La variante ómicron del covid-19 se suma a las amenazas que planean sobre la campaña de Navidad para el sector turístico. Las aerolíneas perciben este nuevo obstáculo en la recuperación con especial preocupación. El control sanitario se intensificará en un contexto que ya registraba aglomeraciones en el control de pasaportes en los aeropuertos. El sector aéreo se la juega en fechas de previsible incremento de tráfico de pasajeros y urge al Ministerio del interior incrementar la presencia de efectivos de la Policía Nacional en los aeródromos para evitar más colapsos indeseados.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la organización sectorial en España y con representación del 85% del tráfico aéreo en nuestro país, reitera con urgencia su petición al Ministerio de Interiorpara que incremente el número de efectivos de Policía Nacional en los controles de pasaporte de los aeropuertos con mayor densidad de tráfico internacional, como Málaga, Sevilla, Ibiza, Tenerife Sur, Alicante o Madrid.

Este segundo llamamiento responde a las congestiones que se están produciendo en diferentes aeropuertos causadas por el aumento de pasajeros internacionales, y que solamente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha supuesto la perdida de sus vuelos a 5.000 pasajeros en el periodo entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre.

Con los desplazamientos propios de la Navidad a la vuelta de la esquina, resulta «clave aumentar el número de efectivos, en previsión al aumento del flujo de pasajeros que siempre se produce durante estas fechas», aseguran desde la patronal de las líneas aéreas.

La reapertura de España al turismo internacional, sumado a otros factores como las nuevas medidas migratorias con Reino Unido tras el Brexit, son las causantes de una importante saturación de los controles en nuestro país, al requerir un mayor tiempo de registro en frontera.

Esta congestión en los aeropuertos supone un gran perjuicio para los pasajeros, tanto nacionales como internacionales, en forma de retrasos o pérdida de vuelos o conexiones en nuestro país. Además, también supone una dificultad añadida a la operativa de las compañías aéreas, ya compleja debido a la pandemia, y proyecta una pésima imagen internacional de España.

«España no se puede permitir ahora una congestión de sus aeropuertos. En un momento clave para el sector del turismo como son las Navidades y con la vista ya puesta en verano, es imperativo mejorar los controles de pasaportes, ya que la situación actual supone un agravio para los pasajeros, para la operativa de las aerolíneas y para la imagen de España en el exterior», afirma el presidente de la ALA, Javier Gándara.

«Como advertíamos hace unos meses, el no adoptar las medidas pertinentes ha supuesto un perjuicio importante debido a la reactivación del turismo internacional y reapertura de rutas que se encontraban pausadas debido a la pandemia, como era el caso de EEUU», señala Gándara.

«Por eso, volvemos a insistir al Ministerio (de Interior) en el aumento de efectivos en los aeropuertos con más tráfico internacional, evitando así inconvenientes tanto a pasajeros como a compañías aéreas, y ayudando a mantener la buena imagen de España para nuestros turistas”, ha incidido el presidente de ALA.

LAS AGENCIAS DE VIAJE TAMBIÉN PIDEN «REFUERZOS»

Primero fueron los usuarios y las aerolíneas y, ahora, las agencias de viaje se suman a las denuncias y quejas por los embotellamientos en los controles de pasaportes de los aeropuertos españoles. La Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) y la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) denuncian demoras superiores a los 45 minutos y también exigen medidas urgentes.

Según estas asociaciones, en el caso de Madrid, la Delegación del Gobierno continúa haciendo «oídos sordos» a estas denuncias y las esperas superiores a los 45 minutos siguen siendo «normalidad» en el control de pasaportes por falta de medios humanos.

Ante esta situación, ambas entidades reclaman una adecuada dotación de medios humanos de Policía Nacional para el control de pasaportes de los viajeros procedentes o con destino a países exteriores a Schengen.

IMPACTO EN LA RECUPERACIÓN DE TURISMO

Estas deficiencias durante el tránsito aeroportuario de los pasajeros pueden tener consecuencias directas en un sector seriamente afectado por la pandemia. En juego, una vez más, la imagen de España y, a la larga, la recuperación del turismo.

La mala fama que se puede propagar de los aeropuertos españoles con demoras indeseadas en el control de pasaportes, incluso con consecuencias para los viajeros, ocasionará un impacto nefasto en plena recuperación de la industria turística. Las aerolíneas localizan el principio del problema en el control de pasaportes.

En paralelo, otros factores como los controles sanitarios «con protocolos molestos pero necesarios», o que los vuelos estén en Barajas «todavía al 79% respecto al 2019» o «la facturación online del equipaje», pueden contribuir en un sentido o en otro al nivel de retenciones en distintas estancias de los aeropuertos, tal y como apuntan expertos en turismo consultados por MERCA2.

Cada vez son más las familias que en España necesitan acogerse al bono social térmico y al bono social eléctrico para poder calentar sus hogares o simplemente poner en marcha sus electrodomésticos. En una sociedad avanzada como la española en pleno siglo XXI, afrontar la factura energética supone un serio problema para cientos de miles de ciudadanos. Del 12% de los hogares que tenían dificultades para asumir el coste de su consumo energético hemos pasado al 20%. Las sacudidas económicas de una pandemia activa desde hace ya dos años y la sobrevenida crisis energética a causa del desajuste entre oferta y demanda del gas a nivel global ha recrudecido la situación de los más vulnerables.

Y lo peor es que esto va en aumento, ya que este año estamos peor que el pasado. A la pobreza energética, se unen las colas del hambre, o los millones de parados que ya no hacen cola en el INEM, porque los trámites se hacen de manera telemática. La población española incapaz de mantener su hogar a la temperatura considerada de confort por la Organización Mundial de la Salud (entre 18 y 24 grados) ha crecido en España de una manera más que preocupante.

A principios de este año las estimaciones de la Asociación de Ciencias Ambientales, indicaban que más del 12% de los hogares españoles tenía dificultades para pagar sus consumos y, por tanto, para acceder a una energía asequible y segura. Eso era cuando el MWh se pagaba a un precio normal y nos parecía una exageración el pico de subida, en plena Filomena, -hablamos de unos 95 €MWh-. Ahora, en el mes de diciembre, acostumbrados a pagar el MWh por encima 200 euros, incluso algunos días, a casi 300 euros, ese 12% de hogares ha pasado a ser casi un 20%.

UN INVIERNO MÁS FRÍO Y ADELANTADO

En un momento en el que el precio de la energía está por las nubes, para colmo las bajas temperaturas propias el invierno se adelantan un mes. Un nuevo frente de aire frío entró este martes por el noroeste del país, arrastrando consigo fuertes rachas de viento, lluvias y nevadas abundantes que llegan a acumular, según la zona, entre 50 y 70 cm de espesor en menos de 48 horas. Se trata de la borrasca Barra, que se ha formado por la profundización del proceso de ciclogénesis explosiva.

A 8 de diciembre, esta es ya es la segunda ola de frío que padece España en los últimos 15 días, ya que en la última semana de noviembre llegó a España la borrasca Arwen, que también trajo nevadas copiosas y una intensa ola de frío ártico.

El frío durante esta semana ha sido extremo en la mitad norte de España, precisamente la más favorecida por el mejorado bono social térmico que sufre un incremento como se anunció en el Consejo de Ministros del 26 de octubre como parte de las medidas establecidas en el Real Decreto-ley 23/2021, que regula la protección de los consumidores en materia energética, y que ya ratificó el Congreso de los Diputados.

Al tiempo que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba el ‘hachazo’ a las eléctricas con una minoración de los beneficios para las eléctricas, también informó del refuerzo del escudo social para la protección de los consumidores vulnerables. Mientras que las medidas contra las grandes energéticas se revisaron, la protección a los usuarios de energía con menos poder adquisitivo se mantiene, en forma de bono social eléctrico y bono social térmico.

BONO SOCIAL TÉRMICO

El bono social térmico es una ayuda económica directa que el Gobierno pone a disposición de los consumidores vulnerables que tienen el bono social eléctrico para que puedan afrontar los gastos en la factura de calefacción, cocina y agua caliente sanitaria (ACS). La cantidad a percibir se deberá recibir el primer trimestre del próximo año mediante un único pago, ingresado en la cuenta del usuario. El Gobierno ha destinado unos 200 millones de euros para sufragar este bono.

El bono social térmico está disponible para usuarios de cualquier tipo de fuente de energía que alimente la calefacción, ACS o cocina. El usuario podrá usar butano, propano, gasóleo y gas natural, así como fuentes de energía renovables como la aerotermia y la geotermia. En el caso del gas natural, el usuario puede tener contratada cualquiera de las tarifas de gas que ofrecen las compañías, no siendo imprescindible la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Provincias como Soria, Ávila, León, Burgos, Teruel o Vitoria son algunas de las más frías de España y, por tanto, serán más susceptibles de beneficiarse del incremento económico del bono social térmico. En consecuencia, las comunidades autónomas más beneficiadas, por tener las temperaturas más bajas, son Castilla y León, Aragón y País Vasco.

Con estas nuevas condiciones, las personas ya favorecidas por el programa recibirán entre 35 y 124 euros para pagar la calefacción y el agua caliente, dependiendo de la zona climática en la que se encuentre su vivienda.

Además, la también vicepresidenta tercera, informó de que «de forma excepcional, los perceptores del bono térmico percibirán un cheque de 90 euros por familia para cubrir sus necesidades de calefacción». Será un pago único gestionado por las propias autonomías, aunque la financiación parte del Estado central.

BONO SOCIAL ELÉCTRICO

El bono social de electricidad, que ha visto ampliados sus beneficios desde hace unos días, supone un descuento en la factura eléctrica, de un 60% (antes era un 25%) para consumidores vulnerables y de un 70 % (antes era un 40%) para consumidores vulnerables severos que cumplan los requisitos establecidos.

Si, además, se le considera consumidor en riesgo de exclusión social, porque requiere para que los servicios sociales de una administración autonómica o local paguen al menos el 50% de la factura, no se tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.

Además, debido a la crisis provocada por la pandemia, serán considerados consumidores vulnerables y podrán acceder a un 60% de descuento en su factura eléctrica,aquellos usuarios que estén en situación de desempleo, afectado por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o en caso de ser empresarios, aquellos que hayan visto reducida su jornada por motivo de cuidados, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

Este bono se puede solicitar por teléfono, correo electrónico, correo ordinario o fax directamente a alguna de las comercializadoras de referencia, quienes tienen la obligación de ofrecer y financiar el bono social.

UNA SITUACIÓN CRÍTICA SEGÚN CÁRITAS

Según el informe “Sociedad expulsada y derecho a ingresos” elaborado por Cáritas y la Fundación Foessa, en 2021, año y medio después del estallido de la pandemia, son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España, es decir, 2,5 millones más respecto a su anterior encuesta de 2018.

Otra de las alertas del informe señala que, por primera vez desde 2007, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, convirtiéndose en uno de los colectivos más damnificados por el coronavirus, con un incremento de casi 2 millones de personas respecto del año 2018.

Tanto Cáritas como Cruz Roja han tenido que incrementar en los últimos meses las ayudas económicas destinadas a personas vulnerables porque eran incapaces de hacer frente a pagos básicos, como el agua, la calefacción y el suministro eléctrico.

El consejo de administración de Duro Felguera no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que la SEPI se quede con el 100% de Epicom, la filial de defensa de la empresa de ingeniería asturiana,  Fuentes cercanas a la SEPI apuntan que «no hay nada» sobre la integración de Epicom en Indra. En este contexto, el sindicato de minoritarios pedirá explicaciones al consejo de administración.

SIN DECLARACIONES

Duro Felguera se esconde. La empresa ha declinado realizar cualquier tipo de valoración en relación con la posible compra por parte de la SEPI del 60% de Epicom, un porcentaje que le haría poseer el 100% de la filial de defensa de Duro Felguera.

Según «La Información», la SEPI pagó unos tres millones de euros por esta participación y la operación incluía una opción de compra por el 60% restante. El importe a pagar está en línea con los tres millones abonados y el holding puede hacer la compra sin que la matriz pueda oponerse. La transacción se cerró a finales de marzo y fue una condición imprescindible para desbloquear el rescate público. En ese momento la compañía atravesaba una situación delicada de liquidez.

LA SEPI ADQUIRIÓ EL 40% DE EPICOM POR TRES MILLONES DE EUROS

DECISIÓN INCOMPRENSIBLE

Según ha podido saber MERCA2 es cierto que la opción de compra sobre Epicom, pero en la SEPI no quieren anticipar ninguna decisión al respecto. Sobre la posible integración de Epicom en Indra –en la que el Estado tiene una participación del 18,75%. Una vez que el holding estatal posea el 100% de esta filial de Duro Felguera, fuentes cercanas a la SEPI apuntan que no hay nada de nada.

Epicom «es la empresa de referencia en España en el campo de la protección de las comunicaciones críticas, al más alto nivel de seguridad, para la Administración Española», según la define la propia Duro Felguera y por eso fuentes conocedoras del sector no comprenden que se pueda vender Epicom. «Es la gallina de los huevos de oro» de Duro Felguera y deshacer de la misma no sería un buen negocio», dijeron sobre Epicom, que es una compañía muy importante para el negocio de Duro Felguera. El problema para la empresa de ingeniería es que el holding que preside Belén Gualda marcó las condiciones del rescate y, en este caso, Duro Felguera, a priori, no tiene margen de maniobra.

FUENTES DEL SECTOR NO COMPRENDEN QUE LA EMPRESA EPICOM PUEDA SER VENDIDA

COMPAÑÍA ESTRATÉGICA

Lo que hay detrás de esta operación es el interés del Gobierno por evitar que una empresa estratégica quede en manos de un tercero, un socio industrial que entre en el capital de la compañía a corto o medio plazo. Ahí cobra sentido su integración Indra, aunque a Duro Felguera le afecte en su plan estratégico.

La primera reacción pública relacionada con la noticia sobre Epicom ha venido desde el sindicato de accionistas minoritarios de Duro Felguera. «Ante la información publicada sobre la posible adquisición del 60% de la filial de Duro Felguera Epicom, especializada en servicios de encriptación y seguridad en las comunicaciones del Estado, el sindicato de accionistas minoritarios anuncia que va a exigir al consejo de Administración las explicaciones e información necesaria». «De ser cierta la información publicada, prepararán las acciones legales necesarias para proteger los intereses de la empresa y de sus accionistas y empleados, mediante la interposición de las acciones legales que correspondan», indicaron desde el sindicato que preside Eduardo Breña.

El sindicato de accionistas no descarta emprender acciones legales

POSIBLES MEDIDAS DE LOS MINORITARIOS

La sindicatura de accionistas considera estratégico para Duro Felguera que la empresa conserve Epicom porque es un activo esencial para la viabilidad de la empresa. «La eventual adquisición por la SEPI de un activo estratégico de Duro Felguera para transmitirlo después a Indra podría constituir una actuación de la Administración contraria al derecho de la competencia y del libre mercado.

Las explicaciones puede que las reciban pronto, pero lo que según ha sabido si que se demorará es el encuentro en persona con el consejo. El sindicato de minoritarios de Duro Felguera tenía pendiente acudir a una reunión del consejo de Duro Felguera. La cita será pronto, pero ya en enero de 2022, según la previsión de fuentes conocedoras de los entresijos de este encuentro.

En el sindicato consideran que puede haber interesados en desestabilizar a Duro Felguera y su acción. Por ello, no descartan que la información que ha salido sobre Indra en la mañana del martes sea una filtración interesada con objetivos inconfesables. Sin embargo, la acción no se ha resentido. Los títulos subieron al cierre de la sesión del martes un 1,99% y se situaron en 0,87 euros.

Stellantis ha anunciado este martes su nueva estrategia con la que prevé ingresar 20.000 millones de euros más hasta 2030, gracias a las tecnologías asociadas al vehículo conectado y a las suscripciones.

Según han explicado desde Stellantis, la compañía va a realizar una inversión de 30.000 millones de euros hasta 2026 para adaptar los nuevos vehículos a este nuevo paradigma del coche conectado. Además, prevé que para 2030 haya 34 millones de coches conectados que tengan aplicaciones mediante suscripción. «Nos aproximamos a un futuro en el que habrá plataformas que se adaptarán sin problemas a la vida cotidiana de los ciudadanos», han explicado desde Stellantis.

De hecho, la compañía contempla que para 2024 la mayoría de los vehículos en venta sean completamente actualizables de forma remota. Para ello, desde Stellantis están desarrollando aplicaciones como STLA Brain, STLA SmartCockpit y STLA AutoDrive.

Para respaldar esta transformación, Stellantis está creando una Academia de Software y Datos para reciclar a más de 1.000 ingenieros internos en múltiples funciones y desarrollar su comunidad de software. La compañía también ha anunciado que está contratando «a los talentos más brillantes de software e Inteligencia Artificial» y su meta es estar empleando a 4.500 ingenieros de software en dicha Academia en 2024 (sin incluir a los que desarrollan su trabajo en entidades colaboradoras).

«Nuestra base tecnológica y de software nos va a servir para afrontar el cambio hacia una movilidad sostenible y conectada, de manera que podamos proveer el mejor servicio a nuestros clientes», ha explicado el consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares. También ha afirmado que desde la firma van a aprovechar el desacoplamiento de los ciclos de hardware y software para acelerar esta transformación tecnológica.

Esta transformación tecnológica, según han explicado desde Stellantis, va de la mano con el proceso de electrificación de su flota, ya que desde la compañía han explicado que pretenden que el 70% de sus ventas en Europa y el 40% en Estados Unidos sean de vehículos de bajas emisiones en 2030.

ACUERDO CON FOXCONN PARA PROVEER SEMICONDUCTORES

Asimismo, desde Stellantis también han anunciado que han llegado a un memorandum de entendimiento no vinculante con la empresa proveedora de semiconductores china Foxconn para desarrollar cuatro familias de microchips específicas para el grupo automovilístico.

Este acuerdo es especialmente importante dada la escasez de microchips que sufre el sector, algo que también está afectando a Stellantis. «Estas cuatro familias de chips cubrirán más del 80% de nuestras necesidades en semiconductores», ha apuntado Tavares, quien también ha señalado que contribuirá a la modernización de los componentes, disminuir la complejidad y a simplificar la cadena de aprovisionamiento».