La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha suprimido la obligación impuesta a Telefónica de proporcionar a todos los operadores los servicios de terminación de llamadas en su red fija a través de interfaces TDM, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este mismo miércoles. Así, la operadora Telefónica dejará de estar obligada a prestar este servicio a partir del 27 de enero de 2025, fecha establecida para el cierre completo de la interconexión TDM de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete.

Según se detalla en el BOE, el proceso de migración de tráfico de la interconexión TDM a IP y el cierre de la misma deberán realizarse de forma coordinada entre Telefónica y los operadores afectados y su progreso deberá ser informado a la CNMC. Para finales de enero de 2025 Telefónica dejará de estar obligada a atender las «solicitudes razonables» de otros operadores para el acceso y utilización de elementos y recursos específicos de sus redes fijas, así como de recursos y servicios asociados.

Esa obligación conlleva, entre otras cuestiones, prestar los servicios de terminación en unos niveles de calidad que permitiesen operar los servicios telefónicos públicos. También la de ofrecer los servicios de terminación a «precios orientados en función de los costes de producción y a adoptar un sistema de contabilidad de costes».

AVANZA LA DESREGULACIÓN DE TELEFÓNICA

En los últimos meses la CNMC ha liberado a Telefónica de otras obligaciones, como las vinculadas al mercado de líneas alquiladas troncales, que son las conexiones de banda ancha de altas prestaciones y capacidad que los operadores se prestan entre sí para completar tramos de su red troncal.

El mercado de las líneas alquiladas troncales en España ya estaba desregulado en su mayor parte, excepto en nueve rutas submarinas que conectan las islas menores de los archipiélagos balear (rutas Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera) y canario (Gran Canaria-Lanzarote, Gran Canaria-Fuerteventura, Tenerife-La Palma, Tenerife-La Gomera y La Gomera-El Hierro), así como las que unen Ceuta y Melilla con la Península.

Para finales de enero de 2025 Telefónica dejará de estar obligada a atender las «solicitudes razonables» de otros operadores

En estas rutas, Telefónica estaba obligada a ofrecer a otros operadores líneas troncales de alta capacidad a precios determinados por la CNMC, sin embargo, a comienzos del pasado agosto el organismo suprimió las obligaciones de la compañía en ese sentido debido a que en estos territorios se han producido «relevantes despliegues de redes de banda ancha de nueva generación, en especial de fibra».

Por otro lado, a finales del pasado junio la CNMC publicó una resolución relativa a la definición y análisis del mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas en la que se eliminaron las obligaciones de Telefónica vinculadas, sobre todo, al alquiler mayorista de la línea telefónica (AMLT).

El mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas ya no formaba parte de las recomendaciones de mercados relevantes de 2014 y 2020 y otra de las obligaciones de Telefónica que han sido eliminadas al hilo de la nueva resolución de la CNMC tiene que ver con el precio de la originación de llamadas desde su red fija, aplicable, por ejemplo, a las llamadas a los servicios de cobro revertido automático, a números cortos y a los servicios de red inteligente.

En ese sentido, la decisión de la CNMC de poner fin a estas imposiciones a la operadora están vinculadas con el apagado de su red de cobre y también con la proliferación de redes de acceso sobre fibra alternativas a la de Telefónica, lo cual ha provocado que estas obligaciones se conviertan en irrelevantes para la competencia en los mercados.

NUEVAS PROPUESTAS PARA DESREGULAR

Esta misma semana la CNMC abrió un proceso de información pública en torno a que Telefónica deje de prestar el servicio mayorista de líneas alquiladas tradicionales de la oferta de referencia de líneas alquiladas (ORLA-T).

Esta oferta, conocida en la jerga reguladora por el acrónimo ORLA, regula los servicios mayoristas que Telefónica ofrece a sus competidores para que estos puedan conectar clientes empresariales mediante circuitos, con un ancho de banda garantizado y simétrico, a sus propias redes troncales, según explica la CNMC.

De esta manera, el trámite de información pública se extenderá durante un mes a contar desde este miércoles, 20 de noviembre, para que cualquier persona física y jurídica pueda formular observaciones o sugerencias. Cabe recordar que a comienzos de este mismo mes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, lanzó otra consulta pública relativa a que Telefónica deje de prestar el servicio universal de telecomunicaciones en 2025.

La prestación del servicio universal de telecomunicaciones está encomendada a Telefónica y el período de designación termina el 1 de enero de 2025

«El servicio universal de telecomunicaciones es el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible», detalla la cartera que dirige Óscar López en esta consulta pública, que terminó el pasado 15 de noviembre.

La prestación del servicio universal de telecomunicaciones está encomendada a Telefónica y el período de designación termina el 1 de enero de 2025.

Sin embargo, la normativa vigente señala que cuando el Ministerio para la Transformación Digital constate que cualquiera de los servicios incluidos se está prestando «en competencia» en el mercado, es decir, en unas condiciones de precio, cobertura y calidad de servicio similares a aquellas en las que Telefónica (en este caso) deben prestarlas, podrá determinar el cese de su prestación como obligación de servicio público y, en consecuencia, de la financiación prevista para ello.

No obstante, para ello será necesario un informe de la CNMC y también realizar un proceso de consulta pública.

El número de puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos para vehículos eléctricos ya superan a las gasolineras en España, concretamente, existen 12.818 puntos de recarga para coches cero emisiones frente a las 12.624 gasolineras en servicio en el país, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Con apenas 170.000 coches eléctricos puros y 190.000 híbridos enchufables, España tiene 12.818 puntos de recarga rápidos (donde recargar el vehículo dura unos 40 minutos) y ultrarrápidos (donde dura entre 6 y 13 minutos), según las cifras de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

No obstante, si se incluyen los puntos de recarga lenta, hay que añadir otros 24.318, de modo que los conductores españoles pueden elegir en total entre cualquiera de los 37.136 puntos que hay repartidos por la geografía española.

Esto es que por cada gasolinera que da servicio a la combustión, hay tres puntos de carga que hacen lo propio con los eléctricos y los híbridos enchufables. Además, estas instalaciones están el 90% del tiempo vacíos, por lo que desde el sector inciden en que no se puede hablar de un colapso de estas infraestructuras. Según AEDIVE, su ratio de uso no llega al 6%.

Al tiempo, desde Sumauto consideran que los mensajes sobre las barreras para la incorporación de los coches eléctricos se están «progresivamente solventando» y, sin embargo, no están calando entre los conductores como, por ejemplo, la escasa visibilidad que tienen los puntos de recarga de los coches eléctricos en la carretera dando la sensación «de que no están».

«La interoperabilidad, de modo a que se avance hacia una estandarización de las recargas independientemente del operador y de la marca del vehículo, es un problema que ha ayudado a generar mala prensa al coche eléctrico», ha asegurado el portavoz de AutoScout24, Ignacio García Rojí.

Banco Santander ha instalado oficinas móviles en Valencia con el objetivo de poder atender a los clientes en las zonas más afectadas por la DANA y prestarles servicios financieros esenciales, como la retirada de efectivo, solicitud de anticipos, gestión de moratorias o tramitación de seguros.

En un comunicado, la entidad informa de que ha dispuesto una oficina móvil desde este lunes en la localidad valenciana de Aldaia, concretamente en la Plaza de Europa, y la próxima semana se instalará otra en Paiporta, junto a la sucursal del banco.

Estas oficinas móviles, equipadas de cajero automático, permanecerán operativas hasta que de nuevo estén abiertas las sucursales del banco de ambas localidades que han quedado totalmente destruidas.

El horario de las oficinas móviles es de 09.00 a 14.00 horas. A las 14h se retirará el autobús al parking habilitado para su seguridad, no teniendo acceso al cajero por la tarde.

Las oficinas estarán atendidas por empleados de la propia sucursal de cada plaza, por lo que los clientes podrán tratar con sus gestores habituales.

Santander indica que cerca de 7.000 clientes podrían beneficiarse de los servicios ofrecidos por estas oficinas móviles.

Esta medida se suma a otras adoptadas por el banco para ayudar a los damnificados por las inundaciones provocadas por la DANA, como una donación de dos millones de euros e igualar las donaciones que hagan sus empleados.

Además, desde la app de la entidad, y gracias a la solidaridad ciudadana y la de clientes y empleados, el banco ha recaudado más de 25 millones de euros a través de los números de cuenta facilitados para apoyar a las ONG, especialmente Cruz Roja, Cáritas, Save the Children y Acción contra el Hambre.

Igualmente, el banco está colaborando con las administraciones para coordinar un paquete de ayuda financiera y líneas de crédito en condiciones preferentes que ayuden a los empresarios y autónomos afectados a reconstruir los negocios.

También está ayudando a sus clientes asegurados para agilizar los trámites de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y Agroseguros.

Como medida excepcional, la entidad ha eliminado las comisiones de los cajeros para los no clientes en la provincia de Valencia y no cobrará a los usuarios de tarjetas Santander por sacar dinero en otras entidades. Y para apoyar a los comercios afectados, Santander va a eximirlos del pago de los costes fijos de los TPV durante dos meses.

El 87% de los conductores en España afirma que prefiere tener un coche en propiedad, mientras que un 13% dice que opta por otras formas de utilización como el pago por uso o el ‘carsharing’, según las conclusiones del ‘Estudio Motor 2024’ realizado por el Observatorio Cetelem, la unidad de estudios y prospectiva de BNP Paribas Personal Finance, y publicado este miércoles.

Además, este informe encuentra que el 36% de los conductores que afirma no querer un coche en propiedad, declara que no lo necesita y que, además, no se lo puede permitir, siendo los más numerosos los conductores con edades entre los 25 y 34 años.

Asimismo, el 31% de los encuestados afirma que prefiere utilizar medios de transporte más sostenibles, destacando los más jóvenes entre 18 y 24 años. Por último, un 18% de los encuestados declara que, aunque le gustaría tener un coche en propiedad, no se lo puede permitir económicamente.

UN 55% DISPUESTO A ADQUIRIR SU COCHE A TRAVÉS DE RENTING

Por otro lado, el estudio revela que la opción de la adquisición del vehículo a través del renting a particulares es cada vez más conocida por los conductores españoles y también más demandada a la hora de adquirir un vehículo.

En este sentido, detalla que el 13% de los conductores españoles ha adquirido su coche a través del renting (2 puntos porcentuales más que en 2023) y un 55% estaría dispuesto a hacerlo en un futuro.

Además, las características más ventajosas del renting, según los conductores encuestados, son que las reparaciones y mantenimiento del coche estén incluidos en la cuota mensual (63% frente al 62% en 2023) y también poder cambiar de coche según las necesidades (50% frente al 46% en 2023).

También destacan el hecho de no pagar entrada, sino solo mensualidades (un 37%), que la cuota mensual fija facilita la planificación de gastos (un 35%), que se tiende a elegir vehículos más ecológicos y eficientes (un 12%) y que los coches de renting suelen incluir más sistemas de seguridad que la media (un 9%).

Respecto a los inconvenientes, lo peor para los encuestados es no ser el propietario del coche (50% frente al 47% en 2023). Pero también el hecho de tener que pagar un sobrecoste en el caso de pasarte de los kilómetros establecidos en el contrato o una penalización cuando se quiere cancelar el contrato con antelación, con un 42% y un 41% de menciones, respectivamente.

CRECE EL LA MOVILIDAD COMPARTIDA

Asimismo, el informe en el que se ha encuestado a 1.793 personas, indica que el uso de servicios adicionales en relación a la utilización del automóvil continúa creciendo en España. Los servicios más usados son los de tipo ‘ridesharing’ (Uber, Cabify), que han sido usados, al menos una vez, por el 59% de los usuarios.

Un 38% ha usado ‘carpooling’ (como BlaBla Car); un 19%, ‘carsharing’ (Car2go, Wible, Zity, e-mov, eCooltra, etc.); un 10%, el alquiler de coches particulares (SocialCar); y un 4%, algún modelo de suscripción.

La frecuencia de uso sigue siendo en la mayoría de los casos de forma ocasional (67% frente al 64% en 2023). Solo el 3% declara utilizarlos diariamente. Asimismo, el 17% los utiliza al menos una vez al mes, y el 13% lo hace semanalmente, aunque en ambos casos muestran caídas respecto al año anterior.

Además, las ventajas que se destacan de este tipo de servicios son que no se paga aparcamiento (44%), el precio y ahorro de costes (42%), la disminución de la contaminación (35%), que favorecen que haya menos atascos (27%), y que se pueden usar en momentos de restricciones por contaminación (25%)

En cuanto a las desventajas, se señala que no siempre hay coches disponibles (54%), que no es rentable para trayectos largos (47%), que dependen del móvil y si quedas sin batería no puedes ni reservar ni abrir el coche de alquiler (40%), que en caso de atasco o de no encontrar aparcamiento el coste se dispara (28%) y que los seguros solo cubren hasta un límite de dinero (23%).

BBVA ha lanzado una campaña publicitaria dirigida específicamente a los accionistas de Banco Sabadell para convencerles de las bondades de la oferta pública de adquisición (OPA) que anunció hace unos meses, según ha detallado en un comunicado.

La campaña estará presente en televisión, radio, plataformas digitales y medios exteriores. En ella, el banco reúne a varios accionistas de BBVA para dialogar sobre las fortalezas de la entidad conjunta y así convencer a los de Banco Sabadell.

«Los protagonistas ven la propuesta desde diversos puntos de vista, pero todos comparten una gran ilusión por el proyecto conjunto. Están convencidos de que la entidad resultante no solo beneficiaría a ambas partes, sino que también sería una oportunidad interesante para el futuro del sector bancario en Europa«, explica BBVA.

El pasado 12 de noviembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió llevar su análisis de la operación a fase 2, lo que alarga el proceso unos meses más. En paralelo, la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) también tiene que autorizar la oferta, algo que podría llegar una vez se conozca la decisión de Competencia o algo antes.

La firma de moda Blue Banana acelera su expansión en España con la apetura este viernes de su nueva ‘flagship’ en Madrid, en la antesala del inicio de la campaña de Navidad.

En concreto, el nuevo espacio se ubica en la madrileña calle comercial de Fuencarral, que cuenta con una superficie de casi 90 metros cuadrados, que se suma a la tienda de Rambla de Cataluña en Barcelona como uno de los más grandes en el portfolio de la marca, según informa la compañía.

De esta forma, la marca de la icónica ‘X’, nativa de Internet, cuenta ya con 22 tiendas propias abiertas en España y dos en México, que le permite seguir fortaleciendo su estrategia de ‘retail’.

Con el diseño de la tienda, Blue Banana pretende llevar hasta el centro de Madrid su pasión por la naturaleza, la aventura y los deportes ‘outdoor’, concretamente el esquí, el surf y el skate, gracias a su decoración y cuenta con su línea de moda habitual, además de la deportiva Athletics que sacó hace unos meses al mercado.

«Tanto mi socio Juan Fernández-Estrada, como yo somos madrileños. La primera tienda de Blue Banana la abrimos aquí hace ahora cuatro años, por lo que nos sentimos muy ilusionados ante la idea de poder seguir creciendo en nuestra ciudad. Este nuevo espacio es una apuesta de la marca por un concepto de experiencia más amplio, con un local mucho más extenso desde donde poder inspirar a disfrutar la aventura y transmitir a madrileños y visitantes nuestro modo de entender la vida», ha asegurado el cofundador y co-consejero delegado de Blue Banana, Nacho Rivera.

En la actualidad, Blue Banana, que vende a través de su web, cuenta con tiendas físicas propias en Madrid (Fuencarral y Goya), Barcelona (L’illa y Rambla de Cataluña), Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Santander, Córdoba, Vigo, Granada, Pamplona, Oviedo, Palma de Mallorca, Murcia, San Sebastián, Valladolid y A Coruña, así como en The Style Outlets en San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Además, cuenta con ‘córners’ en los centros de El Corte Inglés de Madrid (Castellana, Preciados, Goya, Sanchinarro y Pozuelo), Barcelona (Plaza de Cataluña), Alicante, Badajoz, Cádiz, Málaga, Marbella, Murcia, Palma de Mallorca, Santander, Valencia y Valladolid, mientras que a nivel internacional tiene tienda propia en el centro comercial Santa Fé de Ciudad de México, en Galerías Monterrey y en Centro Comercial Gaia de Oporto, además, de 14 ‘córners’ en los centros comerciales de Liverpool en México y en los de El Corte Inglés de Lisboa y Oporto.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública busca soluciones para el futuro de la asistencia sanitaria de Muface. Tras la fallida licitación del concierto para el periodo 2025-2026, se abre una consulta pública dirigida a todas las aseguradoras para determinar el precio justo de este servicio. La clave está en si conseguirá el Gobierno un acuerdo que garantice la atención sanitaria de 1,5 millones de mutualistas.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha lanzado una consulta preliminar al mercado en la plataforma de contratación pública. Esta consulta, con un plazo de diez días hábiles, invita a todas las aseguradoras a precisar el precio al que estarían dispuestas a prestar el servicio sanitario a los mutualistas de Muface. No se limita a las compañías que actualmente prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV), que rechazaron la anterior licitación por considerarla insuficiente económicamente.

Esta medida excepcional busca transparencia y obtener información crucial para la futura licitación. Las aseguradoras deberán no solo indicar el precio mínimo aceptable, sino también justificarlo detalladamente, desglosándolo por tramos de edad. El análisis pormenorizado permitirá comprender la estructura de costes y las variables que influyen en la determinación del precio final.

La situación actual de Muface es delicada. La anterior licitación, que proponía un incremento del 17,12% en las primas en dos años, quedó desierta. Ninguna aseguradora presentó oferta, lo que puso en evidencia la discrepancia entre la oferta del Gobierno y las expectativas del sector. Actualmente, el servicio se mantiene gracias a una prórroga amparada por la Ley de Contratos del Sector Público, que permite extender el concierto actual hasta nueve meses más por razones de interés público. Esta prórroga garantiza la continuidad asistencial a los 1,5 millones de mutualistas, en su mayoría funcionarios, especialmente del sector de la enseñanza.

El debate sobre la sostenibilidad de Muface

La consulta pública llega en un momento de intenso debate sobre el futuro de Muface. Un informe del Ministerio de Sanidad plantea la posibilidad de integrar a los mutualistas en el sistema sanitario público, argumentando la insostenibilidad del modelo actual. Esta propuesta genera controversia, ya que implicaría una transformación profunda del sistema de atención sanitaria para un colectivo considerable.