El volumen de transacciones hoteleras en Europa alcanzó los 5.700 millones de euros en el primer semestre del año, según el informe Marketbeat Europe Hospitality presentado por Cushman & Wakefield, que destaca a España como uno de los pocos países del continente con una evolución positiva respecto al primer semestre del pasado año.

Los inversores europeos representaron el 78% del volumen de transacciones del primer semestre de 2020, de los 5.700 millones de euros registrados, con origen en Europa.

Los datos del informe presentado por la consultora ‘Marketbeat: Europe Hospitality h2 2020’ muestran que alrededor del 79% del volumen de inversión se transaccionó antes de la llegada del Covid-19. Sin embargo, hubo varias operaciones después del estallido de la pandemia, por valor de 1.200 millones de euros.

Estos datos confirman que hay inversores que confían en las perspectivas a largo plazo del sector hotelero. Según Albert Grau, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, «el valor de los activos hoteleros se está manteniendo, con mínimos ajustes por el momento. Como consecuencia, los inversores siguen mostrando interés, pero están a la espera de obtener mayores descuentos para actuar, lo que puede pasar a finales de este mismo año y principios de 2021».

Ejemplos de transacciones clave, con el precio final acordado post-Covid-19, son la adquisición del Ritz Londres, con 136 habitaciones, por un inversor de Qatar, así como la compra del hotel Nhow de 304 habitaciones en Berlín por Eastern Property Holdings.

Los compradores más activos durante los últimos seis meses fueron los inversores institucionales (48% del volumen total), grupo que normalmente tiene un bajo coste de capital, una sólida capacidad financiera para soportar desafíos temporales y, con frecuencia, una estrategia de inversión a largo plazo.

EL PRECIO MEDIO POR HABITACIÓN SUBIÓ UN 26%

El precio medio por habitación vendida ha aumentado un 26%, alcanzando los 239.000 euros, en comparación con los 189.000 euros por habitación en 2019.

Esto se puede atribuir en gran parte a la naturaleza cambiante de los hoteles vendidos en el primer semestre de 2020, que se ha centrado en activos principales en ubicaciones céntricas (incluyendo el Ritz de Londres) y donde hay menos preocupación por el impacto del Covid-19 en los valores inmobiliarios a largo plazo.

A pesar de una disminución notable, el Reino Unido siguió siendo el mercado de mayor volumen de inversión hotelera en el primer semestre de 2020 (1.800 millones de euros) gracias a la venta del Ritz, que representó casi la mitad del volumen total de transacciones.

Por su parte, Alemania registró el segundo mayor volumen de inversión (900 millones de euros) y también fue el mercado más activo. España, que ocupa el tercer lugar, fue uno de los pocos países que registró un crecimiento del volumen de inversión, un 52% más.

Esto se puede atribuir en gran parte a la notable adquisición del hotel Madrid Edition por 220 millones de euros por parte de Archer Hotel Capital, a KKH Property Investors.

Otro país que experimentó un aumento notable en la actividad inversora fue Grecia, que registró dos importantes transacciones turísticas: una cartera de resorts que comprende 1.094 habitaciones en cinco hoteles frente al mar en Creta, comprada por una empresa conjunta entre Henderson Park e Hines.

Además del Complejo Porto Carras integrado por 990 habitaciones en la península central de Halkidiki, adquirido en abril de este año por Belterra Investment por un valor de más de 200 millones de euros. El vendedor -Technical Olympic- estuvo representado por Cushman & Wakefield.

Ambas operaciones se pactaron después del inicio de la pandemia y muestran la creciente popularidad de los complejos turísticos entre los inversores, impulsada por las perspectivas positivas de crecimiento a largo plazo para los viajes de placer, así como por la recuperación esperada de este segmento después del Covid-19, en relación con los negocios y demanda de conferencias.

Grau señala que «a diferencia de la crisis financiera de 2009, en estos momentos hay capital disponible en el mercado de inversión. Consideramos que durante el último trimestre del actual ejercicio y durante el año 2020 se puede dinamizar el mercado al aparecer oportunidades interesantes en destinos en los que hasta la fecha no había producto, o el que había era muy caro».

España recibió en julio la visita de 2,5 millones de turistas internacionales, un 75% menos que en el mismo mes de 2019, pese a la progresiva apertura de fronteras tras el fin del estado de alarma, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, el gasto realizado por los turistas extranjeros alcanzó en julio los 2.450 millones de euros, cifra un 79,5% inferior a la del mismo mes de 2019, mientras que la duración media de los viajes fue de 8,1 días, lo que supone un aumento de 0,6 días con respecto a julio de 2019.

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, considera que «estos datos reflejan cómo la Covid-19 está afectando de manera negativa en el sector turístico por las restricciones a la movilidad a nivel internacional y la falta de la confianza en los viajes internacionales».

No obstante, para Valdés es significativo que el turista que ha visitado España haya optado por estancias incluso más largas que en 2019: «Demuestra que entre quienes deciden viajar a nuestro país la Covid-19 no ha alterado sus planes en lo que a duración de la estancia se refiere, lo que es indicativo de la percepción de España como destino seguro», ha señalado.

Francia fue el principal país emisor, con 597.244 turistas, lo que representa el 24,2% del total y un descenso del 58,4% respecto al pasado pasado. Alemania y Reino Unido fueron los siguientes países emisores, aportando 432.302 (un 65,2% menos en tasa anual) y 377.886 visitantes (un 82,5% menos), respectivamente.

En los siete primeros meses de 2020 el número de turistas que visitan España disminuyó un 72,4% y superó los 13,2 millones. Los principales países emisores en lo que va de año son Reino Unido (por encima de 2,4 millones de turistas y un descenso del 76,9% respecto a los siete primeros meses de 2019), Francia (con más de 2,0 millones, y una bajada del 67,2%) y Alemania (con casi 1,8 millones de turistas, un 72,9% menos).

GASTO MEDIO POR TURISTA: 994 EUROS

En cuanto al gasto medio por turista, se situó en 994 euros, con un descenso anual del 17,8%. Por su parte, el gasto medio diario bajó un 23,3%, hasta los 123 euros.

Durante los siete primeros meses de 2020 el gasto total de los turistas internacionales baja un 72,6% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 14.291 millones de euros.

Los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en julio son Alemania (con el 18,7% del total), Francia (15,3%) y Reino Unido (15,2%). Por su parte, el gasto de los turistas residentes en Alemania disminuyó un 67,5% en tasa anual, el de los turistas procedentes de Francia un 65,2% y el de los de Reino Unido un 84,7%.

BALEARES, CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA

Las Islas Baleares fue el primer destino principal de los turistas en julio, con el 23,9% del total. Le siguieron Cataluña (17,7%) y la Comunidad Valenciana (15,5%). Concretamente, a Baleares llegaron 588.431 turistas, un 74,9% menos que en julio del año pasado, siendo los principales países de residencia de los turistas de esta comunidad Alemania (con el 42,3% del total) y Reino Unido (16,2%).

Por su parte, el número de turistas que visitaron Cataluña disminuyó un 81,6% y se situó en 436.742, con el 41,4% procedente de Francia y el 11,8% del agregado resto de Europa. La tercera comunidad de destino principal por número de turistas fue Comunidad Valenciana, con 383.013 turistas y una disminución anual del 69,2%, siendo Francia el principal país de origen (con el 24,1% del total), seguido de Reino Unido (18,3%).

Estas tres comunidades autónomas también son las que aglutinan el mayor peso en el gasto de los turistas en julio, acumulando Baleares el 26% del total, Cataluña el 17,3% y la Comunidad Valenciana el 15,5%.

En el resto de comunidades el número de turistas descendió un 71,4% en Andalucía, un 79,1% en Canarias y un 87,8% en Comunidad de Madrid.

En el acumulado de los siete primeros meses de 2020 las comunidades que más turistas recibieron son Canarias (con más de 2,9 millones y un descenso del 61,4% respecto al mismo período de 2019), Cataluña (con casi 2,8 millones y una bajada del 75,6%) y Andalucía (con más de 1,9 millones, un 72,3% menos).

ESTANCIA DE CUATRO A SIETE NOCHES

La vía aeroportuaria fue la que sirvió de entrada al mayor número de turistas en julio, con más de 1,6 millones, lo que supone un descenso anual del 79,7%, mientras que por carretera llegaron un 52,8% menos de turistas, por puerto un 93,1% menos y por ferrocarril acceden un 78,4% menos.

En cuanto al hospedaje, el número de turistas que utilizan el alojamiento de mercado como modo de alojamiento principal en julio disminuyó un 79,6% en tasa anual, cayendo el alojamiento hotelero un 82,3% y la vivienda en alquiler un 69,9%.

Por su parte, el alojamiento de no mercado disminuyó un 50,2%, bajando un 52,3% los turistas alojados en vivienda de familiares o amigos y un 45,7% los hospedados en vivienda en propiedad.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas en julio fue la de cuatro a siete noches, con más de un millón de turistas y una disminución anual del 76,9%, mientras que el número de visitantes bajó un 50,7% entre los que no pernoctan (excursionistas) y un 61,9% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este martes «moderadamente optimista» sobre la recuperación de la economía española a tenor de los datos adelantados que se están conociendo, pero ha insistido en que, para afianzarla, se necesitan unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El jefe del Ejecutivo ha destacado que el PIB está registrando en el tercer trimestre un crecimiento trimestral superior al 10%, tal y como adelantó ayer la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Sánchez, en una entrevista a la cadena SER recogida por Europa Press, ha afirmado que la afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto, cuyos datos se publicarán mañana, se ha comportado de manera «muy positiva», al tiempo que ha calificado de «francamente positiva» la reactivación de trabajadores acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor.

Así, ha recordado que bajo el paraguas de estos ERTE llegaron a estar en los peores momentos de la pandemia cerca de 3,4 millones de trabajadores, mientras que actualmente quedan en ellos menos de 700.000 trabajadores.

Estamos en una situación delicada, con muchísimas incertidumbres derivadas de la evolución de la pandemia, pero creo que la resiliencia y la flexibilidad que están mostrando las empresas y los trabajadores y la economía en su conjunto invitan a un moderado optimismo en cuanto a la recuperación en nuestro país», ha asegurado.

No obstante, ha advertido de que se debe hacer un esfuerzo colectivo para consolidar la recuperación, para lo que considera «imprescindible y urgente» contar con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sánchez ha señalado además que los PGE son necesarios para «vehicular» las ayudas europeas que recibirá España y no ver comprometida la absorción de dichos recursos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se reunirán este martes a partir de las 18:00 horas para iniciar los trabajos de preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, según ha informado Moncloa.

En concreto, la titular de Hacienda se encargará de la preparación del anteproyecto de las cuentas públicas, la base con la que el Gobierno pretende impulsar «en los próximos meses las políticas progresistas que necesita España tras la pandemia con el respaldo de los fondos comunitarios».

En este sentido, desde Moncloa han insistido en que «la recuperación económica y social precisa, además del acuerdo europeo» alcanzado el pasado mes de julio entre los Veintisiete, de un nuevo acuerdo presupuestario.

En su primera declaración institucional tras la primera reunión del Consejo de Ministros después del verano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resaltó que la recuperación económica exige tener «cuanto antes» unos nuevos Presupuestos, una demanda que trasladará a las fuerzas políticas durante los encuentros que mantendrá esta semana.

El objetivo de Sánchez es aprobar unas nuevas cuentas públicas «con el mayor respaldo posible». «Necesitamos unos Presupuestos de país», ha apuntado en varias ocasiones, tras afirmar que los Presupuestos antiguos eran «inservibles» antes del Covid y ahora, tras la crisis, «son nocivos y contraproducentes».

Así, el presidente cree que la participación de las fuerzas políticas y su apoyo a unos nuevos Presupuestos «medirá la responsabilidad de todos los partidos, pero también su sentido de Estado».

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó a mediados de julio una Orden del Ministerio de Hacienda por la que se dictaban las normas para la elaboración de los PGE para 2021, dando así el pistoletazo de salida a las cuentas públicas del próximo año.

En ellas se plasmará la estrategia fiscal y presupuestaria del Gobierno para paliar los efectos negativos de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y contribuir con ello a definir las bases de la reconstrucción económica y social de España.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado en varias intervenciones que los PGE de 2021 son «imprescindibles para la reconstrucción social y económica del país» tras la pandemia.

Montero entiende que los Presupuestos deben ayudar a la reactivación económica mediante una apuesta por un crecimiento más sostenible y que permita la adaptación del tejido productivo a las nuevas realidades, como la digitalización.

Según el Gobierno, las nuevas cuentas harán una apuesta decidida por la cohesión, la justicia social y la igualdad de oportunidades, en definitiva, por el «fortalecimiento» del Estado de Bienestar, de forma singular por el «refuerzo» del sistema sanitario público para que cuente con los recursos suficientes ante cualquier situación futura.

La expansión de la actividad manufacturera de China se aceleró en agosto hasta máximos desde enero de 2011 ante el impulso de la demanda internacional tras levantarse las medidas de confinamiento, según refleja el índice PMI, elaborado por IHS Markit y Caixin, que subió a 53,1 puntos desde los 52,8 del mes anterior.

El incremento de la actividad manufacturera china en agosto refleja el aumento observado en la producción y en los nuevos pedidos, que crecieron al ritmo más pronunciado desde principios de 2011. En particular, los fabricantes registraron el primer aumento en las nuevas ventas de exportación desde diciembre de 2019.

Este incremento de la producción y de los nuevos pedidos permitió la estabilización del empleo en las fábricas chinas, donde la caída del número de trabajadores fue la más lenta en lo que llevamos de 2020 y algunas empresas aumentaron su plantilla debido al aumento de la carga de trabajo.

«En general, continuó la recuperación económica posterior a la epidemia en el sector manufacturero», señaló Wang Zhe, economista senior de Caixin Insight Group, quien destacó la expansión de la oferta y la demanda gracias al repunte de la demanda extranjera.

No obstante, el experto apuntó que empleo siguió siendo un foco importante, ya que la expansión de el empleo depende de la mejora a largo plazo de la economía.

«Los apoyos de la política macroeconómica son esenciales, especialmente cuando todavía persisten muchas incertidumbres en las economías nacionales y extranjeras», añadió Wang Zhe, advirtiendo frente a un endurecimiento prematuro de las políticas.

Por su parte, desde la consultora Capital Economics, el economista senior para China, Julian Evans Pritchard, destacó que los datos del PMI manufacturero de Caixin apuntan a un crecimiento más rápido de la actividad en agosto, a pesar de que la encuesta oficial, publicada este lunes, sugerían una leve desaceleración.

«A corto plazo, creemos que el estímulo continuo de las políticas debería mantener fuerte el crecimiento industrial. Y con la encuesta oficial de ayer que sugiere que el crecimiento del sector de servicios también se está acelerando, esto debería permitir que la economía en su conjunto vuelva a su tendencia anterior al virus para fin de año», añadió.

La nueva Ley Concursal, que incluye en un texto refundido las casi 30 modificaciones que ha sufrido esta norma desde su creación, entrará en vigor este martes, 1 de septiembre.

Este texto refundido, que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo, servirá de base para incorporar modificaciones en materia de transposición de directivas y otras reformas normativas, según señaló en su momento la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Existía además «abundante» normativa de la Unión Europea en materia concursal y un «prolijo» desarrollo de la misma que obligaba a plantear la aprobación de un Real Decreto.

Por ello, fruto del mandato del Parlamento para refundir, armonizar, clarificar y ordenar la legislación concursal, realizado en mayo de 2015 y renovado el 21 de febrero de 2019, el Gobierno aprobó en mayo un Real Decreto.

752 ARTÍCULOS ENTRAN EN VIGOR

El texto de la Ley Concursal hasta ahora vigente consta de 242 artículos agrupados en 10 títulos. El nuevo texto refundido cuenta con un total de 752 artículos divididos en tres libros: concurso de acreedores, derecho preconcursal y derecho internacional privado.

La nueva norma fue informada por el CGPJ, el Consejo Fiscal y lasSecretarías Generales Técnicas de los Ministerios coproponentes (Justicia y Asuntos Económicos y Transformación Digital) y fue objeto deinformación pública, recibiéndose más de 23 escritos de observaciones. También fue informada por el Consejo de Estado.

Pese a que se aprobó en mayo, el Gobierno decidió que el Real Decreto sobre la Ley Concursal entrara en vigor más tarde, el 1 de septiembre, para que todos los operadores jurídicos tuvieran tiempo suficiente de conocerlo.

LOS ADMINISTRADORES CREEN QUE ES MEJORABLE

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) considera insuficiente la reforma de la Ley Concursal que entra en vigor mañana y teme que el escaso margen dado para su entrada en vigor, así como la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, provoque un mayor colapso en los juzgados.

Esta asociación ve el Texto Refundido de la Ley Concursal «un buen punto de partida para mejorar la ley concursal» y trasponer la directiva europea de insolvencia, pero considera que «tal como está no va a ayudar a la viabilidad de las empresas, especialmente ante la crisis del Covid-19».

En este sentido, ve «imprescindible» que la ley recoja el acceso a la profesión del administrador concursal, así como su especialización y profesionalización para el buen funcionamiento de la ley, medidas no incluidas en la reforma.

Tampoco comparte el plazo dado para la entrada en vigor de la nueva ley, pues consideran que ha dado «muy poco tiempo» a jueces y administradores concursales para conocer el texto en profundidad, justo en un momento crítico debido al colapso en juzgados, y por ello propuso extender el plazo un año y otras medidas que eviten el colapso en los juzgados.

Es el caso de encargarse de la totalidad de los concursos de acreedores, la simplificación de la solicitud de concurso, la creación de juzgados de refuerzo o no computar pérdidas generadas desde la promulgación del estado de alarma.

El presidente de ASPAC, Diego Comendado, espera ahora que la trasposición completa de la directiva europea de insolvencia logre consolidar «una Ley Concursal que sea realmente útil para la sociedad y las empresas, en un momento en el que se hace más necesaria que nunca».

Gobierno, sindicatos y empresarios se reúnen este partes a partir de las 10.30 horas para retomar las negociaciones de cara a la regulación del trabajo a distancia, y lo harán con un nuevo texto sobre la mesa, remitido hace unos días a los agentes sociales.

El nuevo borrador, incorpora algunas novedades. Así, deja claro que la regulación del trabajo a distancia no será de aplicación para el personal laboral de las Administraciones Públicas, que se regirá por su normativa específica.

Al mismo tiempo, el texto clarifica los límites a la capacidad de las empresas para controlar y vigilar que los trabajadores a distancia cumplen con sus tareas, respetando su «dignidad» y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad para cumplir con sus obligaciones y deberes.

En el borrador anterior se establecía que las empresas podrían ejercer su derecho de control sobre el trabajo a distancia mediante el uso de medios telemáticos, en los términos previstos en la Ley de Protección de Datos.

El último texto sustituye este párrafo por otro en el que se especifica que la empresa podrá adoptar «las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar» que el trabajador a distancia cumple con sus obligaciones y deberes, «guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad».

Según fuentes del Ministerio de Trabajo, este párrafo no implica que se vaya a dar más poder a las empresas para controlar y vigilar a los trabajadores a distancia, sino que se trata de delimitar sus capacidades de control sobre esta modalidad laboral para que no existan lagunas legales.

Respecto a la no aplicación de esta futura regulación al personal laboral de las Administraciones Públicas, el borrador aclara que, hasta que no exista una normativa específica para este colectivo, se regirá por lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.

Dicho artículo consta de cinco apartados que, en términos generales, establecen que el acuerdo para el trabajo a distancia se formalizará por escrito y que los trabajadores de esta modalidad tendrán derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida para su grupo profesional y funciones; a una adecuada protección en materia de seguridad y salud, y a la formación profesional para el empleo, entre otros aspectos.

El resto del borrador apenas sufre cambios de calado respecto al texto anterior, en el que ya se habían suavizado algunas medidas que, sobre todo, no gustaron a los empresarios, como los costes que tendrían que asumir por el trabajo a distancia, eliminándose la referencia a costes directos e indirectos.

El anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia, que tiene como marco el acuerdo europeo sobre teletrabajo, será de aplicación a las relaciones laborales que se desarrollen a distancia con carácter regular, entendiéndose por regular cuando, en un plazo de referencia de tres meses, un mínimo del 20% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestada bajo esta modalidad. Precisamente este porcentaje es uno de los caballos de batalla de esta negociación.

SERÁ VOLUNTARIO Y REVERSIBLE

El texto distingue entre trabajo a distancia (actividad laboral desde el domicilio o el lugar elegido por el trabajador, con carácter regular); teletrabajo (trabajo a distancia realizado exclusivamente o de manera prevalente por medios y sistemas informáticos o telemáticos), y trabajo presencial (el que se presta en el centro de trabajo o en el lugar que elija la empresa).

Según el anteproyecto, los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y el empleador y requerirá la firma de un acuerdo. Será reversible y no constituirá causa justificativa de despido o de modificación sustancial de las condiciones laborales la negativa del trabajador a desempeñar su actividad a distancia, su falta de adaptación o ineptitud, o el ejercicio de reversibilidad (volver a la modalidad laboral anterior).

Las personas que trabajen a distancia tendrán prioridad para ocupar puestos que se realizan total o parcialmente de manera presencial, por lo que la empresa deberá informar de las vacantes disponibles. Tendrán derecho a la formación en términos equivalentes a los trabajadores presenciales; a la promoción profesional; a la desconexión digital; al derecho a la intimidad y protección de datos; a la seguridad y salud en el trabajo, y a recibir de la empresa los medios adecuados para desarrollar su actividad.

Según el anteproyecto, el desarrollo del trabajo a distancia «deberá ser sufragado o compensado por la empresa», sin que pueda suponer costes para el trabajador relacionados con equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad. La negociación colectiva o un acuerdo entre la empresa y sus representantes legales determinará el modo de compensación y abono de los mencionados gastos.

Los trabajadores a distancia podrán flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido y el sistema de registro horario «deberá reflejar fielmente» el tiempo de trabajo realizado, debiendo incluir el momento de inicio y finalización de la jornada y de los tramos de actividad.