La Administración General del Estado (AGE) ha establecido que la letra «V» será la que marque el orden de intervención de los opositores en los procesos selectivos. De esta manera, los candidatos cuyo primer apellido comience con esta letra serán los primeros en participar cuando se establezcan turnos, exámenes orales y pruebas individuales.
Este sorteo público, celebrado el 24 de julio en la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995. Dicha normativa indica que, previo al inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos, se debe determinar mediante un sorteo público el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas que se celebren durante el año.
El objetivo: Garantizar la imparcialidad y transparencia en los procesos de selección
El propósito de este sorteo público es garantizar la imparcialidad y transparencia en los procesos de selección para el ingreso a la Administración General del Estado. Al establecer un orden aleatorio de participación de los candidatos, se evita cualquier tipo de favoritismo o ventaja injustificada.
Además, el Real Decreto establece que el resultado del sorteo debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogerse en cada una de las convocatorias de los procesos selectivos. De esta manera, se asegura que todos los aspirantes tengan conocimiento del orden en el que intervendrán.
La letra «V» como punto de partida
La elección de la letra «V» como punto de partida para el orden de intervención de los aspirantes se realiza mediante un sorteo público, tal como lo indica la normativa. Este mecanismo garantiza la aleatoriedad y equidad en el proceso, evitando cualquier tipo de sesgo o preferencia.
Es importante destacar que esta medida se aplica a todos los procesos selectivos de la Administración General del Estado, lo que contribuye a la uniformidad y coherencia en la selección de personal. De esta manera, se promueve la igualdad de oportunidades y se fortalece la confianza de los ciudadanos en la transparencia de los procesos de selección pública.
