España atraviesa una crisis de vivienda que ya no admite eufemismos. El acceso a un hogar digno se ha convertido en una carrera imposible para miles de jóvenes, mientras el debate político avanza a golpes de consignas. En ese contexto, la mirada del economista Juan Ramón Rallo introduce una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿por qué un gobierno que se define como social no actúa donde más falta hace?
La respuesta, según su análisis, no está solo en la economía, sino también en los incentivos políticos y demográficos que condicionan las decisiones públicas. Una combinación que, lejos de aliviar el problema de la vivienda pública, lo profundiza año tras año.
Una generación atrapada fuera del mercado
Desde una lógica progresista, el diagnóstico parece evidente. El grupo social más vulnerable en la actualidad no es homogéneo, pero sí identificable: los jóvenes que no pueden emanciparse ni acceder a una vivienda. No se trata de ayudas indiscriminadas, aclara Rallo, sino de políticas dirigidas a quienes realmente lo necesitan. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido mínima o directamente inexistente.
La solución estructural, sostiene, pasa por aumentar la oferta. Construir masivamente vivienda pública y facilitar su acceso mediante mecanismos claros y efectivos. Lo que se ha hecho hasta ahora va en sentido contrario. El control de precios, sin un incremento real del parque inmobiliario, reduce las unidades disponibles y retrae tanto al sector privado como al público. El resultado es un mercado cada vez más estrecho, donde la vivienda escasea y se encarece.
A esto se suman ayudas que no llegan o que terminan inflando los precios, beneficiando a inversores antes que a los destinatarios originales. Así, la crisis de vivienda no solo no se corrige, sino que se agrava. Año tras año, el problema es más profundo y las expectativas de mejora se diluyen, especialmente entre quienes deberían estar construyendo su proyecto de vida.
Pensiones, votos, vivienda pública y el trasfondo político
Para entender por qué no se actúa, Rallo propone mirar más allá del discurso. En democracia, explica, los partidos buscan maximizar votos. Y en España, el grupo más numeroso y movilizado electoralmente es el de los pensionistas. Un colectivo que, además de percibir una pensión pública, concentra gran parte del patrimonio inmobiliario del país. La vivienda, en este esquema, no es solo un derecho, sino también un activo clave.
Los datos son elocuentes: mientras solo una minoría de hogares jóvenes es propietaria, la inmensa mayoría de los mayores de 65 años posee al menos una vivienda, y una parte significativa cuenta con una segunda propiedad. Proteger el valor de ese patrimonio se convierte, así, en una prioridad política. Cualquier medida que abarate la vivienda o aumente la oferta amenaza ese equilibrio y, por extensión, un caudal decisivo de votos.
En paralelo, el sistema de pensiones añade presión. Al tratarse de un modelo de reparto, necesita una base amplia de cotizantes. La inmigración aparece entonces como un parche a corto plazo: más trabajadores hoy para sostener las pensiones actuales. Pero sin políticas de vivienda que acompañen ese crecimiento poblacional, la tensión se traslada al mercado inmobiliario, donde la demanda crece y la oferta permanece congelada.
Rallo no plantea soluciones simples ni inmediatas. Advierte que el problema está entrelazado y que cualquier salida requiere persuasión política y conciencia social. Visibilizar que determinados derechos consolidados generan cargas sobre otros grupos es el primer paso. Sin ese debate honesto, la vivienda seguirá siendo el gran punto ciego de la política española y una generación entera continuará esperando una oportunidad que nunca termina de llegar.
