Las alegaciones de la Fundación Jiménez Díaz al dictamen sobre la fiscalización del gasto sanitario entre 2011 y 2015 de la Cámara de Cuentas denuncia las limitaciones del propio informe y una interpretación errónea e incluso tendenciosa en relación a los datos incluidos y analizados en el texto provisional en relación a esta entidad, asegurando, además, que la información facilitada en el documento original era incompleta.
En sus alegaciones, la fundación argumenta que el anteproyecto de dictamen de la Cámara de Cuentas “se fundamentaba en informes internos de la Subdirección General de Análisis de Costes, que carecen del mínimo rigor exigible para poder validar los datos o poder establecer comparaciones, utilizando tarifas obtenidas de un Sistema de Contablidad Analítica obsoleto desde hace muchos años, con un seguimiento muy precario por parte de los hospitales en los que está implantado (ni siquiera está presente en todos los hospitales del Sermas) y en muchos de ellos está abandonado desde hace muchos años careciendo de la actualización funcional y de imputación de costes que permitiría obtener datos fiables sobre costes por procesos”.
Por tanto, dichas alegaciones concluyen que el Sermas no dispone de una base de datos de información de costes a nivel centralizado y que los resultados de contabilidad analítica no pueden aceptarse como costes reales de los procesos que se realizan en los hospitales, añadiendo que tampoco sirvieron en su día al Sermas para poder confeccionar la factura sombra, al dar como resultado, considera, importes disparatados y sin ninguna lógica.
Uno de los puntos del anteproyecto que generó polémica era la sugerencia de ahorro por parte del órgano fiscalizador en caso de renegociación del convenio actual con la Fundación Jiménez Díaz, hospital de la red del Sermas de gestión indirecta. Una recomendación para la que, según explica la entidad en las alegaciones, se tuvieron en cuenta diferencias significativas en costes de intervenciones y tratamientos respecto a otros hospitales de gestión pública directa y que fue denunciado por Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción.
El informe final aprobado por la Cámara de Cuentas habría tenido en consideración las alegaciones presentadas por la Fundación Jiménez Díaz, eliminando del documento aprobado aquellas partes que la entidad argumentaba que carecían de fundamento.
Los datos que aporta la entidad indican que desde el año 2012 hasta la actualidad, la financiación de la población de referencia de la Fundación Jiménez Díaz ha tenido un coste aproximado de 290 millones, con techo de gasto máximo para la población asignada, que en los últimos años ha crecido en 25.000 habitantes (pasando de 426.000 a más de 450.000 debido), lo que supone un menor gasto por habitante asignado a la Fundación, con independencia de las tarifas. Agrega que frente al mantenimiento del gasto en el caso de la Fundación, los hospitales del grupo III han experimentado un incremento medio del gasto del 10,34%.
En este sentido, el informe de alegaciones destaca la existencia de diferencias entre el gasto por habitante en atención especializada entre hospitales, siendo la Fundación Jiménez Díaz el centro hospitalario del Grupo III (hospitales de alta complejidad) que presenta un gasto más bajo, con una cartera de servicios completa, junto al Hospital Ramón y el Hospital de la Princesa, estos dos sin servicios de Obstetricia y Neonatología, ni pediatría en el caso de La Princesa, según relata.
Según las alegaciones presentadas, en dichos gastos no se han tenido en cuenta, además, una serie de gastos centralizados y amortizaciones que beneficiarían a los hospitales de gestión pública directa y que, en el caso de los hospitales de gestión indirecta como la Fundación Jiménez Díaz no son aplicables. A este respecto, argumenta que en el caso de los gastos centralizados, han experimentado un incremento considerable en el periodo analizado debido a la centralización de actividades y servicios como limpieza, lavandería, conciertos, central de compras, etc, que no estarían imputados en los hospitales de gestión directa y que en los presupuestos de 2018 representaban más de 100 millones de euros.
Asimismo, alegaba que tampoco se están repercutiendo en los hospitales de gestión directa los gastos de amortizaciones, ni los derivados de las listas de espera a centros concertados («más de 12,7 millones de euros según resolución de concurso público»), ni otros gastos financieros ni el suministro a nivel central del fraccionamiento industrial del plasma humano para la obtención de derivados.
Otro de los apartados que penalizan a la Fundación Jiménez Díaz y al resto de concesionarias, según las alegaciones, son los costes de inversión, que en el caso de la Fundación ascendieron a más de 45 millones de euros en el periodo analizado por el informe de la Cámara de Cuentas y que «sí se imputan como coste, mientras que en el caso de los hospitales de gestión directa no se reflejan como coste». Concluye que el coste de atención especializada por habitante en el grupo III de hospitales del Sermas se sitúa en 1.027, 83 euros, muy superior al de la Fundación Jiménez Díaz, cuyo coste, afirma, sería de 748,07 euros.
