La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha marcado un hito significativo en el ámbito de la fiscalidad internacional y las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. El fallo, emitido este jueves, ha avalado las ventajas fiscales que el Reino Unido ofreció a grandes multinacionales durante su pertenencia a la UE, un sistema que permitía a estas empresas reducir considerablemente su carga impositiva. Esta decisión supone un revés para la Comisión Europea, que había calificado estas prácticas como ilegales y exigía a Londres la recuperación de las ayudas concedidas.

El caso, que se remonta a 2019, ha puesto de manifiesto las complejidades del sistema fiscal internacional y las tensiones entre la soberanía fiscal de los Estados miembros y las normativas comunitarias sobre ayudas estatales. La sentencia del TJUE no solo anula la decisión previa del Tribunal General que respaldaba la posición de la Comisión Europea, sino que también cuestiona la interpretación de las normas aplicables a las sociedades extranjeras controladas (SEC) como marco de referencia para evaluar la existencia de ventajas selectivas. Este giro jurídico tiene implicaciones significativas para la política fiscal europea y el tratamiento de las multinacionales en el contexto post-Brexit.

El conflicto entre la normativa británica y las regulaciones europeas

El núcleo del conflicto radica en las normas fiscales que el Reino Unido aplicó entre 2013 y 2018 a las sociedades extranjeras controladas (SEC). Estas reglas permitían a ciertas multinacionales evitar el pago de impuestos en el Reino Unido sobre los beneficios generados por sus filiales en el extranjero. La Comisión Europea argumentaba que este sistema constituía una ayuda estatal ilegal, ya que ofrecía ventajas selectivas a un grupo específico de empresas.

La posición de Bruselas se basaba en la premisa de que estas exenciones fiscales facilitaban la transferencia de beneficios a jurisdicciones con menor carga impositiva o incluso a paraísos fiscales. Según la Comisión, este mecanismo permitía a las grandes corporaciones eludir sus obligaciones fiscales en el Reino Unido, generando una competencia desleal y socavando los principios del mercado único europeo.

Sin embargo, el TJUE ha considerado que tanto la Comisión como el Tribunal General cometieron un error de derecho al evaluar estas normas. El alto tribunal europeo ha determinado que el marco de referencia utilizado para examinar la existencia de ventajas selectivas no era el adecuado, cuestionando así la base misma de la argumentación de la Comisión Europea.

Implicaciones para la política fiscal y las relaciones post-Brexit

La sentencia del TJUE tiene ramificaciones significativas que van más allá del caso específico del Reino Unido. En primer lugar, establece un precedente importante en cuanto a la interpretación de las normas sobre ayudas estatales en el contexto de la fiscalidad internacional. Este fallo podría influir en futuros casos similares dentro de la UE, potencialmente limitando la capacidad de la Comisión para intervenir en las políticas fiscales nacionales.

Además, la decisión del tribunal arroja luz sobre la complejidad de las relaciones fiscales entre la UE y el Reino Unido en la era post-Brexit. Aunque el caso se refiere a un período en el que el Reino Unido aún era miembro de la UE, las consecuencias de esta sentencia podrían tener un impacto en las negociaciones y acuerdos futuros entre ambas partes, especialmente en lo que respecta a la armonización fiscal y la competencia económica.

Por otro lado, este fallo podría incentivar a otros países, tanto dentro como fuera de la UE, a revisar sus propias políticas fiscales dirigidas a atraer inversiones de grandes multinacionales. La validación de las prácticas británicas por parte del TJUE podría ser interpretada como una luz verde para implementar sistemas similares, lo que potencialmente podría desencadenar una carrera a la baja en términos de imposición corporativa.

El debate sobre la justicia fiscal y la competencia global

La sentencia del TJUE reaviva el debate sobre la justicia fiscal en un contexto de economía globalizada. Por un lado, los defensores de políticas fiscales más flexibles argumentan que estas son necesarias para mantener la competitividad en un mercado global y atraer inversiones que generen empleo y crecimiento económico. Sostienen que los países deben tener la libertad de diseñar sus sistemas fiscales de acuerdo con sus propias necesidades y estrategias económicas.

Por otro lado, los críticos de estas prácticas advierten sobre los riesgos de una competencia fiscal desenfrenada entre naciones. Argumentan que las ventajas fiscales otorgadas a las grandes multinacionales pueden llevar a una erosión de la base imponible, reduciendo los recursos disponibles para los servicios públicos y aumentando la carga fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores.

Este caso también pone de relieve la necesidad de una mayor coordinación internacional en materia fiscal. Iniciativas como el acuerdo global sobre un impuesto mínimo para las multinacionales, impulsado por la OCDE, buscan abordar estos desafíos. Sin embargo, la sentencia del TJUE demuestra que aún existen importantes obstáculos legales y políticos para lograr una verdadera armonización fiscal a nivel internacional.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido un informe exhaustivo sobre la situación financiera de las principales ciudades españolas, revelando una realidad preocupante. Este análisis minucioso pone de manifiesto los diversos retos que enfrentan los ayuntamientos, algunos de los cuales se encuentran al borde de una crisis económica irreversible.

El informe de la AIReF clasifica a las entidades locales de más de 20,000 habitantes en cinco grupos, en función de su situación económica y su capacidad para recuperarse en los próximos años. Los hallazgos de este estudio son verdaderamente inquietantes, ya que destacan que tres municipios se encuentran en un nivel «crítico», sin posibilidad de retornar a una situación financiera sostenible.

Situación Crítica: Jaén, Jerez de la Frontera y Parla

Los ayuntamientos de Jaén, Jerez de la Frontera y Parla han sido clasificados por la AIReF como las tres corporaciones locales en una situación «crítica», donde no se vislumbra una posible recuperación. Estos municipios enfrentan una crisis financiera profunda, con indicadores económicos alarmantes que ponen en riesgo su viabilidad a largo plazo.

Según el informe, estos ayuntamientos presentan una deuda financiera elevada en relación a sus ingresos corrientes, un prolongado período medio de pago a proveedores, un remanente de tesorería negativo y un saldo no financiero deficitario. Todos estos factores confluyen para crear una situación económica insostenible, sin perspectivas de mejora en un futuro próximo.

La clasificación de la AIReF coincide con la opinión de otros organismos económicos, quienes también consideran que estos municipios no lograrán salir de la quiebra, incluso con la ayuda del Gobierno central. Esta situación crítica plantea serios desafíos para la prestación de servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos en estas localidades.

Riesgo Muy Alto: Algeciras, Los Barrios y Navalcarnero

Además de los tres ayuntamientos en situación «crítica», la AIReF ha identificado otros municipios en un nivel de «riesgo muy alto». Estos son Algeciras, Los Barrios y Navalcarnero, cuya recuperación económica se estima en un período de entre 40 y 100 años.

Estos ayuntamientos también presentan graves problemas financieros, aunque con una perspectiva de recuperación a más largo plazo. La acumulación de deuda, los elevados períodos de pago a proveedores y los déficits presupuestarios son algunas de las principales preocupaciones que enfrenta este grupo de municipios.

La AIReF advierte que, si bien estos ayuntamientos cuentan con más tiempo para revertir su situación, el camino hacia la sostenibilidad será arduo y requerirá de medidas enérgicas y sostenidas en el tiempo. La implementación de estrategias de saneamiento financiero y la búsqueda de soluciones innovadoras serán cruciales para que estas ciudades puedan superar sus desafíos económicos.

Riesgo Alto: Alcorcón, Arcos de la Frontera, Barbate y otros

Además de los grupos en situación «crítica» y de «riesgo muy alto», la AIReF también ha identificado a seis entidades locales en un nivel de «riesgo alto», con un posible retorno a la estabilidad económica en un período entre 20 y 40 años. Estos municipios son Alcorcón, Arcos de la Frontera, Barbate, Gandía, Los Palacios y Villafranca y Totana.

Estos ayuntamientos, si bien enfrentan serios problemas financieros, cuentan con mejores perspectivas de recuperación que los grupos anteriores. La AIReF destaca que, a pesar de los desafíos, estos municipios podrían revertir su situación en un plazo de dos a cuatro décadas, siempre y cuando implementen medidas efectivas de saneamiento y gestión financiera.

La clave para este grupo de ciudades será implementar planes de ajuste presupuestario, reducir su endeudamiento y mejorar la eficiencia en el manejo de recursos. Además, la colaboración con el Gobierno central y la adopción de buenas prácticas de gestión serán fundamentales para que estos ayuntamientos puedan alcanzar la sostenibilidad financiera a mediano plazo.

En conclusión, el informe de la AIReF pone de manifiesto la compleja realidad financiera que enfrentan numerosos ayuntamientos en España. Desde la situación crítica de Jaén, Jerez de la Frontera y Parla, hasta los diferentes niveles de riesgo identificados en otras ciudades, queda en evidencia la necesidad urgente de implementar estrategias integrales de saneamiento y recuperación económica. Solo a través de un enfoque integral y el compromiso de todas las partes involucradas, estas corporaciones locales podrán superar los desafíos y asegurar la prestación de servicios públicos de calidad para sus ciudadanos.

El Comité de Política Monetaria y Estabilidad Financiera del Norges Bank, el banco central de Noruega, ha decidido este jueves mantener la tasa de referencia sin cambios en el 4,5%, en máximos desde diciembre de 2008. Sin embargo, la gobernadora Ida Wolden Bache ha abierto la puerta a flexibilizar su política monetaria en un futuro próximo.

«Creemos que será necesario mantener el tipo de interés oficial en su nivel actual durante un tiempo, pero el momento de relajar la política monetaria se está acercando», ha explicado Bache, si bien también ha reconocido que los tipos «probablemente» no se moverán en lo que queda de año.

La debilidad de la corona noruega, un obstáculo para doblegar la inflación

En el comunicado que motiva su decisión, el Norges Bank se ha mostrado preocupado con la debilidad de la corona noruega, que en lo que va de año ha perdido el 3% de su valor frente al dólar y alrededor de un 4% respecto del euro.

Esta depreciación, junto con el «rápido ascenso en los costes empresariales», estarían obstaculizando los esfuerzos del instituto emisor por doblegar la inflación, a pesar de que esta habría subido menos de lo previsto que en sus previsiones de junio.

Perspectivas económicas: tipos al 4,5% este año, bajadas en 2024 y aceleración del crecimiento

En cuanto al futuro, el banco central pronostica que los tipos cerrarán en el 4,5% este 2024 y que comenzarán a bajar en el primer trimestre del año que viene. Después, el crecimiento económico se acelerará «ligeramente», el paro «probablemente» repuntará y la inflación se acercará al 2% para finales de 2027.

De esta manera, el Banco de Noruega se desmarca de las últimas bajadas de tipos llevadas a cabo estos mismos días tanto por el Banco Central Europeo (BCE), que los rebajó un cuarto de punto el pasado jueves, como ayer mismo la Reserva Federal de Estados Unidos, que aprobó un descenso de medio punto.

La noticia de la renuncia del presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez Pérez, ha causado revuelo en los círculos empresariales de la región. Después de 3 años al frente de la entidad, Pérez ha decidido dar un paso al costado, dejando un legado de importantes logros y una profunda huella en la institución.

Bajo su liderazgo, la Cámara de Comercio de Cali ha experimentado una notable transformación, convirtiéndose en un motor clave para el desarrollo económico y social de la región. Pérez ha sido ampliamente reconocido por su capacidad de tender puentes y su visión estratégica, logrando posicionar a la Cámara como una institución más competitiva, sostenible y con mayor impacto social.

Impulsando la Internacionalización y el Crecimiento Empresarial

Una de las principales contribuciones de Pérez durante su presidencia ha sido el impulso a la internacionalización de la Cámara de Comercio de Cali. Bajo su gestión, la entidad logró incrementar significativamente el número de empresas acompañadas en sus procesos de internacionalización, pasando de 263 a 583 entre 2021 y 2024. Este esfuerzo se enfocó particularmente en las micro y pequeñas empresas, brindándoles las herramientas y el apoyo necesarios para expandir sus horizontes más allá de las fronteras nacionales.

Además, Pérez lideró la puesta en marcha de la Plataforma Empresarial del Pacífico, una iniciativa en alianza con las Cámaras de Comercio de Tumaco, Cauca, Buenaventura y Chocó. Esta plataforma ha sido fundamental para impulsar la internacionalización de las empresas ubicadas a lo largo del litoral pacífico colombiano, fortaleciendo su competitividad y proyección global.

Preparando el Camino para el Futuro

La salida de Luis Fernando Pérez de la presidencia de la Cámara de Comercio de Cali ha sido descrita como una «renuncia irrevocable», sin que se hayan revelado los motivos detrás de esta decisión. Sin embargo, la junta directiva de la institución ha asegurado que se iniciará un proceso de selección a través de una firma cazatalentos para identificar al sucesor idóneo que continuará con la labor de liderazgo y transformación de la entidad.

Mientras tanto, Pérez permanecerá al frente de la Cámara hasta el 30 de noviembre de 2024, asegurando una transición ordenada y garantizando la continuidad de los proyectos en curso. La junta directiva y los colaboradores de la Cámara han expresado su agradecimiento a Pérez por su dedicación y por haber sentado las bases para un futuro aún más próspero y prometedor.

La semana pasada en Estados Unidos, se registró una disminución en las peticiones de subsidio por desempleo, lo que constituye una buena señal para la economía del país. Según los datos publicados por el Departamento de Trabajo, la cifra descendió en 12.000 personas, alcanzando un total de 219.000 solicitudes.

Además, el número de perceptores de esta prestación también se redujo en 14.000, llegando a los 1,829 millones. En comparación con el mismo periodo del año anterior, la cifra de beneficiarios ha aumentado en 36.000 personas.

Variaciones Regionales en las Solicitudes de Subsidio

Los principales incrementos en las solicitudes de subsidio se dieron en los Estados de Nebraska (628), Wisconsin (504), Iowa (403), Virginia (303) y Minnesota (248). Por el contrario, las caídas más pronunciadas se registraron en Nueva York (-2.878), California (-1.370), Ohio (-1.086), Míchigan (-1.042) y Georgia (-891).

Estas variaciones regionales reflejan la heterogeneidad del mercado laboral estadounidense, donde algunas áreas muestran una mayor fortaleza mientras que otras enfrentan desafíos en términos de desempleo.

Mejora en la Tasa de Desempleo y Creación de Empleo

Según los datos, la tasa de paro en EE.UU. bajó una décima en agosto, situándose en el 4,2%. Además, se crearon 142.000 empleos no agrícolas, una cifra muy superior a los 89.000 nuevos puestos del séptimo mes de 2024.

El número de desempleados en agosto fue de 7,115 millones, incluyendo 1,533 millones de desempleados de larga duración, que representaron el 21,5% del total de desocupados.

Por otro lado, el número de personas empleadas a tiempo parcial por motivos económicos creció en 264.000, hasta los 4,830 millones. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se mantuvo estable en el 62,7%.

En resumen, los datos presentados reflejan una mejora en el mercado laboral estadounidense, con una disminución en las solicitudes de subsidio por desempleo, una reducción en la tasa de paro y una sólida creación de empleo. Estas tendencias positivas sugieren que la economía del país está recuperándose y que el **mercado laboral se encuentra en una *fase de fortalecimiento*.

La Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha realizado una visita de dos días a Barcelona, donde se ha reunido con diversas organizaciones empresariales para abordar uno de los temas clave en la agenda laboral: la reducción de la jornada laboral.

Esta reunión se enmarca en el contexto de las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales sobre esta iniciativa, que busca mejorar la conciliación laboral y bienestar de los trabajadores. La Ministra ha buscado establecer un diálogo constructivo con el sector empresarial catalán, con el objetivo de encontrar soluciones equilibradas que beneficien tanto a trabajadores como a empleadores.

La Patronal Catalana Participa en el Debate

En la sede de Foment, la patronal catalana, la Ministra Díaz se ha reunido con un grupo selecto de líderes empresariales de diversos sectores, entre los que se encuentran representantes de Pimec, Fecic, Aspapel, Vall Companys Grupo, la Unión de Federaciones Deportivas de Catalunya, Confecat, Cedac, el Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas, el Gremio de la Industria y Comunicación Gráfica de Catalunya, Cecot, ATA Catalunya, el Institut Agrícola Català de Sant Isidre y la Unión Patronal Metalúrgica.

En este encuentro, se ha abordado en profundidad la propuesta de reducción de jornada laboral impulsada por la Ministra, buscando encontrar puntos de consenso y acercamiento entre las posturas del Gobierno y del sector empresarial. Los asistentes han expuesto sus preocupaciones, desafíos y necesidades específicas, con el objetivo de alcanzar soluciones que equilibren los intereses de todas las partes involucradas.

Un Diálogo Fundamental para el Futuro Laboral

Esta reunión de alto nivel entre la Ministra de Trabajo y los principales líderes empresariales catalanes demuestra la importancia que el Gobierno otorga al diálogo social y a la colaboración con el sector privado en la definición de políticas laborales.

Al abordar una iniciativa tan trascendental como la reducción de la jornada laboral, es fundamental escuchar las perspectivas y necesidades del mundo empresarial, a fin de encontrar soluciones innovadoras que impulsen la productividad, la competitividad y el bienestar de los trabajadores.

Este tipo de encuentros de alto nivel entre el Gobierno y la patronal son cruciales para construir puentes de entendimiento, generar confianza y colaboración, y así avanzar hacia un futuro laboral más equitativo y sostenible para todos los actores involucrados.

El Banco Central de Turquía ha tomado una decisión crucial en su última reunión de política monetaria, manteniendo la tasa de referencia en el 50% por sexta vez consecutiva. Esta medida refleja la delicada situación económica que enfrenta el país, equilibrando la necesidad de controlar la inflación con el deseo de estimular el crecimiento económico. La decisión del banco central turco se produce en un contexto de incertidumbre global, donde las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones en los mercados financieros internacionales añaden complejidad a la toma de decisiones económicas.

La eliminación de las referencias explícitas a un posible endurecimiento de la política monetaria marca un cambio sutil pero significativo en la comunicación del banco central. Este ajuste en el tono sugiere una postura más flexible y adaptativa frente a los desafíos económicos futuros. El Comité de Política Monetaria parece estar abriendo la puerta a una posible relajación de la política monetaria en el futuro, siempre y cuando las condiciones económicas lo permitan y la inflación muestre signos consistentes de moderación.

Evolución de la demanda interna y su impacto en la inflación

La demanda interna en Turquía ha sido históricamente un factor clave en la dinámica inflacionaria del país. El banco central ha observado una moderación en esta demanda, lo cual está teniendo un efecto positivo en la contención de las presiones inflacionistas. Esta tendencia es particularmente notable en los indicadores económicos del tercer trimestre, sugiriendo que las medidas de política monetaria implementadas anteriormente están comenzando a surtir efecto.

La disminución del impacto inflacionario de la demanda interna es una señal alentadora para la economía turca. Indica que el consumo y la inversión doméstica están ajustándose a un ritmo más sostenible, lo que puede contribuir a un crecimiento económico más equilibrado a largo plazo. Este desarrollo también refleja la efectividad de las políticas monetarias restrictivas que se han mantenido en los últimos meses.

Sin embargo, es importante señalar que la moderación de la demanda interna también puede ser un indicador de cierta desaceleración económica. El banco central deberá monitorear cuidadosamente este aspecto para asegurarse de que la economía no pierda demasiado impulso, lo que podría requerir ajustes en la política monetaria en el futuro cercano.

Perspectivas para el sector servicios y posibles ajustes de política

El Banco Central de Turquía ha expresado optimismo respecto a las perspectivas de inflación en el sector servicios para el cuarto trimestre del año. Esta previsión es particularmente relevante, ya que el sector servicios representa una parte significativa de la economía turca y ha sido históricamente un área de preocupación en términos de presiones inflacionarias.

La anticipación de mejoras en las lecturas de inflación del sector servicios podría ser un factor determinante en la toma de decisiones futuras sobre la política monetaria. Si estas expectativas se materializan, podrían abrir el camino para un posible recorte de tipos de interés hacia finales de año. Tal movimiento sería una señal clara de que la economía turca está entrando en una fase de mayor estabilidad y que las autoridades monetarias confían en su capacidad para mantener la inflación bajo control.

No obstante, es crucial que cualquier decisión de relajar la política monetaria se tome con extrema cautela. La economía turca aún enfrenta desafíos significativos, incluyendo la volatilidad de la lira y las presiones externas derivadas de la situación económica global. El banco central deberá sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios de cualquier ajuste en las tasas de interés, asegurándose de que la estabilidad de precios se mantenga como prioridad sin comprometer las perspectivas de crecimiento económico.

Implicaciones para la economía turca y el panorama internacional

La decisión del Banco Central de Turquía de mantener las tasas de interés estables tiene implicaciones significativas tanto para la economía doméstica como para la percepción internacional de Turquía como destino de inversión. La estabilidad en la política monetaria puede interpretarse como una señal de confianza en la trayectoria económica actual del país, lo cual podría atraer inversiones extranjeras y fortalecer la lira turca en los mercados internacionales.

Para la economía doméstica, la continuidad en las tasas de interés proporciona un entorno predecible para las empresas y los consumidores. Esto puede fomentar la planificación a largo plazo y estimular la inversión en sectores clave de la economía. Sin embargo, las altas tasas de interés también significan costos de financiamiento elevados para las empresas y los hogares, lo que podría limitar el crecimiento económico en el corto plazo.

En el contexto internacional, la postura del banco central turco se alinea con las tendencias globales de cautela en la política monetaria. Muchos bancos centrales alrededor del mundo están navegando un delicado equilibrio entre combatir la inflación y apoyar el crecimiento económico en un entorno de incertidumbre geopolítica y económica. La capacidad de Turquía para mantener la estabilidad en su política monetaria en este contexto desafiante puede mejorar su credibilidad en los mercados financieros internacionales.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) ha publicado un informe detallando las principales problemáticas y el impacto que tiene la fragmentación regulatoria de las comunidades autónomas sobre las grandes empresas de distribución en España. El informe revela que cinco comunidades autónomas – Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra y Asturias – gravan a los grandes establecimientos comerciales con un tributo específico.

Según el estudio, esta fragmentación regulatoria impone diversas restricciones a las grandes empresas, como limitaciones a las promociones que se llevan a cabo en hasta once comunidades, lo que agrava su situación frente a las grandes plataformas digitales que basan buena parte de su negocio en campañas promocionales. Además, la apertura de nuevos establecimientos sigue sujeta a un proceso administrativo lento y complejo que, en la práctica, supone una intervención en la configuración de la oferta comercial.

Hacia una Mayor Integración del Mercado Interno

En este contexto, el informe de Anged surge a raíz del anuncio realizado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerdo, sobre una iniciativa para impulsar la Unidad de Mercado a través de lo que ha denominado un ‘Régimen 18.

Cabe destacar que, en su análisis sobre la Unidad de Mercado en la Unión Europea, Enrico Letta ya había demandado prestar especial atención al comercio minorista, donde existe poca voluntad política para una mayor integración y el proteccionismo localizado obstruye la entrada al mercado, inhibe la competencia y, por lo tanto, perjudica tanto a nuevos productores como a consumidores potenciales.

Necesidad de Armonización Normativa

Ante este escenario, resulta evidente la necesidad de una mayor armonización normativa a nivel nacional, que permita a las grandes empresas de distribución operar en condiciones más equitativas y competitivas. Esta integración del mercado interno beneficiará no solo a las empresas, sino también a los consumidores, quienes podrán acceder a una oferta más amplia y diversa de productos y servicios.

La fragmentación regulatoria impuesta por las comunidades autónomas representa un desafío importante para las grandes empresas de distribución, que se ven sometidas a una serie de restricciones que afectan directamente a su capacidad de competir en igualdad de condiciones. La iniciativa del Gobierno para impulsar la Unidad de Mercado a través del ‘Régimen 18’ podría ser un paso en la dirección correcta, siempre y cuando se aborde de manera efectiva la necesidad de armonización normativa en el sector del comercio minorista.