nivel» que la regulación sobre instrumentos financieros (como, por ejemplo, las acciones) y que, por tanto, la inversión en criptoactivos «sigue conllevando riesgos significativos.

Destaca, en concreto, que los criptoactivos no estarán cubiertos por un sistema de indemnización de los inversores (como es el fondo de garantía de inversiones en España), de tal forma que MiCA no contempla protecciones así para clientes de estas empresas. «Si el proveedor de servicios de criptoactivos no pude devolverlos no hay una red de seguridad», recalca.

Además, recuerda que, a diferencia de las normas que regulan servicios de inversión tradicionales, el reglamento MiCA no exige a todos los proveedores de servicios de criptoactivos que recaben información de los clientes para evaluar su capacidad para comprender los productos de criptoactivos que desean adquirir.

Por último, la CNMV recomienda a los inversores revisar la lista de ‘chiringuitos financieros’ antes de operar con una determinada entidad y destaca que durante el periodo de transición podrán coexistir proveedores autorizados bajo la normativa MiCA con aquellos que se han acogido al régimen transitorio.

La banca española afronta el próximo año con el foco de su gestión diaria puesto no solo en el negocio, con un entorno de tipos de interés a la baja, sino también en el capital, ante las mayores exigencias que afronta.

A mediados de este mes, el Banco Central Europeo decidió elevar ligeramente sus exigencias de capital a los bancos de Europa en 2025, tras concluir el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES). Las mayores exigencias se derivan de un empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas y la presencia de riesgos geopolíticos.

El supervisor bancario europeo subrayó hace dos semanas que el sector bancario de la zona euro siguió mostrando capacidad de resistencia en 2024, cuando las entidades mantuvieron, en promedio, posiciones de capital y de liquidez sólidas y muy por encima de los requerimientos regulatorios.

En el caso de la banca española, el BCE ha pedido más capital a cinco de los seis bancos cotizados, siendo el único al que le han rebajado los requisitos Unicaja.

En términos agregados, Santander será el banco al que se le exige más capital, con un 13,93% de capital total. Le siguen Banco Sabadell (13,44%), BBVA (13,29%), CaixaBank (12,94%), Unicaja (12,65%) y Bankinter (11,88%).

UN COLCHÓN DE 3.750 MILLONES

Asimismo, hay que tener en cuenta que en el caso español también se activará en el cuarto trimestre del año que viene el colchón de capital anticíclico (CCA). Este colchón implica un recargo del 0,5% en el capital mínimo exigido.

Para el conjunto de los bancos españoles (no solo los cotizados), el coste adicional de crear este colchón será de 3.750 millones de euros, de acuerdo con los activos ponderados por riesgo en los balances de los bancos a cierre de 2023.

En mayo, el Banco de España determinó que el nivel óptimo de CCA es del 1%, pero que lo activaría de forma gradual para minimizar su impacto en la banca. El colchón del 0,5% activado será de aplicación a partir del 1 de octubre de 2025.

Posteriormente, y condicionado a que los riesgos sistémicos cíclicos se mantengan en un nivel estándar, el porcentaje del CCA previsiblemente será elevado hasta el 1 % a partir del cuarto trimestre de 2025 (para aplicación desde el 1 de octubre de 2026).

La construcción de este colchón permitirá liberarlo en fases cíclicas adversas, lo que permitiría facilitar financiación bancaria a la economía real en esos momentos.

Cuando el exgobernador de Banco de España Pablo Hernández de Cos explicó esta medida en mayo, señaló que para este colchón del 1% los bancos podrán usar los beneficios de 2024, los de 2025 y los de 2026.

Un nivel del CCA del 1% se traduce en entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales de capital CET en porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales. El CCA de cada entidad se calculará como una media ponderada de los CCA de todas las jurisdicciones en que operen, siendo las ponderaciones los activos ponderados por riesgo relativos de cada jurisdicción.

Debido a esta forma de calcularlo, el impacto de construir este colchón será más grande en los bancos que tengan el grueso de su negocio en España.

Aumentar mayores exigencias de capital ante los riesgos no es algo compartido por el sector regulador, a pesar de ser decisiones del BCE. En noviembre, el presidente del Instituto de Estabilidad Financiera (FSI), Fernando Restoy, pidió durante una intervención pública un marco de supervisión europeo que esté ideado a la medida de cada banco y no tan centrado en pedir más capital.

IMPUESTO A LA BANCA

Otro elemento que afectará al capital de los bancos es el pago del nuevo impuesto a la banca, que pasa de aplicar un 4,8% fijo a un tipo progresivo que alcanza el 7% para las entidades cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros.

De esta forma, CaixaBank, BBVA y Santander tendrán un tipo del 7% al registrar ingresos por encima de los 5.000 millones de euros, mientras que Sabadell estaría gravada por el tipo del 6% y Bankinter y Unicaja, estarían en el rango del 4,8%.

Según un informe de BNP Paribas Exane, el diseño de este tributo supondrá una rebaja en la factura fiscal que tendrán que abonar Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja, mientras que aumentará la de los tres bancos más afectados, BBVA, CaixaBank y Banco Santander.

Durante el proceso de tramitación del gravamen, las patronales bancarias AEB y CECA rechazaron el tributo, argumentando que afectaría al crecimiento económico del país. Ambas agrupaciones empresariales afirmaron que este impuesto restará 50.000 millones de euros en capacidad de conceder préstamos.

Previsiblemente, los bancos también liberarán capital mediante un tipo de operaciones denominadas transferencias significativas de riesgo (SRT, por sus siglas en inglés), que han ido ganando notoriedad durante este año. Con estas operaciones, el banco mantiene una cartera de créditos en el balance, mientras que cede a un inversor parte del riesgo de impago.

Esto reduce el conteo de los activos ponderados por riesgo, por lo que se elevan las ratios de capital al tener un mayor peso los instrumentos que califican como capital para los bancos.

A esto hay que sumarle que varias entidades se han comprometido con sus inversores a devolverles en forma de retribuciones extraordinarios (en efectivo o con recompras de acciones) todo el capital por encima de ciertos niveles. Es el caso de CaixaBank, que devolverá todo lo que esté por encima del 12,5%, de Banco Sabadell, que devolverá todo lo que exceda el 13%; o de BBVA, que repartirá lo que supere el 12%. Santander también baraja distribuir el exceso de capital a finales de 2025, aunque en su caso no tiene marcado un objetivo concreto.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha propuesto una implantación «progresiva, por franjas de edad» de la prestación universal por crianza de 200 euros por hijo hasta los 18 años, porque considera que es «una de las herramientas más poderosas para erradicar» la pobreza infantil en España.

«Yo creo que un marco razonable podría ser que nos dotemos de una progresividad en las franjas de edad para la aplicación de la prestación. Nosotros desde luego somos ambiciosos y ambiciosas. ¿Qué queremos? Pues que esta prestación sea hasta los 18 años», ha indicado Rego en una entrevista concedida a Europa Press.

Tal y como ha precisado Rego, esta medida la proponen tanto desde su departamento como desde el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, y consiste en una prestación de 200 euros por hijo o hija a cargo desde los 0 hasta los 18 años.

«Una de las herramientas más poderosas para erradicar esta brecha de desigualdad tan importante que hay en nuestro país es la puesta en marcha de la prestación universal por crianza», ha subrayado Rego.

En concreto, ha explicado que esta ayuda funciona ya en otros países europeos y considera que en España «también tendría un impacto notable»; y aunque ha precisado que están ahora «en el proceso de negociarlo» de cara a los Presupuestos Generales del Estado, confía en poder lograrlo.

«Es verdad que hay que hacer equilibrio presupuestario, pero sí que creemos que en otros países, pues lo que vemos es que es una prestación muy sostenible en términos económicos y, por supuesto, en términos sociales. Al final, no hay que olvidar que los datos sitúan que el coste económico que tiene la pobreza infantil en nuestro país es un coste muy elevado y que seguramente una medida de este tipo sería mucho más equilibrada, incluso presupuestariamente», ha añadido.

Asimismo, la ministra ha propuesto aumentar la inversión en infancia del 1,5% al 2,4% del PIB para romper el ciclo heredado de la pobreza. «Necesitamos romper con este ciclo heredado de la pobreza y esto lo conseguiremos en la medida en que seamos capaces de que las inversiones en políticas de infancia en nuestro país se equiparen con la media europea, es decir, del 1,5% del PIB que tenemos actualmente al 2,4% del PIB que es la media europea», ha señalado.

Según el Análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia 2024, presentado este año por la Plataforma de Infancia, en España, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social se ha incrementado en 1,7 puntos hasta el 33,9% y se ha alcanzado un récord histórico en carencia material severa en hogares con niños y adolescentes, unos datos que a la ministra le causan «dolor».

«Yo creo que la valoración de los datos de pobreza infantil en nuestro país, a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad le producen un enorme dolor porque detrás de estos datos hay realidades, hay niños y niñas con nombres y apellidos», ha advertido.

PACTO DE ESTADO CONTRA LA POBREZA INFANTIL

Por ello, ha hecho un llamamiento a hacer «una reflexión» general como sociedad, como Gobierno central y como gobiernos autonómicos y locales, y ha propuesto un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil. En este sentido, ha celebrado que ya se haya creado la Subcomisión para este Pacto de Estado en el Congreso de los Diputados y que «cuenta prácticamente con el aval de la mayoría de los grupos parlamentarios».

«Creemos que tiene que ser un acuerdo entre los partidos políticos, entre las distintas administraciones. Un acuerdo que venga de una buena radiografía y de un buen diagnóstico, que ponga las cifras de la pobreza y las causas de la pobreza y que determine también cuáles son las medidas, el recorrido que tenemos que asumir y que tenemos que acordar colectivamente cada administración con la responsabilidad que le corresponda. Ponerle número, es decir, poner recursos disponibles para hacer frente a este Pacto de Estado y, por supuesto, plantear un mecanismo de gobernanza», ha apostillado.

Por el momento, ha asegurado que ya han «avanzado bastante en el diagnóstico» y están en la fase de consultar a las comunidades autónomas para intentar «acreditar datos» no solamente a nivel de país sino también «de una manera descentralizada», y comprobando los recursos que está poniendo cada uno para políticas de erradicación de la pobreza infantil.

«Está siendo un poco más costoso compilar estos datos por parte de las comunidades autónomas. Les hemos pedido y no todas nos han facilitado los datos todavía», ha indicado Rego. En paralelo, según ha precisado, también están trabajando a nivel del Congreso de los Diputados con los distintos partidos políticos. «Esto significa que estamos todos en una buena disposición para trabajar de cara a conseguir este Pacto de Estado», ha asegurado.

EL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA INFANCIA

Preguntada por las medidas que van a adoptar a medio y largo plazo para hacer frente a la emergencia provocada por la dana, en lo que afecta a la infancia, Rego ha indicado que la intervención debe ir orientada a una doble vía, la atención psicosocial a los niños y niñas, y el estudio del impacto del cambio climático en la infancia.

Por un lado, ha destacado que desde el Ministerio de Juventud e Infancia hicieron una aportación y consignaron 60 millones de euros para una ayuda directa a todas las poblaciones más afectadas por la dana en atención psicosocial a la infancia.

«Nosotras con las competencias que tenemos lógicamente vamos a hacer este esfuerzo por poner los recursos de manera directa lo más rápidamente posible para recuperar espacios físicos para la infancia y para la juventud, para que tengan esta atención psicosocial y que vuelvan a recuperar una parte de estas ciudades destrozadas, de estos municipios destrozados, para que los niños y las niñas puedan seguir siendo niños y niñas independientemente de las circunstancias», ha remarcado.

En cuanto al segundo eje en el que están trabajando, Rego ha explicado que han puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial para hacer un seguimiento del «efecto del cambio climático sobre la infancia».

Renfe Viajeros, la filial de la compañía enfocada a la operación de transporte de viajeros y la prestación de servicios turísticos, ha incrementado al cierre del ejercicio de 2024 su resultado bruto de explotación (Ebitda) hasta los 338 millones de euros, un 17% superior a la obtenida durante el conjunto del año 2023 (289 millones).

La compañía destaca el aumento superior al 88% en el resultado de explotación del área de servicios comerciales de la filial de viajeros hasta los 114,56 millones de euros, frente a los 60,78 millones del año pasado.

En el área de servicios públicos (aquellas conexiones ferroviarias calificadas como Obligación de Servicio Público), Renfe Viajeros ha registrado un Ebitda de 224,4 millones de euros en 2024, lo que supone una ligera caída del 1,7% respecto a los 228,31 millones del año anterior. Este descenso se explica principalmente por la prolongación de las bonificaciones en los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia.

Estos avances en el desempeño operativo de Renfe Viajeros se han materializado en una reducción de un 33,6 por ciento de las pérdidas de la filial de transporte de viajeros de Renfe durante el conjunto del ejercicio, al recortarse hasta los -43,16 millones de euros frente a los -65 millones de euros registrados en 2023.

La reducción de pérdidas también se ha reflejado en el área de servicios comerciales de Renfe Viajeros: el resultado del ejercicio ha mejorado en 2024 un 35,2%, al pasar de -70,12 millones de euros en 2023 a -45,42 millones en 2024.

Por su parte, en servicios públicos el resultado ha reflejado un leve descenso del beneficio, al pasar de 3,72 millones en 2023 a 2,26 millones en 2024.

PLAN PARA LA GENERACIÓN DE VALOR Y MEJORA DE LA EFICIENCIA

Por otro lado, Renfe continúa con el desarrollo del Plan para la Generación de Valor y Mejora de la Eficiencia. La compañía identificó 46 iniciativas comerciales, enmarcadas en dicho Plan, que han finalizado el ejercicio anual con una contribución al Ebitda del grupo Renfe de 27,8 millones de euros y un ahorro de en torno a 60 millones, en pleno cumplimiento con el objetivo marcado para el conjunto de 2024.

Las medidas contenidas en el Plan para la Generación de Valor y Mejora de la Eficiencia se encuentran en constante evolución y se adaptan tanto a las circunstancias del mercado como a la situación de la competencia

Ryanair ha anunciado este sábado que generará más de 2.000 nuevos puestos de trabajo en 2025 «altamente remunerados para profesionales de la aviación en Europa» y que recibirá hasta 29 nuevos aviones Boeing 737 en 2025, en lo que ha invertido 3.000 millones de dólares (2.878 millones de euros).

La compañía ha ensalzado en un comunicado las características de los nuevos aviones, que reducirán las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 16%, el ruido en un 40% y permitirá transportar a un 4% más de pasajeros.

La aerolínea ha explicado que los aviones se destinarán a aeropuertos eficientes y de bajo coste en países de la Unión Europea donde los Gobiernos incentiven el crecimiento de la aviación, como son Suecia, Italia, España y Polonia. Pero no se incrementará el número de vuelos en países que aumenten las tasas, como son Reino Unido, Francia y Alemania.

«Mientras que la mayoría de las aerolíneas europeas siguen teniendo limitaciones de capacidad, Ryanair tiene previsto recibir 29 nuevos aviones Boeing 737 en 2025», ha presumido la country manager de la compañía en España, Elena Cabrera.

La representante de la empresa ha explicado que la capacidad adicional de aviones permitirá a Ryanair aumentar el número de pasajeros de 200 millones en 2024 a 210 millones en 2025, lo que se traducirá en 2.000 nuevos puestos de trabajo en muchos de los aeropuertos «más eficientes y de bajo coste de Europa«, que son aquellos en los que los Gobiernos «están fomentando el crecimiento sostenible del sector mediante la eliminación de impuestos y la reducción de las tasas aeroportuarias.

El próximo jueves, 2 de enero, entrará en vigor el registro único de alquileres de corta duración, cuya aplicación será efectiva desde el 1 de julio de 2025, finalizado el período de transición para que empresas y administraciones se adapten a lo dispuesto en la norma.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado lunes, 23 de diciembre, el Real Decreto por el que se regula este procedimiento y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, para crear un registro único de arrendamientos de corta duración.

Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), España se convertirá en el primer país de la Unión Europea que pone en marcha el reglamento Europeo por el que se establece la obligación a los Estados miembros de crear un sistema de información en materia de alquileres de corta duración, a través de un sistema de registro y de obtención de un número de identificación para el alquiler de corta duración de una vivienda.

En concreto, el RD establece una serie de obligaciones y regulaciones en materia de información que se aplican a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración cuando los Estados miembros han establecido procedimientos de registro para las unidades situadas en su territorio.

Tras conocer la noticia, Airbnb opinó que esta normativa «se queda corta» a la hora de armonizar las obligaciones de registro para los anfitriones y al proporcionar más transparencia.

En un comunicado, la compañía reconoce «los esfuerzos» del Ministerio de Vivienda, aunque considera que no establece un «punto único de entrada» para que los anfitriones soliciten el registro solo a un nivel, como indica el marco europeo, sino que fomenta «la acumulación de diferentes registros» a nivel nacional, autonómico y municipal, lo que «complicará aún más las tareas administrativas» de quienes quieran compartir sus viviendas.

¿CUÁLES SON LOS ALQUILERES AFECTADOS?

En concreto, la norma opera sobre los alquileres turísticos, los alquileres de temporada, los alquileres de habitaciones o de otras propiedades que permitan el alojamiento de corta duración y que conlleven una remuneración económica, siempre y cuando se oferten a través de plataformas en línea transaccionales.

Además, los servicios de alquiler de corta duración pueden recaer sobre la totalidad de una finca urbana o parte de ella, también comprenderán el alojamiento en buques, embarcaciones o artefactos navales, siempre que aquel no esté vinculado a un servicio que posibilite o determine la navegación, en cuyo caso se regirá siempre por la legislación aplicable.

De esta manera, la norma se aplicará si la vivienda tiene como destino primordial uno distinto del de arrendamiento de vivienda regulado en el artículo 2 de la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) derivándose de causas de carácter temporal, tales como las vacacionales o turísticas, las laborales, de estudios, de tratamiento médico o cualquier otra que no suponga una necesidad de vivienda de carácter permanente de la persona arrendataria.

De igual manera, si cuenten con equipamiento, mobiliario y enseres adecuados para atender el uso de la unidad de carácter temporal de acuerdo con el Reglamento.

NÚMERO DE REGISTRO OBLIGATORIO

Por otro lado, los arrendadores están obligados a obtener un número de registro, aportar la información requerida, atender los requerimientos de información, actualizarla en el momento que se produjese un cambio en algunas de ellas y comunicar a las plataformas en línea el número de registro que se haya asignado por el Registro de la Propiedad o el de Bienes Muebles.

Las plataformas, por su parte, están obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identifiquen mediante este número sus viviendas, garantizar que las personas arrendadoras puedan incluirlo en los anuncios y que éste sea visible en los anuncios; realizar comprobaciones aleatorias y periódicas e informar a la Ventanilla de los resultados de dichas comprobaciones cuando sean negativos.

También deberán informar a las personas arrendadoras del procedimiento de registro; recoger y transmitir mensualmente a la Ventanilla los datos de actividad por unidad, junto con el número de registro facilitado por las personas arrendadoras, la dirección de la unidad y las URL de los anuncios publicados por medios de comunicación máquina a máquina.

Por último, deben dar cumplimiento en un plazo de 48 horas a las resoluciones administrativas que ordenen la eliminación o inhabilitación de anuncios vinculados a un número de registro suspendido o retirado.

PROCESO DE SOLICITUD

El procedimiento para solicitar el número de registro se realizará a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores o en el Registro de la Propiedad o Bienes Muebles competente.

La solicitud contendrá la dirección específica de la finca y su código registral único, su referencia catastral o si es una embarcación u otro tipo de alojamiento recogido en el Real Decreto; también si se alquila una finca en su totalidad o una parte y el número máximo de arrendatarios que se pueden alojar en ella.

Por otro lado, si esta unidad está sujeta a algún régimen de autorización o inscripción previa administrativa, tales como una licencia, el documento que lo acredite.

Asimismo, detallar la identificación de la categoría y los tipos de arrendamiento, donde se encuentran tres grupos: fincas, habitaciones o unidades parciales de una finca destinada al alquiler de corta duración no turístico; por otro lado, igual que el anterior, pero con destino turístico; y, en tercer lugar, para embarcaciones flotantes u otras propiedades que permitan el alojamiento de corta duración.

PLAZO DE SUBSANACIÓN DE 7 DÍAS Y PERMISO RENOVABLE ANUAL

Si existiesen defectos en la documentación aportada y la persona interesada no los subsanase dentro de los siete días hábiles siguientes, se suspenderá la validez del número de registro, que la Dirección General de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana comunicará a todas las plataformas en línea de alquiler de corta duración para que eliminen o inhabiliten el acceso sin demora.

Cada doce meses se debe aportar un modelo informativo de arrendamientos de corta duración para cada categoría y tipo de arrendamiento y que recogerá, al menos, un listado anonimizado de los arrendamientos constituidos, así como de aquellas que tengan como destino primordial uno distinto al de carácter temporal.