La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha emitido un auto el 30 de mayo en el que somete al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial relevante sobre la condición de los empleados públicos con temporalidad abusiva, en relación con la sentencia del tribunal europeo del 22 de febrero que cuestionó la normativa española. Una de las interrogantes planteadas por el Supremo es si aumentar la compensación de 20 días por año trabajado sería una medida efectiva para combatir la temporalidad abusiva en el ámbito público.

En la sentencia del TJUE del pasado febrero, se criticaba que la legislación española no desalentara de manera adecuada a las Administraciones Públicas del uso abusivo de contratos temporales, sugiriendo la posibilidad de convertir en indefinidos a los trabajadores afectados.

El Supremo anunció anteriormente que presentaría una cuestión prejudicial para aclarar la conformidad de la normativa española con el Derecho europeo, y ahora ha confirmado que ha elevado dicha cuestión al TJUE.

En su planteamiento, el Alto Tribunal cuestiona al TJUE sobre la idoneidad de la doctrina jurisprudencial en negar el reconocimiento de trabajadores fijos del sector público a aquellos que no hayan pasado un proceso de selección basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación. Además, se plantea si una compensación más elevada que los 20 días de salario por año de servicio actualmente reconocidos sería una medida suficiente para cumplir con la normativa europea sobre prevención y sanción de los abusos derivados de la contratación temporal indebida en el sector público.

En términos concretos, el Supremo pregunta al TJUE si la doctrina jurisprudencial que niega la condición de trabajadores fijos del sector público a los trabajadores indefinidos no fijos contraviene la cláusula 5 del Acuerdo Marco. En caso afirmativo, se interpela sobre si otorgar una compensación disuasoria al trabajador indefinido no fijo al finalizar su relación laboral sería una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos relacionados con la utilización repetida de contratos temporales en el sector público, de acuerdo con la cláusula 5 del Acuerdo Marco.

El auto emitido por el Supremo, que consta de casi 40 páginas, establece diez puntos clave, resaltando que el acceso a los empleos públicos fijos en España debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Además, destaca que la libertad de movimiento de trabajadores implica la oportunidad de participar en los concursos para acceder a empleos fijos en el ámbito público, y que para cumplir con las normativas españolas y de la UE, el acceso a un empleo público fijo solo debería estar disponible tras dar la opción a todas las personas del ámbito de la UE que deseen optar por él.

El Supremo también aborda la figura del indefinido no fijo como respuesta a los abusos de la temporalidad en el sector público, respaldada indirectamente por la jurisprudencia del TJUE. Enfatiza que sus derechos se equiparan a los de los empleados fijos, aunque la plaza deba ser sometida a concurso público.

Adicionalmente, el Supremo defiende que el cese de un trabajador indefinido no fijo, por motivos distintos a los establecidos, debe ser tratado de manera similar al despido de un trabajador fijo, incluso llegando a considerarse nulo en algunos casos.

En conclusión, el Supremo subraya la importancia de proteger los derechos de los trabajadores indefinidos no fijos, destacando las numerosas garantías y salvaguardias existentes para su resguardo, sin concederles la propiedad definitiva del puesto.

Recientemente, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo emitió una sentencia donde sostiene que la transformación automática de los trabajadores interinos en indefinidos no fijos no es una medida plausible a raíz de la sentencia del TJUE del 22 de febrero, ya que sería incompatible con el sistema español de Administración Pública basado en la igualdad, mérito y capacidad.

El Estado ha registrado hasta abril un déficit en términos de contabilidad nacional de 60 millones, inferior en un 97,2% al del mismo periodo de 2023 (2.156 millones), lo que en términos del PIB se traduce en una situación de equilibrio presupuestario, frente a un déficit de 0,15% en el mismo periodo de 2023, de acuerdo con los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

«La evolución hasta abril muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada en 2021 y que se ha mantenido en 2022 y 2023 como consecuencia de la mejora de la actividad económica y del empleo, alcanzando la situación de estabilidad presupuestaria», ha destacado el Ministerio a través de un comunicado.

Si al déficit se le descuentan los intereses se obtiene el saldo primario. De esta forma, a finales de abril de 2024 se ha obtenido un superávit primario de 9.338 millones, superior en un 57,5% al resultado primario positivo de 2023.

El Departamento que dirige María Jesús Montero también ha publicado este viernes datos del déficit público consolidado de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social, en este caso hasta el mes de marzo, que se sitúa en 4.541 millones de euros, un 34,9% más que en el mismo periodo del año pasado. En términos relativos, la ratio déficit sobre PIB se sitúa en el 0,29%, 0,06 puntos porcentuales más que la del mismo periodo de 2023, del 0,23%.

LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEL ESTADO CRECE UN 6,4%

La evolución del saldo del Estado, que ha logrado equilibrio, se debe a un avance de los ingresos del 2,8%, hasta los 84.130 millones, mientras que los gastos han aumentado un 0,2%, hasta los 84.190 millones.

En concreto, los recursos no financieros –ingresos– se sitúan en 84.130 millones, lo que implica un 2,8% más respecto al mismo periodo de 2023. Dentro de esto, los impuestos alcanzan los 72.182 millones, cerca del 86% del total de los recursos, tras crecer un 6,4% respecto a abril de 2023.

Esta evolución se debe, principalmente, al avance de los ingresos procedentes del IRPF en un 17,9%, hasta situarse 17.155 millones, cifra que equivale al 23,8% del total de los impuestos.

También ha aumentado la recaudación del impuesto sobre la electricidad en 145 millones, hasta 212 millones; debido, principalmente, a la recuperación desde el uno de enero del año en curso del tipo impositivo al 2,5% y del 3,8% desde el uno de abril, frente al 0,5% aplicado en el primer cuatrimestre de 2023. El tipo impositivo habitual del impuesto de la electricidad es del 5,1%.

En el caso del IVA, el incremento ha sido de 772 millones hasta 32.342 millones y también está determinada por la recuperación del tipo impositivo del IVA de la electricidad al 10%, durante los dos primeros meses del año, y al 21%, desde el 1 de marzo, el tipo del IVA del gas y de las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, briquetas y pellets procedentes de la biomasa y la madera para leña al 10% durante el primer trimestre de 2024 y al 21% a partir del uno de abril, mientras que en el mismo periodo de 2023 el tipo aplicado fue del 5%. También se ha reactivado el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE).

Por su parte, los ingresos por cotizaciones sociales se sitúan en 1.912 millones, con un descenso del 1,3%, y el resto de los ingresos con 10.036 millones, disminuye un 16,8%, 2.026 millones menos, debido principalmente, a que en el mes de marzo no ha habido ningún ingreso por dividendos procedente del Banco de España correspondiente a los beneficios de 2023, ya que estos fueron nulos, mientras que en 2023, procedentes del beneficio de 2022, se ingresaron 1.369 millones.

Por el lado de los gastos, a finales del primer cuatrimestre, los empleos no financieros del Estado se han situado en 84.190 millones, cifra superior en un 0,2% a la registrada en los cuatro primeros meses de 2023.

La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, que representa en torno al 60% del total de empleos no financieros. En concreto, en los cuatro primeros meses del año ascienden a 49.927 millones, un 0,1% más que el año anterior.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ELEVAN SU DÉFICIT AL 0,38% DEL PIB

En cuanto al conjunto de administraciones, en marzo de 2024, la Administración Central logró un déficit de 131 millones, un 82,1% menos respecto al mismo periodo de 2023, hasta situarse en el 0,01% del PIB.

En el caso de la Administración Regional, las comunidades autónomas registraron un déficit a finales de marzo de 2024 de 5.934 millones, un 99,3% más, lo que equivale al 0,38% del PIB, frente al 0,20% de 2023. Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 6%, mientras que los ingresos se incrementan en un 0,5% respecto a marzo de 2023.

Por último, los Fondos de la Seguridad Social a finales de marzo de 2024 registraron un superávit de 1.455 millones, mientras que en el mismo período de 2023 obtuvo un déficit de 891 millones. Se puede observar un crecimiento de los ingresos del 11,5%, que ha superado en 4,7 puntos porcentuales al de los gastos, que se ha situado en el 6,8%.

Lopesan Hotel Group se ha incorporado al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), en calidad de asociado, tras la firma de un acuerdo de colaboración, que se centra en el impulso de la innovación, la transformación digital, la sostenibilidad y la eficiencia energética.

La alianza entre ambas entidades favorece la participación de profesionales del Grupo Lopesan en eventos de referencia en el sector y jornadas técnicas, organizadas por el ITH, en las que se sentarán las bases para la implementación de herramientas que ayuden a satisfacer las demandas de las nuevas generaciones de viajeros.

El Instituto Tecnológico Hotelero ofrece la oportunidad a sus asociados de compartir los progresos tecnológicos y los casos de éxitos registrados, motivando la creación de una comunidad especializada en la que poder consultar los contenidos, avances y acciones de formación desarrolladas por este centro tecnológico.

Por su parte, Lopesan se compromete a aportar algunos de los detalles de la modernización de su modelo de negocio y la apuesta por la transformación digital llevada a cabo para consolidarse como la principal cadena hotelera de las Islas Canarias y una de las más importantes del ámbito nacional.

El inicio de esta colaboración posibilita el acceso al know-how del ITH y los progresos de sus proyectos vinculados a la inteligencia artificial (IA), robótica colaborativa o cobots, ciberseguridad o la ITH TechYroom, una propuesta para experimentar e incorporar distintas tecnologías en ámbito hotelero.

Los avances en eficiencia energética y los proyectos orientados a la descarbonización de la actividad turística, centran otras de las acciones recogidas en esta colaboración con el ITH.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos continúa su labor de supervisión sobre Boeing, con el objetivo de garantizar la seguridad y calidad en los aviones fabricados por la compañía. Tras una reunión de tres horas con altos directivos de la empresa, la FAA ha anunciado que seguirá exigiendo responsabilidades a Boeing para abordar sus problemas sistémicos en esos ámbitos.

Compromiso de Boeing y exigencias de la FAA

En febrero, el administrador de la FAA, Mike Whitaker, dio un plazo de 90 días a Boeing para presentar un plan de acción integral que establezca un nuevo estándar de seguridad, después del incidente ocurrido en el panel de la puerta del 737 MAX de Alaska Airlines a principios de enero.

Como parte de las medidas solicitadas, Boeing implementará un Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS) obligatorio, que asegurará un enfoque estructurado y sistemático para identificar y gestionar los riesgos en sus operaciones. Además, se llevarán a cabo acciones como la simplificación de procesos, la mejora de la formación y comunicación interna, así como un aumento en las auditorías del sistema de producción.

Compromiso con la seguridad aérea

El administrador Whitaker destacó la importancia de los cambios sistémicos requeridos, enfatizando que aunque no sean sencillos, son esenciales para garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como del personal de Boeing. Subrayó que el trabajo en pro de la seguridad nunca termina y que tanto la empresa como las autoridades aéreas deben estar comprometidas con este objetivo.

Supervisión continua y medidas de control

Para asegurar que Boeing cumple con las exigencias y efectúa las mejoras necesarias, la FAA llevará a cabo un monitoreo activo, que incluirá revisiones mensuales, la formación de un equipo de expertos dedicados a supervisar los avances y la efectividad de los cambios implementados, así como reuniones periódicas con los altos directivos de la compañía.

Además, se reforzará la supervisión en las instalaciones de Boeing con la presencia de más inspectores de seguridad, se mantendrán conversaciones regulares con los empleados de la empresa, se realizarán inspecciones adicionales en los puntos críticos de producción y se supervisarán las métricas del sistema de calidad de forma más exhaustiva.

En resumen, la colaboración entre la FAA y Boeing refleja el compromiso conjunto con la seguridad aérea y la calidad de los aviones fabricados, con el objetivo de establecer un estándar cada vez más alto en la industria de la aviación.