El Gobierno espera aprobar a principios del mes de julio el Consejo de la Productividad, según ha indicado este lunes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su intervención en el seminario que organizan la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

«Esperemos que en estos días ya se envíe al Consejo de Estado para su dictamen y esperamos poder aprobarlo a principios del mes de julio», ha subrayado el ministro durante su intervención inicial.

Cuerpo ha explicado que el Consejo estará dotado de «plena autonomía funcional» y elaborará análisis económicos y estadísticos enfocados en aumentar la productividad y competitividad de las empresas.

Asimismo, el ministro también ha agregado que el Gobierno espera sacar a consulta pública próximamente la creación de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas.

La creación del Consejo dará respuesta a la recomendación del Consejo de la Unión Europea para que los Estados miembros contaran con un organismo que se encargara de forma específica de analizar la evolución y las políticas en el ámbito de la productividad y la competitividad, con el objetivo es fomentar la aplicación de reformas que inciden en su mejora y de forma adicional en un mayor crecimiento económico.

PROYECTO CON IA PARA REDUCIR LA BUROCRACIA DE LAS PYMES

Respecto a la productividad, el ministro Cuerpo también ha adelantado un proyecto en el que está trabajando el Gobierno para simplificar la carga administrativa de las pymes haciendo uso de la inteligencia artificial, de forma que se liberen «gran cantidad de horas de trabajo» para que estas empresas las dediquen a tareas de valor añadido.

Asimismo, el Ejecutivo también ha avanzado que aspira a diseñar un régimen común administrativo para evitar la multiplicidad de regulación o la fragmentación de normas que existen dentro de las comunidades autónomas. El Gobierno espera aplicar esta armonización a «ámbitos concretos» como la distribución comercial, poniéndolo en marcha con proyectos pilotos en un primera fase.

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje) participa estos días en la Cumbre de jóvenes empresarios del G20 (G20 YEA), la red de jóvenes empresarios más grande del mundo, que se reúne en Goiânia, Brasil.

Bajo el título ‘Construyendo un mundo justo y un planeta sostenible’, los más de 500 jóvenes empresarios participantes, han elaborado un documento que reclama a los líderes mundiales la necesidad urgente de políticas que fomenten el crecimiento económico justo, la sostenibilidad y la innovación digital.

Los jóvenes empresarios han identificado acciones en cinco áreas prioritarias en las que los líderes del G20 deben actuar: crecimiento económico inclusivo; facilitación de los negocios internacionales; acelerar la transición hacia una economía circular; educación y fomento de las nuevas generaciones de emprendedores e acciones de innovación y digitalización de las formas de trabajar.

Esta es la segunda vez en la historia que España participa en esta cumbre, después de estrenarse el pasado mes de agosto en la cumbre de Nueva Delhi. La delegación española en Brasil está presidida por Ruben Sans, vicepresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Catalunya (Aijec). Sans participa también como delegado europeo por su condición de vicepresidente de Yes for Europe, la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios.

Para Sans la participación en la Cumbre del G20 YEA es «una oportunidad» para presentar sus ideas, colaborar con jóvenes empresarios de todo el mundo y demostrar que están comprometidos a trabajar juntos para lograr un futuro «próspero y equitativo».

El representante español ha apuntado que las medidas adoptadas y los compromisos inmediatos que se piden a los gobiernos del G20 envían un poderoso mensaje de apoyo a los jóvenes emprendedores de todo el mundo, «quienes están llamados a liderar la renovación económica y social» del planeta.

EL COMUNICADO DE LA CUMBRE DE JÓVENES EMPRESARIOS DEL G20 YEA 2024

El comunicado resultante de esta Cumbre de Jóvenes Empresarios del G20 YEA 2024 reclama la promoción de oportunidades empresariales como motor de inclusión económica, fomentando la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las pymes existentes.

El G20 YEA pide a los líderes del G20 que implementen políticas nacionales para garantizar el acceso de los jóvenes a través de programas de educación empresarial y dándoles acceso a vías adecuadas de financiación.

Los jóvenes empresarios reunidos esos días en Brasil destacan en este comunicado la importancia de crear estrategias nacionales de canalización del talento empresarial para identificar, desarrollar y apoyar a jóvenes emprendedores prometedores.

Entre las medidas para facilitar el negocio internacional los empresarios piden la creación de una visa global de negocios para facilitar la movilidad empresarial y la promoción del libre movimiento de capital de inversión, así como la simplificación de los estándares regulatorios para iniciar y expandir negocios.

Acelerar la transición hacia a una economía circular también ha estado entre las demandas, y para ello se precisa fomentar la creación de empleo inclusivo y apoyo a las pymes sostenibles. Incentivos para el emprendimiento agrícola sostenibles y programas de reciclaje y reutilización de plásticos, así como campañas educativas sobre la economía circular y la creación de un marco regulatorio son algunas de las acciones que propone el comunicado.

Para los jóvenes empresarios de todo el mundo es vital avanzar en la educación y fomento del emprendimiento con una integración de la educación empresarial en los sistemas educativos desde una edad temprana, la actualización de los programas de habilidades para emprendedores y un acceso inclusivo a la educación empresarial superior, así como el establecimiento de redes de apoyo globales para emprendedores.

Para incentivar la innovación, digitalización y el futuro del trabajo, el G20 YEA insta a los líderes del G20 a priorizar la creación de estándares globales comunes para el desarrollo de una IA segura que permita a los emprendedores iniciar y hacer crecer negocios que aprovechen el potencial de esta tecnología en un marco global coordinado.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte en un trabajo publicado este lunes del elevado «agujero» del sistema de pensiones y de la poca probabilidad de que la última reforma de pensiones reduzca el déficit contributivo observado en los últimos años.

El estudio, elaborado por un grupo de autores de las universidades de Valencia, Alcalá de Henares y Barcelona, en el que se aborda el balance actuarial del sistema de pensiones, concluye que éste presenta una situación de solvencia «muy deteriorada», con un patrimonio neto negativo «muy elevado», cuya carga se está trasladando a las generaciones futuras.

«Pese a las optimistas previsiones del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, es poco probable que la reforma del sistema de pensiones llevada a cabo en el periodo 2020-2023 reduzca el creciente déficit contributivo observado en los últimos años», subraya Fedea, que urge a la clase política «a tomarse en serio el agujero del sistema de pensiones y a tomar medidas correctivas».

Fedea expone en este informe que hay diversos indicadores para medir la salud financiera de los sistemas públicos de pensiones, siendo los más tradicionales los indicadores fiscales, aquellos que miden la relación entre los ingresos y gastos de cada año, es decir, el déficit/superávit del sistema.

Sin embargo, avisa de que este forma de medir la salud financiera de los sistemas de pensiones no ofrecen una imagen completa y apunta que una herramienta complementaria para valorar la solvencia estos sistemas, cada vez más utilizada, es el llamado balance actuarial.

Éste es un estado financiero que refleja el pasivo de un sistema de pensiones, esto es, los derechos adquiridos por los cotizantes y pensionistas en una fecha determinada, junto con los activos financieros y, en particular, por cotizaciones que respaldan a dichos pasivos.

Fedea recuerda que desde 2017, la UE exige que todos los Estados miembros publiquen un cuadro complementario para recoger el valor devengado de sus pasivos por pensiones hasta una fecha de referencia utilizando un método actuarial estándar y algunas hipótesis comunes.

UN «AGUJERO» DE 2.490 MILLONES DE EUROS EN 2021

Partiendo de la última versión disponible de este cuadro para España, el de 2021, publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este trabajo de Fedea ofrece una valoración de la solvencia del sistema público de pensiones español.

De acuerdo con estos cálculos, los pasivos por pensiones del sistema público de pensiones en España al finalizar 2021, sin incluir el régimen de clases pasivas, fueron de 5,46 veces el PIB, frente a las 3,32 veces de 2014.

Fedea estima que el valor razonable de los activos financieros y por cotizaciones atribuibles al sistema era de 3,42 veces el PIB de 2021, por lo que el patrimonio neto negativo o «agujero» del sistema alcanzaba la cifra de 2,04 veces el PIB de 2021, es decir unos 2,49 billones de euros (2.490 millones de euros)

El trabajo recuerda que la normativa que se aplica en Estados Unidos y Europa (IAS 19) a las empresas promotoras de planes de pensiones de prestación definida establece que el patrimonio neto negativo de los fondos de pensiones debe incorporarse en los estados financieros de las empresas promotoras.

En este sentido, Fedea señala que si, por analogía, el «agujero» del sistema público de pensiones adeudado a los cotizantes actuales y a los pensionistas se trata de forma similar, al ser las deudas netas por pensiones una forma de deuda pública que se corresponden con derechos adquiridos muy difíciles de negociar, la deuda pública «real» de España sería de 3,21 veces el PIB, en lugar de la cifra oficial de 1,17 veces.

«La salud financiera del sistema de pensiones español es débil y se está debilitando debido a políticas de pensiones incorrectas, la falta de crecimiento económico y las tendencias demográficas (…) Es imperativo que la gestión de las obligaciones en materia de pensiones pase de estar de un enfoque de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ a otro más transparente que refleje con exactitud el valor neto del sistema, es decir, un planteamiento de decir las cosas como son», apuntan los autores de este trabajo.

Así, el estudio concluye que el sistema de pensiones en España necesita una reforma urgente para garantizar la equidad intergeneracional y modificar el enfoque de la política de Seguridad Social en España.

«Se puede afirmar que la reforma llevada a cabo en el periodo 2020-2023 está mal planteada porque se basa en la ficción de que el sistema de pensiones está en una especie de equilibrio cuando el sistema tiene una situación de solvencia muy vulnerable y con una deuda muy elevada. Los responsables políticos españoles no están abordando la necesidad de una reforma a tiempo (…) La historia española muestra una tendencia a no hacer nada hasta que surge una crisis, sobre todo cuando se trata de abordar la reforma de la Seguridad Social», afirman los autores.

El Banco de España (BdE) debería asumir plenas competencias regulatorias en aquellas materias no armonizadas a nivel europeo «incluida la autorización de fusiones», según defiende el Fondo Monetario Internacional en su último Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, según sus siglas en inglés) de España.

El repaso de la situación del sector financiero español recoge así de nuevo la recomendación formulada en 2017 por la institución internacional en el contexto de su anterior FSAP, cuando advertía de que hay algunas áreas en las que el BdE no tiene el papel prudencial exclusivo, como la autorización de fusiones, que sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Economía, mientras que el BdE está obligado a emitir su opinión.

En este sentido, el FMI destaca en su última evaluación financiera para España, que publicó el pasado 6 de junio, coincidiendo con su informe anual ‘Artículo IV’, que «no se ha tomado ninguna medida específica» al respecto.

No obstante, la institución con sede en Washington apunta que el proyecto para la implementación de la Directiva CRD VI de la Comisión Europea está destinado a armonizar este aspecto a nivel de la UE, en particular las adquisiciones por parte de una entidad de crédito de una participación importante en una entidad financiera o no financiera, la transferencia de activos o pasivos y las fusiones o escisiones.

«Si se aprueba la propuesta, se otorgarían poderes de autorización para fusiones (sin oposición) al supervisor y, por lo tanto, la recomendación del FSAP quedaría reemplazada», subraya el FMI.

Se espera que las nuevas reglas bancarias para la UE se apliquen de manera gradual a partir de 2025, aunque sujeta, en el caso de la nueva directiva, a su pertinente transposición por parte de los legisladores nacionales de los Estados miembros de la UE, algo que debe producirse en el plazo establecido cuando se adopta la directiva, generalmente en dos años.