La ley por la que se crea un nuevo impuesto mínimo a las multinacionales y que incluye parte de la reforma fiscal auspiciada por el Gobierno volverá al Pleno del Congreso esta semana tras pasar por el Senado, donde se han incluido rebajas fiscales a instancias del PP que pueden ser respaldadas en la Cámara Baja por algunos de los socios del Gobierno.

La intención es que se vote el próximo jueves, aunque la norma todavía tiene que debatirse antes en el Pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y su aprobación está asegurada. Y como los ‘populares’ no han querido vetarla, ya es seguro que la reforma fiscal va a acabar en el Boletín oficial del Estado (BOE), ya que el Congreso sólo decidirá si mantiene o elimina las enmiendas que el PP introdujo en la Cámara Alta, pero no votará la ley en su conjunto.

Las enmiendas del PP buscan añadir nuevas rebajas fiscales y ayudas a jóvenes y a afectados por la DANA, y teniendo en cuenta que PP y Junts se han aliado recientemente para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y ambos coinciden en que no quieren más cargas fiscales, no es descartable que la formación de Carles Puigdemont o el PNV, también proclive en ocasiones a rebajas fiscales, se animen a votar a favor de algunas enmiendas del Senado y se desmarquen del Gobierno de coalición.

QUE EL IMPUESTO A LA BANCA SE DESTINE A AYUDAS HIPOTECARIAS

Entre estas enmiendas, que se introdujeron en fase de ponencia, cabe destacar que el PP ha introducido una modificación para que la rebaja del Impuesto de Sociedades a pymes que el PSOE pactó con Junts y que introdujo en el Congreso se haga desde 2025 de forma automática y no a lo largo de tres años como está redactado ahora.

Otra enmienda busca redirigir 3.000 millones recaudados con el impuesto a la banca a ayudas hipotecarias o a construir vivienda de precio tasado que permita acceder a los jóvenes a una casa.

A esto se suman exenciones fiscales en el IRPF a jóvenes de 18 a 35 años durante cuatro años para que lo destinen a vivienda, formación, natalidad o emprendimiento. El PP estima que esta medida tiene un coste de unos 2.100 millones y un beneficio medio para los jóvenes de entre 10.000 y 12.000 euros.

LAS AYUDAS A LA DANA, EXENTAS DE IMPUESTOS

Los ‘populares’ han introducido enmiendas para dejar exentas de IRPF y el impuesto de donaciones a las ayudas a los afectados por la DANA, así como un IVA del 0% para el cambio de vehículo y el arreglo de la casa y la extensión a 2025 de la exención del IBI y del IAE.

Con estas medidas, el PP alega que pretende llevar adelante su objetivo de proteger a los españoles de un «hachazo impositivo» de 8.700 millones de euros, fruto de la «voracidad impositiva de Sánchez». «Apelamos al sentido común del resto de grupos parlamentarios para que piensen en el bien de los ciudadanos y no en intereses partidistas propios y del presidente Sánchez», dicen fuentes del PP.

Los trabajadores públicos saldrán a la calle mañana lunes, 16 de diciembre, a las 12.00 horas para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva de sus condiciones laborales y se produzcan mejoras salariales, en la jubilación, la jornada laboral y el teletrabajo para los funcionarios.

La movilización ha sido convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y se producirá frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias del país.

Esta movilización da continuidad a las protestas iniciadas por CSIF el pasado 11 de noviembre para exigir al Gobierno la culminación del plan de estabilización de plazas de personal interino, una jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.

Además, el sindicato también quiere que el Gobierno se abra a negociar la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas y las mejoras de las condiciones de jubilación.

SUBIDA SALARIAL PARA EL PRÓXIMO AÑO

CSIF considera urgente negociar la subida salarial del próximo año, así como un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar el 6% del poder adquisitivo perdido entre los empleados públicos desde que se firmara el último acuerdo salarial entre Gobierno, CCOO y UGT.

De igual manera, el sindicato quiere negociar la oferta de empleo público para 2025, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido «incapaz» de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado.

«Desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar estas cuestiones», denuncian desde el sindicato.

Por otro lado, la campaña de movilización convocada por CSIF también incluye la defensa de la asistencia sanitaria en Muface, que se encuentra actualmente sin un nuevo acuerdo después de que las empresas aseguradoras hayan renunciado a presentarse al concierto por una oferta económica del Gobierno que ven insuficiente.

EH Bildu defenderá esta semana en el Congreso una iniciativa con la que pide al Gobierno que, en consonancia con el requerimiento realizado por el Consejo de Europa, aumente la indemnización por despido improcedente para que garantice la protección del trabajador y sea «disuasoria» para el empresario.

Después de que UGT denunciara en 2022 la vulneración en España de la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente, el pasado 27 de noviembre el Comité de ministros del Consejo de Europa elevó una recomendación al país para que proceda a fijar un sistema indemnizatorio por despido improcedente adecuado y que resulte disuasorio para las empresas.

«Esta resolución va en sentido contrario a las sucesivas reformas en el mundo laboral que han venido desarrollándose en los últimos treinta años», denuncia la formación ‘abertzale’ en la proposición no de ley que se debatirá el martes en la Cámara Baja, según consta en el orden del día del Pleno al que ha accedido Europa Press.

DENUNCIA LA REFORMA LABORAL DE 2012

Bildu hace mención especial a la reforma laboral de 2012 que, a su juicio, es la que establece un «recorte» en las indemnizaciones por despido, que en caso de ser improcedente bajaron de 45 a 33 días por año trabajado. La formación lamenta que estas indemnizaciones no se recuperaron con la reforma laboral de 2021 liderada por la vicepresidenta laboral Yolanda Díaz.

De hecho, en anteriores ocasiones Bildu se ha aliado con ERC y BNG, formaciones todas ellas que votaron en contra de la reforma de Yolanda Díaz, para presentar en la Cámara Baja iniciativas para recuperar la indemnización de 45 días por despido improcedente, medida a la que el PSOE ha votado en contra.

Lo que ahora pide Bildu en solitario es que se aumenten las indemnizaciones, de manera que garanticen la protección de las personas trabajadoras y sean disuasorias para el empresario, recuperando la suficiencia previa a la reforma laboral de 2012, mediante la modificación de la legislación laboral en materia de despidos.

La subida de la indemnización por despido es el próximo reto que ha lanzado la vicepresidenta y ministra de Trabajo a la mesa del dialogo social, en lo que habrán de centrarse los agentes sociales una vez que se resuelva el compromiso de la reducción de la jornada laboral.

Los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas del PP exigen al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la convocatoria «urgente» de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para que informe del acuerdo UE-Mercosur y su impacto en el sector agrario español.

Así se lo han pedido en un escrito en el que se propone como único punto a incluir en el orden del día: garantizar el tejido productivo del sector agroalimentario español frente a este nuevo acuerdo comunitario UE-Mercosur.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, solicita un plan «extraordinario e inmediato» de control de fronteras, con carácter previo a la puesta en marcha del nuevo convenio, para garantizar que los productos de terceros países entran libres de plagas y cumpliendo las exigencias europeas.

Martín considera que algunos sectores como el azúcar, el pollo, carne de vacuno, miel, cítricos y zumos pueden verse perjudicados y exige que el acuerdo comercial garantice la seguridad alimentaria y, también, la flexibilización de las políticas ambientales de le UE que penalizan la competitividad de las explotaciones españolas.

El PP, según Paloma Martín, solicitará reunirse tanto con las organizaciones agrarias como con las asociaciones sectoriales de productos agroalimentarios para intercambiar información y conocer de primera mano su valoración del acuerdo de UE-Mercosur: «Queremos recibir sus propuestas, valorarlas y trasladarlas tanto a Madrid como a Bruselas», indica.

La vicesecretaria considera «injusto» que a los agricultores y a los ganaderos se les exija una producción sostenible, «a marchas forzadas», sin haber medido las repercusiones del Pacto Verde en la competitividad del tejido agrario europeo, mientras se va a permitir la entrada de productos de otros países donde no se aplican estándares de calidad y sostenibilidad tan altos.

El PP considera «indispensable» la aplicación de políticas europeas que vayan destinadas al mantenimiento del tejido productivo y a la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias.

«El sector agroalimentario español es prioritario y estratégico y, por ello, exigimos la puesta en marcha de planes que fortalezcan su productividad y su competitividad», concluye Martín.

Los agricultores y ganaderos saldrán este lunes a protestar en Madrid con una manifestación a las 11.00 horas frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocados por Asaja y COAG, donde mostrarán su malestar por la «falta de respuestas eficaces a los muchos problemas» que acumula el sector, entre ellas, el acuerdo entre la UE y Mercosur, según informan en un comunicado conjunto.

En concreto, las organizaciones agrarias convocantes hacen un llamamiento en el tramo final de este año al sector agrario a que acudan a esta convocatoria para luchar por «un campo fuerte y justo», además de protestar contra los «acuerdos como UE-Mercosur que destrozan» el sector.

Tras la oleada de protestas y manifestaciones que tuvieron lugar desde finales de 2023 en las distintas provincias y comunidades autónomas, y que culminaron con una gran tractorada por el centro de Madrid en febrero, Agricultura puso en marcha un paquete de 43 medidas que no contó con el refrendo ni de Asaja ni de COAG, ya que consideran que son «claramente insuficientes» para dar respuesta a las demandas del sector, ya que las reivindicaciones de aquellas protestas «siguen aún vigentes».

Los agricultores y ganaderos españoles reiteran que los altos costes de producción y los bajos precios en origen en buena parte de las producciones siguen siendo una rémora para las economías de sus explotaciones agrarias, de las que muchas están abocadas al cierre.

Las organizaciones agrarias creen que hay reformas esenciales y cambios de funcionamiento en la Ley de la Cadena Agroalimentaria, o en el sistema de seguros agrarios que siguen sin producirse. Al igual que la adaptación de la reforma laboral y los costes salariales a las necesidades del campo, que lejos de llevarse a cabo, supone un lastre cada vez mayor para las explotaciones.

También denuncian la falta de inversiones e infraestructuras y una política hidráulica decidida, así como la mala gestión de los recursos hídricos en las distintas cuencas, que hace que convivan situaciones endémicas de déficit de agua con desastres como el provocado por la última Dana que ha asolado el sureste peninsular.

En el contexto actual, Asaja y COAG han señalado que la «verdadera amenaza» que sufre el campo español es la proliferación de acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países.

Las importaciones de productos agrarios de Mercosur, Chile, Marruecos, Nueva Zelanda, con precios por debajo de nuestros costes de producción y sin cumplir las normativas que imperan para las producciones comunitarias, impactan gravemente en los agricultores españoles y europeos y provocan pérdidas inasumibles y cierres de explotaciones.

«Reclamamos un cambio de rumbo en las políticas que atañen al sector agrario, con decisiones mas proactivas en defensa de un sector que toca fondo, con ingresos que resultan insuficientes, con una pérdida de activos que resulta sangrante y con un relevo generacional que no es suficiente para mantener la actividad en nuestras explotaciones y en los núcleos rurales», han recalcado.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quiere mejorar toda la información disponible sobre ofertas y vacantes de empleo mediante la puesta en marcha de un registro estatal en el que las agencias privadas de empleo, las empresas de trabajo temporal (ETT) y los portales de empleo tengan la «obligación» de volcar sus datos.

Así lo trasladó la jefa de área del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE Ana Laseca durante unas jornadas sobre estadísticas laborales, en las que admitió que existen «muchas reticencias» por parte de los portales de empleo a aportar estos datos, que serían fundamentales, a su juicio, para saber qué ofertas son imposibles de cubrir y analizar los motivos que hay detrás de ello.

Laseca explicó que el Observatorio trabaja con información del Sistema Nacional de Empleo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Seguridad Social, Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros informantes voluntarios considerados clave.

Además, la Ley de Empleo establece que las empresas, para poder acceder a los servicios garantizados en dicha norma, están sujetas al compromiso de comunicar los puestos vacantes en los términos que reglamentariamente se establezcan, aunque esa parte aún no está desarrollada.

No obstante, Laseca ha indicado que no se trata de una obligación genérica, sino que está vinculada al catálogo de servicios garantizados de la Ley, entre los que se encuentran la identificación de las necesidades de las empresas, tanto en lo que se refiere a los puestos vacantes como a los perfiles profesionales.

Desde el punto de vista de la gestión, existe una base de datos en el Sistema Nacional de Empleo que va recogiendo los perfiles de la oferta de empleo y un portal, denominado ‘Empléate’, en el que tanto empresas como trabajadores pueden inscribirse, pudiendo servir como intermediario laboral. Este portal del SEPE recoge también ofertas de portales colaboradores, pero no existe obligación de aportar la información.

Para mejorar la información cuantitativa y cualitativa de las ofertas y vacantes de empleo, a Laseca le gustaría que se pusiera en marcha un registro estatal a partir de un compromiso de comunicación de vacantes genérico «o al menos obligatorio» para agencias privadas de empleo, ETT y portales, así como de información de las propias empresas sobre sus puestos vacantes «al menos a efectos estadísticos.

El SEPE está trabajando además en un «mapa real» de ofertas de empleo a nivel territorial y en un mapa de calor por ocupación, así como en el llamado ‘Indicador de Disponibilidad’, que medirá el desajuste por escasez o exceso de demandantes y el ajuste o equilibrio entre demandas y contratos.

Este indicador será una ratio entre los demandantes de empleo inscritos en una determinada ocupación y mes sobre las personas contratadas en esa misma ocupación en el mes siguiente, y serviría para detectar ocupaciones con situaciones de desajuste y anticipar su aparición.

Según el cuestionario bianual/anual que realiza el SEPE, correspondiente al primer semestre de este año, el 76% de los encuestados revelan una dificultad alta o muy alta para cubrir una ocupación y el 23%, imposibilidad de cubrirla.

EL INE TAMBIÉN QUIERE MÁS DATOS PARA MEJORAR SU ESTADÍSTICA

Es este aspecto de la imposibilidad para cubrir una vacante donde el SEPE pone el énfasis a la hora de definir lo que es una vacante de empleo. En el resto, coincide con la definición de vacante de empleo que se utiliza en el reglamento europeo y que es la que usa también el INE para elaborar sus datos estadísticos sobre vacantes.

Según esta definición europea, una vacante de empleo es aquel puesto de trabajo remunerado de nueva creación, desocupado o a punto de quedar vacante, en el que el empresario está tomando medidas o está dispuesto a adoptarlas para encontrar un candidato adecuado de fuera de la empresa y que tiene intención de cubrir de inmediato o dentro de un plazo específico.

El INE mide las vacantes de empleo en el marco de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, en atención a las respuestas dadas por los centros de trabajo entrevistados.

De acuerdo con los últimos datos publicados por Estadística, correspondientes al segundo trimestre de este año, el número de vacantes fue de 151.379, lo que supone 3.288 más que en el mismo periodo del año anterior y su cifra más alta desde el tercer trimestre de 2023, cuando se superaron las 155.000.

Del total de vacantes, 134.233, el 88,7% del total, pertenecían al sector servicios, mientras que 10.960 estaban en la industria y 6.185 en la construcción.

El 92,6% de las empresas preguntadas por el INE respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre abril y junio porque no necesitaban trabajadores adicionales.

El hecho de que las empresas contesten en más de un 90% que no tienen vacantes por cubrir hace al INE pensar en que esta estadística podría mejorarse. Así, Rocío Fuente, jefa de área en el Departamento de Estadísticas del Mercado Laboral del INE, desveló en esta mismas jornadas sobre estadística laboral que el organismo está trabajando en un proyecto de futuro para completar la información de vacantes con los datos web de los portales de empleo.

«Nos iríamos a datos que aparecen en portales web privados y que gestionan también organismos públicos, como el SEPE, que tiene también su portal de ofertas de empleo. Nosotros lo que queremos es acceder a estos portales de empleo. Estamos ya encaminados con el SEPE a obtener los datos de su portal web», señaló Fuente.

Tener estos datos de los portales de empleo permitiría un mayor nivel de detalle sobre ocupaciones, salarios o cualificaciones requeridas y serían más inmediatos, pero también implicarían una serie de contras: duplicidades por anunciarse el mismo puesto en varias plataformas; falta de homogeneidad en la definición del puesto anuncio y posibles fallos de acceso a la información, como una caída de la red.

Desde Eurostat, ya se ha comenzado un proyecto, al que se sumará el INE para adaptarlo a España, en el que han trabajado con hasta 100 millones de anuncios de empleo publicados en los diferentes portales de los países de la Unión Europea, con filtros propios de vacantes para evitar duplicidades.