El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha apostado este martes por explorar «todas las opciones posibles» para encontrar una solución al veto que mantienen Hungría y Polonia al presupuesto comunitario y al fondo de recuperación para desbloquear un dinero que es «muy necesario» en una situación de «profunda» crisis económica.

«Está claro que tenemos que trabajar intensamente y explorar todas las opciones posibles para asegurar que podemos avanzar porque estamos en una crisis económica profunda», ha afirmado el letón en la rueda de prensa posterior a la reunión virtual de los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

«Este dinero es muy necesario para nuestra economia, los ciudadanos y las empresas. Así que trabajaremos intensamente para asegurar que una solucion cercana», ha añadido el máximo responsable económico del Ejecutivo comunitario.

Dombrovskis ha recordado, además, que estos dos países son los únicos que se oponen al mecanismo de condicionalidad que supedita el desembolso de las ayudas europeas al respeto del Estado de derecho, que es apoyado por los otros 25 Estados miembros.

En la misma comparecencia, el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, que ostenta hasta que finalice el año la presidencia de turno del Ecofin, ha confiado en que pueda lograrse «pronto» porque el plan de recuperación es «importante» para todas las capitales del bloque, incluidos Budapest y Varsovia.

«No creo que nadie sea tan insensato como para evitar un acuerdo», ha añadido el titular alemán de Finanzas, quien ha garantizado que hará «todo lo posible» para no tener que discutir un «plan B» con el que sacar adelante el plan de recuperación sin estos dos países.

Hungría y Polonia se siguen negando a dar su visto bueno a la ratificación del presupuesto de la UE para los próximos siete años y del fondo de recuperación de 750.000 millones diseñado para relanzar la economía europea en plena crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

La posición de estos dos socios amenaza con retrasar aún más la llegada de las ayudas del plan contra la crisis, que antes del bloqueo no se esperaban para antes del verano de 2021, momento en el que Bruselas pretende emitir por primera vez los bonos con los que financiará el proyecto.

Las cofradías de pescadores de la ría de Arousa y las empresas comercializadoras de vieira han acordado suspender este año la campaña de extracción de vieira, que debía comenzar estos días.

«Eso no significa que en estas Navidades no vaya a haber vieira en los mercados», tranquilizan desde el sector, pero «deberá ser congelada».

La decisión ha venido motivada por la necesidad de dar salida a las abundantes existencias de vieira congelada con el que ahora mismo cuentan los almacenes frigoríficos de las empresas comercializadoras. «Si la campaña de Navidad funciona bien y damos salida a ese stock los barcos saldrán a faenar en enero para volver a tener vieira almacenada«, explica José Luis Souto, gerente de Porto de Cambados, una de las empresas que comercializa este marisco.

Souto reconoce que él habría sido partidario de mantener la campaña de extracción navideña, si bien reduciéndola a un tercio del cupo que normalmente se extrae. «Para así poder ofrecer tanto producto fresco como congelado».

Finalmente y ante las perspectivas de que las ventas de la campaña de esta Navidad puedan ser menores que las de años anteriores, mariscadores y empresas acordaron dar prioridad a la salida del stock de producto congelado con el que ahora cuentan.

El gerente de Porto de Cambados califica el año como «desastroso» para la vieira. Así, recuerda que las ventas fueron muy escasas durante el verano y prácticamente nulas en el otoño, tras el cierre de la hostelería.

«Esperamos que el consumidor confíe en la vieira congelada estas Navidades y poder salvar por lo menos algo de la temporada», indica. No en vano, las ventas de la campaña de Navidad suponen el 40% de la facturación anual de las empresas comercializadoras de vieira.

Hostelería de España considera «inadmisible» y «lamentable» que el plan de rescate para bares y restaurantes anunciado por el Gobierno en las últimas semanas siga sin aprobarse cuando el sector vive una situación «desesperada» que se agrava cada día, según ha informado en un comunicado.

De esta forma, la patronal hostelera, tras la falta de actuación del Ejecutivo, está trabajando en el marco de la alianza con Competur, en la obtención de ayudas directas en Bruselas, y ya ha comenzado una ronda de contactos y reuniones con europarlamentarios para explicar las necesidades y demandas, donde las ayudas sean de carácter urgente y se devengan de fondos de emergencia previstos para España.

El sector hostelero español observa cómo en el resto de Europa los anuncios de restricciones han ido acompañados de manera simultánea con planes de ayudas proporcionales que eviten la ruina del sector.

De esta forma, la patronal destaca el caso de Alemania y los Países Bajos que han destinado entre 10.000 y 15.000 millones de euros respectivamente, seguidos por Francia, en el que se destinan 6.000 millones de euros a las ayudas directas para bares y restaurantes.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha lamentado que las ayudas al sector no hayan ido en este Consejo de Ministros. Tras nueves meses de restricciones, e incluso el cierre en gran parte del país, la hostelería se encuentra en una situación desesperada y de desamparo total por parte del Gobierno. Es incomprensible que anunciaran hace más de un mes un plan de Rescate al sector y parece que nunca llega», ha denunciado.

Bares y restaurantes subrayan que la inacción del Gobierno y sus promesas incumplidas podría suponer el cierre de un tercio de los establecimientos, hasta 100.000, y la pérdida de entre 900.000 y 1,1 millones de empleos, entre directos e indirectos, según las previsiones en el peor de los escenarios.

Se trata de una falta de respeto absoluta del Gobierno hacia un sector motor de nuestra economía. Todos esos trabajadores están desamparados por un Gobierno que prometió no deja a nadie en el camino», ha indicado.

La hostelería sigue reclamando ayudas directas, que estiman en 8.500 millones de euros, que son necesarias y siguen siendo reclamadas en la calle con protestas hosteleras en distintos sitios del país, donde empresarios y trabajadores denuncian el desamparo del Gobierno central.

El Banco de España ha confirmado que el Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, cerró noviembre en -0,481%, su cuarto mínimo histórico consecutivo.

Este lunes, último día del mes, el indicador se situó en -0,487%, lo que arroja esa media mensual del -0,481%. Son cuatro meses seguidos de récords a la baja y seis meses consecutivos de caídas, dejando ya atrás el periodo de fuertes ascensos que experimentó tras el estallido de la pandemia del coronavirus.

Esto supone que las hipotecas de 120.000 euros a 20 años con un diferencial de Euríbor +1% a las que les toque revisión experimentarán un abaratamiento de 130,56 euros en su cuota anual respecto al mismo mes del año pasado o, lo que es lo mismo, de 10,88 euros al mes.

Los datos correspondientes al mes de noviembre muestran también un descenso, hasta el -0,481%, del míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000.

El director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, ha explicado que, al contrario que en otros sectores, las buenas noticias que han llegado sobre las diferentes vacunas en el mercado para combatir al coronavirus no han tenido, por el momento, ninguna repercusión en el Euríbor.

«El sector de la vivienda suele reaccionar de una manera más lenta a los cambios macroeconómicos de los países. Por eso, el hecho de que se haya anunciado una nueva vacuna no ha afectado a un índice tan sensible como puede ser el Euríbor», ha explicado Colombelli, quien vaticina, al menos, tres años más del indicador en tasas negativas.

De su lado, el Departamento de Análisis de Bankinter sitúa la cotización del Euríbor dentro de un año entre el -0,15% y el -0,05%, y recientemente el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aseguró que los mercados creen que la situación podría mantenerse «hasta más allá del 2030».

¿TIPO FIJO O VARIABLE?

En este escenario, aquellos que tienen contratada una hipoteca a tipo variable referenciada al Euríbor tendrán una notable rebaja al cierre de 2020, pero también las hipotecas a tipo fijo se verán beneficiadas por la guerra hipotecaria que se libra entre los bancos por tener las más competitivas, apuntan desde iAhorro.

Desde el comparador HelpMyCash aprecian que una hipoteca variable «parece actualmente un buen negocio, especialmente si su periodo de devolución es corto», pero aún así aconsejan a los interesados que calculen si podrían pagar las cuotas en caso de que el Euríbor subiera a medio o a largo plazo.

Por otro lado, el experto de iAhorro ha destacado el papel de la subrogación, ya que la mayoría de las entidades están dispuestas a asumir las hipotecas de otros bancos mejorando las condiciones de sus clientes. «Estamos ante un momento espectacular para subrogar, tanto a fijo como variable, si hemos comprado una casa en los últimos diez años», ha asegurado.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 permitirán dar continuidad al esquema de protección de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) «mientras que la evolución de la crisis sanitaria lo haga necesario».

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender las cuentas de su Departamento, donde ha subrayado que mantener el empleo, «tal como se ha hecho, permite garantizar las rentas y proteger a las personas trabajadoras».

«Este mecanismo de raíz europea ha solventado el envite más duro de la crisis y la flexibilidad interna que propicia será, sin duda, clave para seguir preservando, en el futuro, el tejido productivo y empresarial de nuestro país», ha dicho refiriéndose a los ERTE.

Durante su intervención, ha apuntado que con estas nuevas cuentas públicas se deja atrás la austeridad y los recortes y se trabaja en dar más derechos a la ciudadanía, en que haya mejores servicios y prestaciones públicas y en impulsar la actividad económica y el empleo.

También ha puesto en valor que la Europa con la que se ha dialogado este presupuesto es «de una sola velocidad» y que está reconstituida sobre las personas, «un motor humano que impulsará escenarios más justos, más igualitarios y más sostenibles.

Para Díaz, es necesario que España europeíce las políticas de trabajo y equipare las condiciones laborales con los países más avanzados del entorno español.

Necesitamos reformas igual que necesitamos inversión«, ha dejado claro la ministra, que ve necesario también una nueva generación de políticas activas de empleo, «con una hoja de ruta común, de la mano de las comunidades autónomas y de los agentes sociales.

En esta línea, Díaz ha indicado que la formación laboral «cobra especial importancia». De hecho, piensa que las transformaciones productivas y los cambios en el futuro del trabajo «van a requerir un enorme esfuerzo en el ámbito de la formación profesional».

NUEVO CONTRATO SOCIAL

La ministra ha explicado que con estas cuentas se están redactando «las bases del nuevo contrato social que se necesita», un contrato que «habla de cohesión, de innovación, de crecimiento inclusivo y de equidad», pero también que palía brechas y que tiene el empleo de calidad «como alma necesaria de la transformación».

No obstante, ha remarcado que los Presupuestos cuentan con políticas sociales transversales para frenar el daño que ha producido el proceso de descomposición de las rentas medias y permitir la movilidad social y laboral.

«Esas cuentas vinculan el desarrollo económico y social a la cooperación de todos los agentes que crean valor en una sociedad», ha incidido Díaz, que ha hecho hincapié en que es ahí «donde se dan la mano lo público, el trabajo y las empresas». «Es clave la cooperación y es imprescindible la dirección, el horizonte, el quién», ha añadido.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha remitido una carta a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, solicitando al Ejecutivo una prórroga de 18 meses de la directiva europea de pagos.

Según ha argumentado la Confederación a través de un comunicado, este aplazamiento es «esencial» para armonizar la duración de los periodos de transición y evitar la disminución de las transacciones en toda la Unión Europea.

El pasado 14 de septiembre de 2019 estaba prevista la entrada en vigor de un nuevo requerimiento denominado SCA (Strong Customer Authentication) dentro de la directiva europea PSD2 2015/2366 sobre servicios de pago en el mercado interior, que regula los estándares de seguridad en las transacciones de pago online. La SCA se aplicará a transacciones de pago online dentro del espacio económico europeo y requerirá al consumidor final un nivel más de autentificación respecto a las transacciones actuales.

Con el fin de gestionar y poner en marcha su implementación, los gobiernos de los países europeos acordaron con la UE, en un principio, una moratoria de un año y medio en su implementación, prorrogando así la entrada en vigor al 31 de diciembre de 2020.

Sin embargo, Cehat apunta que la información que ha recibido el sector empresarial para la implementación de la SCA no ha sido suficientemente específica y concisa en lo que se refiere a concienciación, desarrollo e implementación de este requerimiento.

En este sentido, la Confederación ha asegurado que en este momento, los emisores necesitan, al menos, 18 meses para completar la inscripción del titular de la tarjeta en las soluciones compatibles con la SCA. A esto se suman otros factores como que la mayoría de los titulares aún no están inscritos en soluciones compatibles con este requerimiento o que el 35% de los consumidores europeos no dispone actualmente de un smartphone con capacidad biométrica –funcionalidad necesaria para esta autentificación– y están menos familiarizados con el comercio electrónico.

Un periodo de transición más corto tendrá un impacto negativo en los consumidores y comerciantes», apunta Ramón Estalella, secretario general de Cehat, que considera que, con los plazos actuales, no habrá tiempo suficiente para inscribir a los consumidores en soluciones de autenticación fáciles de usar y que las altas tasas de abandono generadas por el uso de un PIN o contraseña afectarán negativamente al comercio y ralentizarán su desarrollo en Europa.

En esta misma línea, diferentes asociaciones europeas se han unido para crear un manifiesto a través del cual solicitan una nueva moratoria en la implementación de la Directiva y el aplazamiento ha sido ya aprobado por países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Irlanda o Eslovenia.

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a realizar contribuciones voluntarias a tres organizaciones vinculadas al sector agroalimentario por valor de 59.482 euros.

De esta cantidad, 29.282 euros tendrán como destino la Asociación Europea de Producción Animal, una organización internacional de carácter científico fundada en 1949 bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La iniciativa ‘4 por 1.000’ recibirá un total de 20.200 euros. Su objetivo es aumentar el contenido de carbono orgánico de los suelos para que éstos se conviertan en sumideros de carbono, mitiguen el cambio climático y mejoren su resiliencia.

Y el Sistema de Información de Mercados Agrícolas, plataforma interinstitucional lanzada en 2011 por los ministros de Agricultura de los países del G20, recibirá un apoyo de 10.000 euros.

El Departamento liderado por Luis Planas realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional dedicadas al desarrollo de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros y de la industria agroalimentaria y de la alimentación.

Las ventas de motocicletas en España disminuyeron un 18,5% en noviembre, situándose en las 10.725 unidades, por lo que acumulan un descenso del 13,6% en lo que va de año, con 142.563 unidades.

Según datos de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), el mes pasado se entregaron 1.299 ciclomotores, un 12,5% menos, aunque entre enero y noviembre se vendieron 18.963 unidades, un 10,1% más.

Además, se comercializaron 151 triciclos en España en noviembre, un 19,3% menos, aunque sus ventas caen un 8,8% este año, con 2.119 unidades. También se entregaron 184 cuatriciclos ligeros en noviembre (-24,2%) y 248 cuatriciclos pesados (+34,8%), mientras que en lo que va de año se vendieron 1.789 cuatriciclos ligeros (-27,7%) y 2.272 cuatriciclos pesados (+15,3%).

De esta manera, el total del mercado del sector dos ruedas cayó un 17,4% en noviembre, con 12.607 unidades, mientras que en lo que va de año acumula un descenso del 11,2%, hasta 167.706 unidades.

En este sentido, el secretario general de Anesdor, José María Riaño, ha subrayado que la tendencia es más positiva de lo que aparentan las cifras del mes de noviembre.

«La caída de las matriculaciones de los dos últimos meses tiene como motivo evidente la afectación sanitaria, social y económica de la segunda ola de la pandemia. Este año, los meses que ha habido cierta normalidad se han vendido más motos y vehículos ligeros en general. Confiamos en que en cuanto la situación se normalice la línea de crecimiento del sector siga siendo favorable«, ha añadido.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Gobierno «en ningún caso» plantea que la Comunidad de Madrid suba impuestos, sino que con la armonización fiscal que prevé impulsar se busca armonizar con horquillas «básicamente Patrimonio, Sucesiones y Donaciones» para evitar deslocalizaciones, el «efecto sede», la deslegitimación de las figuras y el ‘dumping fiscal’.

En este sentido, ha criticado el «victimismo» de algunas comunidades, en referencia a Madrid, ante este debate y ha afeado al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que rechace ahora la propuesta cuando en el pasado respaldaba la armonización.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que los que tienen más renta «paguen más» y haya cargas fiscales y servicios públicos «homologables» entre los ciudadanos de todo el país.

Así se ha expresado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras el debate suscitado tras el acuerdo entre el Gobierno y ERC en el marco de la negociación de los Presupuestos para aprobar en los próximos meses una armonización fiscal entre regiones, lo que ha despertado el rechazo de la Comunidad de Madrid y de los presidentes autonómicos de las comunidades del PP.

Montero ha recordado que la armonización fiscal es «un elemento que desde el primer día este Ejecutivo ha impulsado y ha querido poner encima de la mesa al igual que está haciendo en Europa«, ya que considera que debe haber unas «reglas de juego» parecidas en las figuras fiscales para evitar una «competencia desleal» entre los Estados miembros, para evitar el «efecto atracción o efecto sede» y para que las empresas no se deslocalicen a otros Estados con mejores ventajas fiscales.

Lo que pedimos en el conjunto de la UE es lo que pedimos y queremos para el conjunto de España», ha afirmado Montero, quien ha recordado que diversos presidentes autonómicos han «requerido» al Gobierno para que haya un debate sobre la armonización de algunas figuras impositivas, «básicamente Patrimonio, Sucesiones y Donaciones», después de que algunas CCAA hayan llevado a «prácticamente su eliminación» y «deslegitimización» dichos tributos al bonificarlos en un alto porcentaje, como es el caso de Madrid.

«NO SE HACE CONTRA NINGÚN TERRITORIO»

En este punto, ha negado que el Gobierno central quiera que Madrid suba los impuestos, ya que «en ningún caso» se plantea eso, pero sí que haya unas «reglas de juego similares» en toda España para evitar deslocalizaciones o que algunas regiones se vean «obligadas» a bajar los impuestos para igualarse a Madrid, repercutiendo así en negativo en su recaudación y en el mantenimiento del Estado de bienestar.

ELEVAR LA PRESIÓN FISCAL CINCO VECES PARA RECAUDAR LO QUE MADRID.

A este respecto, ha apuntado que algunas CCAA para conseguir la misma recaudación que otras con mejor financiación tienen que ejercer cinco veces esa misma presión fiscal, algo que «no tiene sentido». «Es un error pensar que los territorios pagan impuestos, los impuestos los pagamos los ciudadanos; los que tienen más renta tienen que pagar más para que todos podamos recibir servicios públicos homologables en cualquier rincón de España», ha apostillado.

La titular de Hacienda ha mostrado su intención de debatir sobre la armonización «con todos los territorios y todas las CCAA» y con asesoramiento de las asociaciones y organizaciones expertas en la materia, si bien ha dicho llamarle la «atención» que algunos presidentes autonómicos, como el de Andalucía, Juanma Moreno, se muestren contrarios ahora por el «toque de corneta del PP» y exprese lo contrario cuando anteriormente respaldaba la medida.

«Ahora parece que se desdice de esa posición cuando es obvio que una comunidad como Andalucía, claramente le interesa que haya unas reglas comunes porque es una comunidad infrafinanciada y tiene dificultades para acompañar las bajas de otras partes», ha añadido.

En este sentido, ha aseverado que el debate «no se hace contra ningún territorio» y que los ministros «no van contra nadie», sino que se busca «preservar la unidad de mercado, las condiciones de igualdad de fiscalidad en el conjunto de territorios» y una fiscalidad enfocada a que «los ciudadanos, con independencia de donde viven, tienen que tener unas cargas fiscales homogéneas y parecidas en función de su capacidad económica, de su nivel de renta y del derecho que tienen de recibir servicios públicos homologables en el conjunto del territorio».

«NO SON IMPUESTOS AUTONÓMICOS»

Estas son las premisas, según ha dicho, sobre las que se planteará la armonización fiscal, que «en ningún caso agota la capacidad normativa de las CCAA, sino que establece unos márgenes para que las figuras fiscales no queden deslegitimadas y no haya efecto atracción en CCAA que, por su mejor financiación o mayor instalación de empresas, hacen que se vacíe el conjunto de España».

Así, ha recordado al respecto que «no son impuestos autonómicos», sino del Estado, que les cede a las CCAA su recaudación, aunque ha afirmado que como ministra de Hacienda quiere que tras la reforma, siga habiendo «autonomía fiscal» pero fijándose unas «horquillas» con unos tipos mínimos y máximos aún por determinar.

La ministra ha insistido en que no se ha definido dicha armonización «contra nadie», rechazando el «victimismo que algunos quieren jugar en su estrategia política», al tiempo que ha remarcado que no puede haber una distancia «tan significativa» entre figuras fiscales, por lo que acometerá el debate «con calma, serenidad y sin prisa, pero sin pausa, a lo largo de los próximos meses».

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado este martes que la OCDE no ha tenido en cuenta en sus nuevas previsiones para España la inyección de 27.000 millones de euros procedente de los fondos europeos, que aportará dos puntos adicionales al crecimiento del PIB.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha recordado que la OCDE ha mejorado la estimación para España en 2020 desde la contracción del PIB del 14,4% calculada en junio a un 11,6% en el informe publicado este martes, un dato que se sitúa «en línea con las previsiones» del Gobierno (-11,2%).

Para 2021 y 2022, Montero ha resaltado que la OCDE «sigue pensando» que España será de los países europeos que más crecerá. Ahora bien, la ministra ha hecho hincapié en que la OCDE no tiene en cuenta que España va a recibir 27.000 millones de euros de Europa, por lo que el crecimiento será mayor.

«En definitiva, todos los informes que conocemos están bastante en línea con las propias previsiones teniendo en cuenta que hay que incorporar los fondos europeos, que son 27.000 millones, que van a permitir dos puntos añadidos de subida del PIB», ha subrayado.

En todo caso, Montero ha hecho hincapié en que la incertidumbre «viene de la mano de la pandemia». «Si controlamos la pandemia, seremos capaces de que la recuperación económica sea efectiva», ha concluido.

La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) ha aplaudido la enmienda del PNV a los Presupuestos para retrasar la subida del impuesto al diésel anunciada por el Gobierno, ya que, a su juicio, habría deprimido más el mercado de turismos, especialmente el de segunda mano.

Tal como ha indicado el presidente de Ancove, Elías Iglesias, los planes de ayudas a la compra son una herramienta «imprescindible» para recuperar la senda de crecimiento en las ventas de vehículos «e intentar solventar en una mínima parte el descalabro sufrido por el conjunto del sector de la automoción».

«Sin embargo, las cifras de matriculaciones están empeorando cada mes, poniendo de manifiesto que se precisan otro tipo de medidas para activar el consumo y recuperar la confianza de los compradores», ha reivindicado Iglesias.

En este sentido, desde Ancove han indicado que «no es el mejor momento» para subir el precio del diésel, «máxime si se tiene en cuenta que más del 65% de las ventas del mercado de ocasión son de este tipo de carburante».

«Dificultar las ventas de los turismos de ocasión es poner trabas a nuevas matriculaciones. Nos alegra que finalmente el Gobierno, por la presión de otros partidos, haya decidido no subir el diésel», ha aclarado el presidente de la asociación.

MÁS DE 14.000 PERSONAS EN ERTE

Entre otros datos, Ancove recoge que hasta finales de noviembre había 14.284 trabajadores del sector de venta y reparación de vehículos a motor y motocicletas acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de los que 1.216 empleados han entrado en los últimos dos meses amparados por las nuevas modalidades de ERTE aprobados el 1 de octubre.

Además, desde la asociación han recordado que algunas de estas personas están acogidas a modalidades de ERTE que no exonera a las empresas del pago de las cuotas de la Seguridad Social, por lo que las compañías deben hacer frente a las cotizaciones de estos empleados que todavía no se han incorporado.