La nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reunirá este lunes a partir de las 18.30 horas con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, en el que será su primer encuentro formal con los agentes sociales desde que asumió el cargo en sustitución de José Luis Escrivá.
Sobre la mesa estará la subida de pensiones para el próximo año, que será del 3,8% para las contributivas; de entre el 5% y el 7% para las mínimas contributivas, con excepción de las de viudedad con cargas familiares, que se revalorizarán un 14,1%, y del 6,9% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En esta primera toma de contacto entre la ministra y los agentes sociales, los sindicatos ya han dicho que uno de sus objetivos será el de conseguir que el Gobierno prorrogue de manera inmediata el contrato de relevo para la industria manufacturera, cuya regulación actual expira el próximo 31 de diciembre y cuya continuidad consideran fundamental, por ejemplo para el sector del automóvil.
Saiz afronta en esta legislatura varios retos heredados de las reformas de pensiones acometidas en la etapa anterior, así como otros nuevos recogidos en los compromisos adquiridos por el PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El anterior ministro del ramo llevó a cabo en la pasada legislatura varias reformas de calado para el sistema de pensiones, algunas con el concurso de los agentes sociales, y otras con el respaldo único de los sindicatos, que habrán de seguir desplegándose en el próximo periodo.
Durante la toma de posesión de su cartera, la ministra Saiz se comprometió a seguir mejorando las pensiones mínimas y no contributivas, a incrementar la hucha de las pensiones y a culminar la regulación de la jubilación anticipada para las profesiones especialmente duras o penosas.
La nueva ministra de Seguridad Social señaló además que en esta legislatura será «clave» seguir desplegando la reforma de pensiones, el nuevo sistema de cotización de autónomos y los planes colectivos, «hitos muy relevantes» de la pasada legislatura.
Asimismo, dijo que buscará aumentar el diálogo con las distintas administraciones para reforzar la articulación territorial del sistema; desarrollar las modalidades nuevas de jubilación parcial o activa para dar más «flexibilidad y oportunidades» para una salida progresiva y voluntaria del mercado de trabajo, así como reducir la brecha de género en pensiones.
En la pasada legislatura, el Gobierno puso en marcha su reforma de pensiones en dos fases. La primera pata consagró la revalorización de las pensiones con el IPC, revisó el modelo de jubilaciones anticipadas e introdujo mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral al objeto de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
En esta primera fase de la reforma, se eliminó el llamado factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 del Gobierno del PP, que fue sustituido por el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuya entrada en vigor se produjo este mismo año y con el que se estableció una sobrecotización inicial del 0,6%, que irá subiendo progresivamente hasta el 1,2% en 2029.
La segunda pata de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de este año y centrada en la obtención de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema, contempla subidas de bases máximas y cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento progresivo, a partir de 2027, de un modelo dual para calcular la pensión, con la posibilidad de elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este último caso los dos peores.
De acuerdo con esta reforma, desde el próximo año y hasta 2050, las bases máximas de cotización subirán anualmente con el IPC más una cuantía fija de 1,2 puntos, y las pensiones mínimas contributivas experimentarán, también desde 2024 y hasta 2027, una subida progresiva superior al IPC para asegurar que al final de dicho periodo no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.
MACROFONDO DE PENSIONES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
Junto a estas dos reformas, el Ejecutivo llevó a cabo en la anterior legislatura otras reformas que continuarán desplegándose en los próximos años, como la reforma del sistema de cotización de los autónomos en función de sus rendimientos netos y la reforma de la Ley de Planes de Pensiones de Empleo, con la que se estableció un marco normativo actualizado para impulsar el ahorro vinculado al ámbito laboral entre todos los trabajadores.
Esta norma, aprobada tan sólo unos días antes de las elecciones generales del 23 de julio, fijó los elementos básicos para la constitución y funcionamiento de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos.
Precisamente, otro de los grandes retos de esta legislatura en materia de Seguridad Social será el arranque, previsto para las próximas semanas, del macrofondo de pensiones de promoción pública diseñado por el Ministerio de Escrivá en la anterior legislatura.
REFORMA DE LA JUBILACIÓN PARCIAL
Junto a todo lo anterior, PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo para la constitución del nuevo Gobierno, diversas materias que afectan a la Seguridad Social y que formarán parte de las medidas a afrontar por el Ministerio de la Seguridad Social en esta legislatura.
Así, dicho acuerdo recoge que se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera.
PSOE y Sumar se han comprometido a seguir actualizando las pensiones con el IPC, a seguir aumentando las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea, y a seguir progresando en la eliminación de la brecha de género de las pensiones, incluyendo nuevos mecanismos para reducir dicha brecha.
Al mismo tiempo, y para el colectivo de autónomos, las partes se han comprometido a extender la posibilidad de aplicar la cuota reducida (tarifa plana) a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de la actividad en los que se produzcan caídas de sus ingresos por debajo del SMI, cuando declaren por estimación directa, todo ello sin pérdida de derechos de protección social.
