«Pensamos que uno de los principales riesgos para el crecimiento económico global, del área del euro y de España son los geopolíticos», ha advertido el gobernador del Banco de España (BDE), Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en el Foro de debate económico de la Cátedra Germán Bernácer, de la Universidad de Alicante.
El jefe del organismo supervisor español ha hecho estas declaraciones a propósito del nuevo escenario de conflicto en Oriente Medio, que, afirmó, se suma a otros focos de incertidumbre en el plano geopolítico para la economía. Asimismo, ha alertado de que la transmisión de la política monetaria podría tener «algunos efectos más potentes» de los que se están estimando en la actualidad.
UN FOCO DE RIESGOS TRAS OTRO
El gobernador ha asegurado que uno de los principales vectores de inquietud sigue siendo la guerra en Ucrania, pero ha reconocido que ahora se están abriendo otros frentes, como es el caso del conflicto entre Israel y Palestina.
Además, el gobernador ha explicado que, pasados ya unos meses desde el inicio del endurecimiento de la política monetaria por la presión de los precios, la transmisión a las condiciones financieras está siendo «muy fuerte e, incluso, está siendo más rápida» de lo que se ha producido en otros momentos históricos.
El gobernador ha advertido de que queda una parte muy significativa de los efectos de la transmisión de la política monetaria pendientes sobre la actividad económica. «Es decir, que todavía debemos esperar que, si no en las condiciones financieras, desde luego en sus efectos sobre el crecimiento económico, inversiones, el consumo y el empleo», ha alertado.
Pese a esto, Hernández de Cos ha asegurado que el actual nivel de los tipos de interés, si se mantiene durante un tiempo lo suficientemente largo, podría ser suficiente para alcanzar el objetivo de inflación en el 2%, aunque todo estará condicionado a la evolución de la situación.
DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
En clave nacional, el gobernador ha explicado que durante los meses de verano la economía española ha mostrado signos de desaceleración, que se esperan que se prolonguen en la segunda parte del año.
En cuanto a la inflación, el gobernador ha recordado que en los últimos meses ha vuelto a repuntar, tras haber alcanzado un mínimo del 1,6% en junio. Para el año que viene, las estimaciones indican que la tasa sería algo más alta en promedio como consecuencia sobre todo de la desaparición de las medidas para mitigar los efectos del incremento de los precios energéticos y de los alimentos.
RETIRADA DE MEDIDAS ANTICRISIS Y PLAN DE AJUSTE FISCAL
Sobre esto, el gobernador ha insistido en que el papel que la política fiscal tiene que hacer en este momento debe pasar por la retirada, progresiva, de las medidas de lucha contra el incremento de la inflación, en función de la reducción también de los precios energéticos.
En el caso de que fuera necesario, porque se produjeran nuevos episodios de incremento de los precios del petróleo o de los precios energéticos en general, Hernández de Cos ha instado a aprobar medidas «mucho más focalizadas» de lo que lo han sido en los últimos meses, de tal manera que se pueda apoyar a los hogares o a las empresas más vulnerables, siendo esto compatible con generar efectos sobre el déficit público menores.
EL GOBERNADOR CONSIDERA QUE, PARA QUE LA RENTA PER CÁPITA ESPAÑOLA SE EQUIPARE CON LA DEL ENTORNO EUROPEO, HACEN FALTA REFORMAS ESTRUCTURALES «MUY POTENTES»
En cualquier caso, el gobernador opina que para el conjunto del área del euro, también para el caso de la economía española, el tono de la política fiscal el año que viene tiene que ser restrictivo. «Es decir, se tiene que producir una reducción del déficit público estructural, que además en el caso de la economía española es elevado y supera el 3%», ha explicado.
Esto tendría que ir de la mano, según el gobernador, de un programa de ajuste fiscal que abarque un escenario macroeconómico de varios años y que sea «detallado y creíble», tanto por el lado de los ingresos como de los gastos.
Para Hernández de Cos, España necesita abordar un proceso de convergencia con la renta per cápita del resto de los países europeos y para ello necesita de un paquete de reformas estructurales «muy potentes» y con «vocación de permanencia».
