El sindicato nacional de pilotos de Francia, la SNLP, convocará huelga para este jueves 14 de noviembre como protesta contra la decisión del Gobierno de triplicar el impuesto sobre el transporte aéreo.

En el marco de la revisión presupuestaria para 2025, el Ejecutivo ha introducido una enmienda que triplica el importe de llamada tasa de solidaridad sobre los billetes de avión (TSBA) con el objetivo de gravar permanentemente con 1.000 millones de euros adicionales al año al sector aéreo.

En concreto, se elevará el impuesto sobre los billetes de avión para vuelos en clase turista de 2,60 euros por pasajero a 9,50 euros para destinos europeos, de 7,50 a 15 euros para destinos intermedios y de 7,50 a 40 euros para destinos de larga distancia, según recogen medios franceses.

También están previstas subidas para la clase business, de 20 a 30 euros para destinos europeos, de 63 a 80 euros para destinos intermedios, y de 63 a 120 euros para destinos de larga distancia, detalló.

Por tanto, la SNPL, junto a los demás sindicatos del sector aéreo, pidieron en un comunicado al Gobierno que retire esta medida, ya que «sería desastrosa para el sector aéreo francés.

«Desgraciadamente, el Gobierno pretende mantener esta tasa suplementaria sobre nuestro sector únicamente con el argumento del objetivo presupuestario de reducir el déficit y controlar la deuda del Estado, y sigue haciendo oídos sordos a las advertencias de todos los agentes del sector», denunció el SNPL.

Además, advirtió de que este impuesto adicional acabará provocando la pérdida de «decenas de miles de puestos de trabajo en Francia» e irá acompañado del «debilitamiento de los operadores franceses» frente a sus competidores europeos e internacionales.

«Este proyecto supone un ataque sin precedentes al sector aéreo francés, a su empleo, a su competitividad y a su sostenibilidad», sentenciaron los sindicatos.

LA HUELGA DA DERECHO A INDEMNIZACIÓN PARA LOS PASAJEROS

Según ha explicado Reclamador.es en un comunicado, las huelgas del personal de las aerolíneas, como son los pilotos, dan derecho a compensación económica, de entre 250 y 600 euros, siempre y cuando se cumpla lo establecido en el Reglamento Europeo 261/2004.

Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dando un paso más en la protección de los derechos de los pasajeros, dictaminó en 2018 que los retrasos y cancelaciones de los vuelos por culpa de las huelgas de personal de la compañía aérea son reclamables.

En estos casos, Reclamador apunta que, además de la compensación por retraso o cancelación de vuelo, si el pasajero sufre una cancelación, y no encaja con su itinerario el viaje alternativo que esta compañía le ofrezca, tendrá derecho al reembolso del billete.

También tendrá derecho a reembolso si la aerolínea no le ofrece ningún tipo de transporte alternativo. Si el pasajero acepta el transporte alternativo, no tendrá derecho a que la aerolínea le devuelva el importe pagado por el billete, pero sí a la indemnización, comprendida entre 250 y 600 euros en este caso.

Asimismo, la aerolínea deberá asumir el coste del traslado a otro aeropuerto o desde el hotel al aeródromo si fuera necesaria la pernoctación como consecuencia de la huelga.

Por último, los afectados por la huelga de pilotos franceses pueden solicitar a la compañía aérea comida, bebida, así como alojamiento y uso de vías de comunicación, como teléfono o email. Todo ello sin perjuicio económico para el pasajero y siempre que la demora en la salida del avión supere las dos horas.

Amper ha suscrito la venta de la totalidad del capital social de su filial Nervión Minería a Participaciones Mineras del Noroeste por un importe aproximado de 4,2 millones de euros, según ha informado este jueves la compañía, que ha precisado que esta operación está sujeta a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

Según ha señalado Amper en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el principal activo de Nervión Minería es una mina de pizarra situada en Ortigueira, en la provincia de A Coruña.

Mediante esta desinversión, Amper espera continuar con el proceso de optimización de la estructura de su deuda, así como impulsar la estrategia de crecimiento, tanto orgánica como inorgánica, del grupo, de acuerdo con los términos fijados en su plan estratégico 2023-2026.

El consejo de administración de Ezentis ha acordado la ejecución de un aumento de capital que asciende a un importe total de 1.100.040 euros, según ha anunciado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la ejecución se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias por importe nominal de 1.268,62 euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente y una prima de emisión de 1.098.771,38 euros.

El número de nuevas acciones a emitir asciende a 9.803.030 títulos y el suscriptor es Global Tech Opportunities 30, con quien Ezentis firmó un contrato de financiación el pasado mes de agosto por un importe total máximo de hasta 13,2 millones de euros.

Ezentis ha explicado que este aumento de Capital está relacionado con el acuerdo suscrito con Global Tech Opportunities 30.

Respecto al derecho de suscripción preferente, queda excluido al amparo de acuerdo de la junta general de accionistas de la sociedad de fecha 26 de junio de 2024 en el punto 11 de su orden del día.

Castellana Properties ha afirmado que no dudará en tomar las medidas oportunas para garantizar la continuidad de su negocio de la «mejor» manera posible si finalmente se consuma la supresión del régimen especial fiscal de las socimi pactado entre PSOE y Sumar.

En un comunicado remitido a BME Growth, la socimi ha explicado que su obligación es velar por su negocio, los intereses de sus accionistas y los más de 8.000 puestos de trabajo directos que generan en sus 15 centros y parques comerciales en el territorio español.

«No entendemos que existan argumentos para una propuesta de alteración del actual régimen fiscal para una socimi dedicada 100% a retail, siendo conscientes que dicha alteración podría provocar la salida de inversores internacionales hacia otros destinos, así como desincentivar la inversión futura en España», ha añadido.

La compañía ha recordado que las socimis «son un vehículo creado para atraer inversión y dar acceso al pequeño inversor, al ahorrador» y que otros países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Hungría, Lituania, Países Bajos, Luxemburgo o Portugal cuentan «con vehículos similares, sometidos a regímenes fiscales análogos al español.

Además, ha subrayado que las socimis como entidades reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), han ayudado a aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario y a generar un flujo constante de inversión y atracción de capital internacional a España.

Castellana Properties ha subrayado que las socimis sólo gestionan un 0,69% del total de viviendas en alquiler disponibles en todo el territorio nacional y que disfrutan de un régimen fiscal que ha impulsado la inversión en España, generando ingresos para la Administración española por conceptos como el propio Impuesto sobre Sociedades, IVA, IBI, IAE o Transmisiones Patrimoniales, entre otros, asegurando que el sistema esté sujeto a control y supervisión.

APORTACIÓN A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Con todo, Castellana Properties ha explicado que las socimi, en su mayoría, invierten en la modernización de inmuebles, mejorando la eficiencia energética de los edificios, lo que reduce los costes operativos y contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Adicionalmente, ha destacado que han generado beneficios sustanciales en términos de inversión, empleo, fiscalidad y desarrollo sostenible. «Han jugado un papel clave en la dinamización del mercado inmobiliario no residencial y la profesionalización del sector contribuyendo al desarrollo económico y a la creación de empleo de valor añadido en diversas áreas», ha concluido.

Ford ha suspendido la producción prevista para este jueves en toda la fábrica de Almussafes (Valencia) con motivo de las alertas meteorológicas vigentes en la provincia, según ha informado UGT en un comunicado, en el que explica que el viernes se retomará la actividad de nuevo en el turno de mañana.

Cabe recordar que la planta valenciana ya paró su actividad tras los daños de la DANA de hace dos semanas en la industria y las carreteras, y retomó la producción el pasado lunes en motores y el miércoles en vehículos, aunque únicamente funciona el turno de mañana.

Desde el sindicato han explicado que, aunque sólo haya producción al uso por las mañanas, sí que hay mantenimiento y otras tareas que se realizan en otros turnos como el de la noche, que se suspendió este miércoles también por los avisos meteorológicos.

Tras este nuevo parón, durante la próxima semana la producción de vehículos y motores continuará en un único turno de mañana, debido a «la dificultad para recuperar al 100% el abastecimiento de piezas en la cadena de suministro».

Por lo tanto, continuará operando el ERTE de fuerza mayor que ha solicitado la empresa–«una vez ha sido aprobado por la Dirección General de Trabajo», según UGT–, mientras se mantenga esta situación que «hace imposible regresar a la fabricación en régimen de dos turnos en las plantas de vehículos».

La dirección de Ford y UGT acordaron el miércoles pasado aplicar un ERTE para la fábrica de Almussafes (Valencia) con efectos retroactivos desde el pasado 29 de octubre –el día de la DANA– y que durará como máximo hasta el 30 de noviembre.

La Comisión de Hacienda del Congreso votará este jueves el paquete fiscal que el Gobierno busca añadir al impuesto a empresas multinacionales acordado en la UE, y el PSOE busca un punto de equilibrio ante la división de posiciones dentro del bloque de investidura.

Se trata del proyecto de ley que inicialmente transpone una directiva europea para crear un nuevo impuesto mínimo global del 15% a empresas multinacionales, pero en el que el PSOE y Sumar han pactado incorporar una reforma fiscal con nuevos impuestos y revisando parte de los existentes. Y es que es la última oportunidad de acometer una amplia reforma fiscal, dado que no se pueden aprobar impuestos por decreto ley y que los Presupuestos de 2025 tienen un futuro incierto.

Así, los planes de Hacienda pasan por crear nuevos impuestos a vapeadores, el tabaco, eliminar la bonificación del diésel, un nuevo diseño del gravamen a la banca y que se dé por amortizado el que se aplica a las energéticas.

Pero en este punto hay división en el bloque. Por un lado, Junts pactó con el PSOE dejar morir el impuesto energético para no poner en riesgo inversiones en Tarragona, y por otro, ERC, Bildu y Podemos insisten en hacer permanente el impuesto al sector energético ante los beneficios récord de compañías como Iberdrola. Del mismo modo, Sumar aboga por quitar exenciones fiscales a seguros médicos, algo que rechaza de plano el PNV, al ser algo muy extendido entre trabajadores de Euskadi.

De hecho, la comisión se iba a celebrar el pasado lunes, pero el panorama de división provocó que se desconvocara la reunión y que el Ejecutivo decidiera vetar enmiendas a la ley por la posibilidad de que se aprobaran en contra de su criterio, como rebajar el IVA a las peluquerías o a los productos de higiene íntima femenina.

Por medio, PSOE y Sumar anunciaron su pacto fiscal, que incluye otras medidas como aplicar un IVA del 21% a los apartamentos turísticos, elevar los impuestos de las Socimis y endurecer la fiscalidad de yates, aviones privados y coches de lujo.

DE MOMENTO SOLO SE RECOGEN ASPECTOS TÉCNICOS

De momento, el proyecto sólo ha superado la fase de ponencia, en una reunión a puerta cerrada, y únicamente se han incorporado cuatro enmiendas técnicas del PSOE relacionadas con el nuevo impuesto mínimo global, sin entrar en cuestiones como el tributo a la banca y las energéticas.

Ante las diferencias entre socios, el PNV no descarta precisamente que el texto que se apruebe en comisión precisamente sólo incorpore finalmente cuestiones relativas al impuesto mínimo global para conseguir que prospere la tramitación parlamentaria. «Es lo más sencillo», ha dicho el portavoz del partido en el Congreso, Aitor Esteban.

Con su paquete fiscal, el PSOE quiere entre otros asuntos subir la fiscalidad al tabaco, gravar a los vapeadores, reformar el Impuesto de Sociedades o subir las rentas del capital.

También eliminar, a partir del 1 de abril de 2025, la bonificación que tenía el diésel frente a la gasolina, aunque sin afectar al gasóleo profesional. La idea es introducir un mecanismo para rebajar la tributación que se activará si durante dos meses consecutivos la media del precio del diésel supera los dos euros por litro y la media de cotización del barril de Brent se incrementa ese segundo mes por encima de la media del mes anterior.

Asimismo, hay enmiendas socialistas que se debatirán el lunes para exigir el pago anticipado del IVA de los hidrocarburos y así luchar contra el fraude que los ‘missing traders’ realizan en la importación de este producto.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

El PSOE también busca una reforma del Impuesto de Sociedades para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma sobre este tributo que ejecutó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Así, se establece de nuevo un límite a las grandes empresas o grupos empresariales para aplicar deducciones para compensar las bases imponibles negativas. El límite es del 50% por ejercicio para las empresas con una cifra de negocio entre los 20 millones y los 60 millones de euros y del 25% para aquellas que superaran los 60 millones.

En otra enmienda del PSOE, que Junts dice que se ha negociado con ellos, se propone rebajar de manera progresiva este impuesto a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros. Frente al 23% que se grava a estas empresas en la actualidad, el Grupo Socialista propone rebajar el impuesto para que la parte de base imponible comprendida hasta los 50.000 euros se grave a un tipo del 17% en 2027, y la restante al 20% en 2029.

A esto se suma otra enmienda para que las compañías puedan deducirse hasta un 20% del importe neto del incremento de sus fondos propios, frente al 15% actual, con la idea potenciar la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto.

ENMIENDA A LA INCAPACIDAD PERMANENTE Y LAS RENTAS DEL CAPITAL

A su vez, se analizarán enmiendas para que la pensión por incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez sea compatible con un trabajo que requiera estar inscrito en algún régimen de la Seguridad Social.

El Grupo Socialista también introduce enmiendas para incrementar en un punto la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, pasando del 28% al 29%.

La última medida fiscal a destacar es el compromiso de impulsar en la UE la modificación de la Directiva del IVA, con el objeto de gravar este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística, como Airbnb, en zonas donde la abundancia de estos alojamientos dificulta el acceso a una vivienda o en zonas saturadas. Es el llamado paquete ViDA (VAT in the Digital Age), que el Gobierno considera «una prioridad.

El grupo de infraestructuras energéticas y de tratamiento de aguas Cox ha fijado el precio de su salida a Bolsa en el Mercado Continuo en 10,23 euros por acción, el importe mínimo de la horquilla de precios que barajaba (de 10,23 euros a 11,38 euros por título), según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sobre la base del precio final de la oferta, la capitalización bursátil de Cox en el momento de su admisión a Bolsa será, aproximadamente, de 805 millones de euros.

La compañía prevé que este jueves arranquen las transacciones y que la admisión a cotización y negociación de las acciones en las Bolsas Españolas se produzca «no más tarde del 15 de noviembre». Inicialmente, el estreno bursátil se esperaba para hoy mismo.

La empresa cerró ayer libros alcanzando los suficientes inversores para cubrir su oferta pública de venta (OPV) de acciones con la que debutará en el Mercado Continuo.

La compañía fundada y presidida por Enrique Riquelme ha logrado así la sobresuscripción de su oferta y de la ‘green shoe’ tras acordar, además, la extensión del periodo de prospección de la demanda.

El pasado martes, la compañía decidió también recortar el tamaño de su oferta pública inicial a unos 175 millones de euros, frente a los más de 200 millones de euros previstos inicialmente.

En un suplemento del folleto, la compañía modificaba así el tamaño de su OPV, pasando a ofrecer entre 15,37 millones y 17,10 millones de acciones ordinarias, frente a los 17,57 millones y 19,55 millones de nuevas acciones iniciales.

De esta manera, el grupo sitúa los ingresos brutos fruto de la oferta en unos 175 millones de euros. La opción de ‘green shoe’ está concedida para Banco Santander, BofA Securities Europe y Citigroup Global Markets Europe AG, sus entidades coordinadoras globales.

El grupo decidió reducir en su oferta el tamaño de la opción de sobreadjudicación, el denominado ‘green shoe’, del 15% previsto inicialmente hasta un máximo del 10% de la oferta. Así, la opción de sobreadjudicación, de aproximadamente 10 millones de euros, será concedida por Cox para cubrir los excesos de adjudicación y las posiciones cortas resultantes de las operaciones de estabilización, que durarán hasta el 13 de diciembre.

A principios de octubre, Cox, en la que su filial Cox Energy ya cotiza en el BME Growth, comunicó al regulador bursátil su intención de dar el salto al mercado.

Ahora lo hará en el Mercado Continuo con la sociedad holding, anterior Coxabengoa, después de integrar los negocios productivos del grupo Abengoa, y que fue rebautizada como Cox.

El de Cox será el segundo debut en el mercado español esta semana, tras el de este martes de Inmocemento, la nueva empresa con sede social en Barcelona que agrupa los negocios inmobiliario y de cemento de FCC.

Actualmente, el presidente y fundador del grupo, Enrique Riquelme, es el principal accionista con el 77,85% del capital, y tras la oferta, si se ejercitará en su totalidad de opción de sobreasignación, reducirá su posición hasta el 63,1%.

«Estamos ilusionados de dar este importante paso, el anuncio de hoy supone un hito importante en la trayectoria de crecimiento de la compañía. A pesar de la dificultad del mercado de salidas a Bolsa, la demanda de los inversores reflejada en el precio de la oferta es prueba del valor que los inversores ven en nuestra estrategia y trayectoria, así como en las perspectivas de crecimiento que tenemos por delante en los sectores del agua y la energía», ha destacado Riquelme.

FINANCIAR SUS NECESIDADES DE CAPITAL

Cox prevé utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar parcialmente sus necesidades de capital (47%) en relación con sus proyectos de energía estratégicos -equivalentes al 42,37% del total del ‘pipeline’ de generación de Energía-; así como a sus oportunidades identificadas de concesiones de agua -que, en términos de capacidad representan un 7,53% de la capacidad bruta total de las oportunidades identificadas de concesiones de agua-.

También los destinará a oportunidades identificadas de concesiones de transmisión -que, en términos de kilómetros, representan el 11,90% del total de kilómetros de sus oportunidades identificadas de concesiones de transmisión-.

NO PREVÉ DIVIDENDOS EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS

En el folleto Cox indicó que, en el corto plazo, tiene la intención de destinar los flujos de caja generados a continuar con el crecimiento del negocio, y no prevé distribuir dividendos durante los próximos tres años.

Así, a la fecha del folleto, el grupo añadió que aún no ha establecido una política de dividendos específica y que, tras ese periodo de tres años, evaluará si la introduce, dependiendo de sus resultados futuros y sus necesidades de financiación.

La compañía ya había anunciado el compromiso de inversores para hacerse con alrededor del 30% de la oferta. Una empresa de Emiratos Árabes Unidos (Amea Power) -30 millones de euros-, un banco de Marruecos (Attijariwafa Bank) -por hasta 5 millones de euros- y la empresa española Corporación Cunext -20 millones de euros- se sumarían así a los fundadores en la compra de acciones en su salto al mercado. Además, Enrique Riquelme se ha comprometido a 15 millones de euros y Alberto Zardoya a otros entre 5 y 10 millones de euros.

En 2023, Cox registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 103 millones de euros y unos ingresos que alcanzaron los 581 millones de euros.

El flujo de caja operativo ajustado positivo del grupo se situó en los 37,4 millones de euros para el año terminado en el 31 de diciembre de 2023.

En el primer semestre de este año, la empresa obtuvo unos ingresos de 306 millones de euros y un Ebitda de 81 millones de euros y registró un fuerte aumento de su ‘backlog’ -contratos firmados pendientes de ejecución-, que se situó en los 1.600 millones de euros, con un margen estimado de Ebitda del 11,7%.