El ‘verano negro’ de Correos: muertes, inspecciones y guerra sindical

Las dos muertes de empleados del Grupo Correos que se han producido durante el verano, se suman a las otras dos contabilizadas en la primera mitad del año, revelando que las quejas de los pequeños sindicatos sobre la existencia un problema de precariedad laboral tenían fundamento. Estas organizaciones acusan a los grandes sindicatos de no ser lo suficientemente beligerantes con la dirección de la compañía, llegando incluso a plantear que UGT y CCOO colaboran con el presidente, Juan Manuel Serrano, a esconder las miserias laborales del grupo a cambio de prebendas.

La Inspección de Trabajo ha actuado abriendo expedientes e imponiendo multas, algo que no parece preocupar demasiado al equipo de Serrano, con un consejo de administración cuyos miembros cobran más que el presidente del Gobierno. Un desembolso que se realiza a pesar de que peligra la viabilidad económica de la empresa.

El Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos (SIPCTE) lleva meses denunciado multitud de irregularidades ante las autoridades laborales que, en algunos casos, han terminado en sanciones que serán sufragadas por los contribuyentes. La organización sindical asegura a este diario que, a pesar de las denuncias, el Grupo Correos “no modifica sus actuaciones y sigue incumpliendo de forma sistemática la legalidad vigente vulnerando los derechos de los trabajadores”.

Obligar a los repartidores a realizar entregas fuera de su jornada laboral, trabajar en oficinas atiborradas de paquetes en las que no existen ventanas, estar expuestos a temperaturas excesivas poniendo en riesgo la salud, recibir nóminas con descuentos inexplicables o tener que pedir permiso para ir al baño son algunas de las cuestiones que este sindicato ha puesto sobre la mesa y que han motivado la actuación de la Inspección de Trabajo. Y se trata de problemas que afectan en mayor medida a los trabajadores eventuales –cuyo número sigue creciendo–, que se ven obligados a realizar sus tareas a contrarreloj y, en muchos casos, sin la supervisión que exige su falta de experiencia.

La respuesta de los portavoces oficiales de la empresa es matar al mensajero. “A Correos no le han comunicado ninguna denuncia al respecto. Cabe recordar la escasa representatividad de este sindicato, aunque respetamos como no podía ser menos, su opinión, no alineada con el resto de los representantes sindicales de mayor representatividad. En mayor medida, no vamos a entrar a valorar unos desgraciados accidentes que han resultado fatales para algunos empleados”.

Según ha confirmado a este diario José Manuel Sayagués, secretario del Sector Postal de UGT, el sindicato ha solicitado un informe sobre el fallecimiento de dos repartidores en los últimos meses mientras realizaban su trabajo. «Con la información disponible hasta el momento no podemos avanzar conclusiones, pero al margen de estos tristísimos sucesos, hay que señalar que en la última etapa, y por presión de UGT y los sindicatos representativos, se puede constatar en Correos un esfuerzo inversor para potenciar un servicio de prevención, que ahora cuenta con más de 59 profesionales. UGT seguirá muy vigilante en este sentido», apunta Sayagués.

Además, desde el sindicato se recuerda que recientemente se ha elaborado un nuevo procedimiento promovido por la representación social a través de la mesa negociadora de salud laboral «que ha obligado a las Direcciones de Recursos Humanos y de Finanzas a impulsar actuaciones para poder atender las necesidades e insuficiencias en esta materia», junto con campañas en materia de salud de prevención de cáncer o de riesgos vasculares, entre otras enfermedades.

«UGT cree que aún hay que avanzar y no vamos a parar hasta conseguir un marco de desarrollo de la política de prevención y salud laboral consensuado con la parte social que garantice los derechos de los trabajadores y trabajadoras postales en este asunto», concluye el representante sindical

TRABAJAR EN CORREOS: ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO

Y es que las cuatro muertes que se han producido en lo que va de año –dos de ellas durante el pasado agosto– confirman que trabajar en Correos comienza a ser una actividad de alto riesgo, tal como denuncia también la Confederación General de Trabajadores (CGT), que junto al SIPCTE, son quienes están dando la batalla legal ante la pasividad de las grandes organizaciones. El rumor que existe dentro de la empresa es que esta falta de brío se debe a que los afiliados de UGT y CCOO copan las jefaturas intermedias y se encargan de gestionar determinados cursos de capacitación indispensables para trabajar en la compañía, según denuncian los sindicatos independientes.

Todo esto se produce en medio de un debate sobre la viabilidad económica del grupo postal, cuya espita ha abierto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un informe en el que recomienda privatizar áreas de negocio, reducir plantilla y cerrar oficinas. Además, el organismo que dirige José Luis Escrivá pone el acento en que existe una grasa oculta de 1.700 altos cargos con un coste imposible de asumir por la empresa pública que asciende a 91 millones de euros anuales, casi la mitad del dinero que recibe de los contribuyentes para cumplir las obligaciones derivadas del Servicio Público Universal (SPU).

Los problemas terminan por afectar al servicio, cuya calidad cae en picado sin que por el momento la dirección de Correos adopte soluciones efectivas. A las tradicionales quejas de los clientes por los problemas en las entregas se suma ahora una denuncia de CGT presentada ante la Fiscalía porque miles de notificaciones administrativas que se acumulan en las oficinas, con el correspondiente perjuicio para los destinatarios que no pueden responder a los requerimientos oficiales en tiempo y forma. Respecto a la eficiencia, existe un dato demoledor en el estudio de la AIReF: sólo el 7% de las oficinas son rentables.

SIPCTE: «AJUSTE DE PLANTILLA ENCUBIERTO»

Francisco Sabio, portavoz de SIPCTE, considera que los grandes sindicatos “han sido los verdaderos valedores y cómplices necesarios” de un “ajuste de plantilla encubierto urdido por Correos”. Y es que, según los firmantes del Acuerdo Marco de Relaciones Laborales de la empresa “han sido más de 15.000 los puestos de trabajo indefinidos que se han perdido en los últimos años”.

“UGT, CSIF y Sindicato libre han mirado para otro lado ya que han pactado con la empresa una reducción de trabajadores y no han cubierto las necesidades de trabajo, provocando daños a la salud de algunos de ellos, e incluso accidentes mortales. El compañero fallecido en Barcelona cartero que murió de un infarto en las escaleras de un inmueble. donde por la mañana repartían veinte personas por la tarde realizaban el mismo trabajo cinco repartidores, con el mismo recorrido y metraje. El cansancio y el calor acabaron con él: los médicos dicen que un golpe de calor lo mató”, explica Sabio en declaraciones a MERCA2. 

“Ha quedado acreditado por los informes de Inspección de Trabajo que Correos ha ignorado el deber de protección al confeccionar el plan de cobertura ya que no han solicitado cobertura de vacantes lo que ha provocado riesgos para la  salud de los trabajadores”, añade el portavoz de SIPCTE. 

PLAN PARA SUSTITUIR FIJOS POR EVENTUALES

Oficialmente Correos está inmerso en un plan de aumento del gasto, lo cual no cuadra con las denuncias efectuadas por los sindicatos independientes. Tras la llegada de Juan Manuel Serrano a la presidencia de la mano de Pedro Sánchez –era su jefe de gabinete antes de ocupar el trono de la empresa postal– se ha recuperado la sintonía entre los representantes laborales y la dirección, dando luz verde a un ambicioso plan de expansión a pesar de desconocer cuáles serán sus ingresos en los próximos años. 

“El acuerdo no contempla incrementos de plantilla sino reducción de la temporalidad. Las convocatorias de empleo van encaminadas a la conversión de empleo temporal en fijo, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio postal público prestado a los ciudadanos”, indicaba el pasado junio a este diario un portavoz oficial de CCOO. La organización reclama que el SPU se financie con 270 millones de euros anuales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una cantidad que dobla la actual y que supondría tener más problemas con Bruselas por las ayudas ilegales de Estado.

Sin embargo, la realidad es que el departamento de Recursos Humanos de la empresa pública se plantea promover las salidas incentivadas para el personal laboral y los funcionarios mayores de 57 años, lo que afectaría al 20% de la plantilla y tendría un coste aproximado de 20 millones de euros. Así lo confirma un documento interno al que ha tenido acceso este diario y que, según Correos, es tan sólo de un ejercicio teórico para rejuvenecer la plantilla. 

CORREOS: “REFORZAR EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD”

A este respecto, los portavoces de la compañía niegan la mayor y recuerdan que “Correos llegó a un acuerdo con las principales organizaciones sindicales con representación en la empresa por el que se establece el mayor plan de estabilización de empleo, todo un hito en la mejora del marco del empleo en la empresa. Un completo paquete de medidas encaminadas a reforzar la creación de empleo estable y de calidad y reducir la temporalidad”. 

Entre ellas, la empresa destaca la “estabilización de 11.200 puestos de trabajo, en distintas fases, mediante la consolidación de temporales y la convocatoria de nuevas plazas, en base a las tasas de reposición ya autorizadas y a las previstas para los años 2019 y 2020, así como a los procesos para la estabilización del empleo temporal que se desarrollen hasta 2020.  Están convocadas desde finales de abril de este año 4.055 plazas de ingreso fijo”.

“También se han firmado otras medidas para mejorar la gestión del ciclo del empleo, introducir agilidad en el funcionamiento de las bolsas de trabajo y evitar la rotación excesiva del personal, siempre guiados por el objetivo de gestionar los recursos humanos con criterios de racionalidad y eficiencia, al tiempo que se fomenta el empleo de calidad. Además, el acuerdo detalla iniciativas dirigidas a promover la carrera y el desarrollo profesional de los trabajadores, con oferta de plazas para promoción interna entre otras medidas”, explican las fuentes de Correos consultadas.