La industria española se encuentra en un momento crítico. Después de una década marcada por la crisis económica y los desafíos globales, el Gobierno ha propuesto una nueva Ley de Industria que busca impulsar el desarrollo y la competitividad del sector. Sin embargo, esta iniciativa legislativa enfrenta diversos retos que deben ser abordados con cautela y precisión.
El Consejo Económico y Social (CES) ha realizado una valoración positiva del anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Si bien reconoce los avances en cuanto a la ambición de la norma, también ha señalado la necesidad de mayor precisión en aspectos clave. Una de las principales preocupaciones radica en la incertidumbre jurídica que puede generar la falta de definición en torno a los nuevos órganos, instrumentos y procedimientos incorporados en el texto.
Para evitar que estas medidas queden en meras declaraciones de intenciones, el CES considera fundamental contar con procedimientos específicos, especialmente en áreas como el compromiso con la industria intensiva en energía o la colaboración público-privada para la promoción del suelo industrial. Asimismo, resalta la carencia absoluta de medios financieros y de personal para llevar a cabo los objetivos de la ley, lo cual repercute directamente en su implementación.
La Necesidad de un Pacto por la Industria
El CES ha subrayado que el éxito de cualquier estrategia industrial exige la colaboración y participación de los interlocutores sociales, los sectores industriales y otras partes relacionadas con los ecosistemas industriales. Además, destaca la necesaria coordinación no solo entre las diferentes administraciones con competencias en industria, sino también entre los distintos departamentos gubernamentales.
En este sentido, el organismo presidido por Antón Costas considera que la elevación de la política industrial al rango de las grandes políticas de Estado, a través de un Pacto de Estado por la Industria, es fundamental para fortalecer las atribuciones del Ministerio de Industria y garantizar la eficacia del sistema de gobernanza industrial.
Atención a las Pymes y la Perspectiva de Género
El anteproyecto de ley también presenta algunas carencias significativas. Por un lado, el CES señala que no se prevén medidas específicas para abordar las necesidades particulares de las pymes industriales, como las dificultades en materia de financiación, digitalización, sostenibilidad e innovación.
Además, el organismo advierte sobre la ausencia de instrumentos específicos para reducir la brecha de género, a pesar de que la propia Estrategia Española para el Impulso Industrial incluye la consideración de la perspectiva de género como eje transversal. Esta omisión resulta preocupante, dado que la igualdad de oportunidades y la diversidad son elementos clave para el desarrollo sostenible del sector industrial.
En conclusión, la nueva Ley de Industria representa un paso importante en la búsqueda de la autonomía estratégica del sector, pero aún enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados con coordinación, consenso y una decidida asignación de recursos. Solo así podrá convertirse en una herramienta efectiva para impulsar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de la industria española.
