Pese al contexto de incertidumbre reguladora y el retraso en la transposición de la CSRD (Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad) en el marco normativo español, muchas empresas que ya reportaban información no financiera han decidido seguir haciéndolo, aunque a corto plazo no tengan una obligación legal tan clara, según ha concluido el IV Congreso Catalán de Sostenibilidad, organizado por el Colegio de Economistas de Cataluña, el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) .
Un año después de la aprobación del paquete legislativo Ómnibus para simplificar la legislación de la UE en el ámbito de la sostenibilidad, en el evento se ha insistido en que la regulación ha restringido el alcance de la CSRD, pero no ha alterado la apuesta de la sostenibilidad.
Sostiene que, más allá del freno europeo a la regulación, informes recientes, como Beyond Compliance: Sustainability Reporting After the Omnibus, de la empresa tecnológica osapiens, señalan que el 90% de las empresas excluidas de la obligación de reportar información de sostenibilidad por el paquete Òmnibus tienen la intención de mantener los informes ESG. «El dato es especialmente relevante porque, con los cambios normativos, sólo quedarán obligadas a reportar a las empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación neta a partir del 1 de enero de 2027», se ha señalado. De esta forma, la sostenibilidad va más allá de la obligación normativa o un simple aspecto de reputación y se percibe como una cuestión estructural de negocio.
En este sentido, Joan Vall, presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, ha señalado que «la sostenibilidad está evolucionando de un cumplimiento normativo a una práctica de buena gestión empresarial, hecho que refuerza el papel de los auditores y expertos en reporting de la información no financiera para acompañar y asesorar a aquellas empresas que deciden continuar reportando voluntariamente».
Por su parte, Carles Puig de Travy, decano del Colegio de Economistas de Cataluña, ha destacado que «la sostenibilidad no es sólo una cuestión ambiental, sino también de eficiencia económica, porque el coste de no actuar es muy superior al de emprender la transformación» . En este sentido, ha remarcado que «personas y empresas necesitamos un marco regulador más claro, estable y coherente, que facilite esta transformación y permita avanzar con seguridad, porque la sostenibilidad va más allá del debate político y es una exigencia de país» .
Defienden que el nuevo escenario permite diferenciar tres perfiles de empresa: las que continuarán reportando de forma voluntaria (un grosor importante); las que dejarán de hacerlo al desaparecer la obligación; y las que, además de reportar voluntariamente, optarán también por la verificación externa de la información como elemento de credibilidad. En este punto, la verificación deja de ser una obligación para convertirse en una decisión de confianza, transparencia y buen gobierno.
Los expertos sostienen que la regulación está forzando una evolución de un modelo de sostenibilidad basado en proyectos puntuales a un nuevo modelo de gestión de la sostenibilidad como cuestión estructural de negocio. Y la realidad demuestra que no sólo es la norma la que obliga, sino el propio mercado: clientes, financiadores y proveedores. También las demandas de matrices internacionales de la propia empresa y la progresiva integración de la sostenibilidad en la gestión del negocio.
Todo esto deriva en una necesidad de mantener el reporting ESG que no sólo refleja el compromiso medioambiental y la buena gobernanza de las compañías, sino que es una herramienta para tomar decisiones de negocio. Por ejemplo, el acceso a financiación verde o sostenible, vinculado a menudo a indicadores sectoriales específicos (emisiones de CO₂, eficiencia energética, uso de recursos hídricos o gestión de residuos), permite canalizar inversiones hacia la modernización de procesos y tecnologías.
MOVILIDAD, FINANZAS Y SEGUROS SOSTENIBLES
Durante el IV Congreso Catalán de Sostenibilidad, que ha contado con la presencia de Víctor Creixell, CEO de Tradebe Environmental Services; y Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y vicedecana del CEC; se han analizado los retos del estado actual de los requerimientos de información corporativa sobre sostenibilidad.
Àngels Fitó ha puesto el foco en que «la sostenibilidad es una estructura de confianza porque las empresas necesitan datos sólidos, las administraciones deben tomar decisiones complejas y la ciudadanía reclama coherencia entre lo que medimos y lo que hacemos». Fitó ha destacado también que «las universidades tienen la responsabilidad de formar profesionales capaces de entender esta complejidad y transformarla en conocimiento útil».
Por su parte, Víctor Creixell ha querido apuntar que «la sostenibilidad ya no se puede entender como un ejercicio aislado de reporting o cumplimiento normativo. Debe formar parte de la forma en que las empresas operan, toman decisiones y generan valor. Para Tradebe el ESG es un concepto que refuerza la competitividad y el impacto positivo a largo plazo» .
En el congreso se han expuesto los casos del sector de la movilidad con la presencia de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC), Direxis-Tusgsal, Sagalés y el Comisionado para el Traspaso Integral de Cercanías. Se ha abordado igualmente los retos que supone la recogida, procesamiento y difusión de datos de sostenibilidad cumpliendo con la regulación, pero dentro de un marco de estrategia de negocio, una cuestión analizada con expertas y expertos de Molins, Nestlé España, Aigües de Barcelona y Abertis. Por otra parte, también ha habido una mesa de trabajo sobre finanzas y seguros sostenibles con la participación de Banco Sabadell, VidaCaixa, Caja de Ingenieros Vida y Cajamar .
