Tobin en lugar de Laffer. Tasa en lugar de curva. Así están las cosas. Acabado el periodo de gracia, es hora de echar cuentas. Eso es lo que se transmite desde Moncloa tras la batería que subidas de impuestos que maneja el ejecutivo de Pedro Sánchez con el objeto de cumplir varias promesas y favores políticos. Números hay muchos, y están sobre la mesa, pero como ha pasado desde que Montoro le cogió el gusto al contribuyente, la realidad es más parca que el optimismo, y los afectados nunca cambian. Todo, en pos de recaudar 32.500 millones de euros más al año para destinarlos, entre otros fines, a la subida de las pensiones. La subida dejará la recaudación en el 41% del PIB.
En una legislatura en la que destaca la forma y no el fondo, pues cada paso es como darse de bruces contra un muro, la mejor opción es quedarse en el sitio sin perder el discurso. Y es ahí cuando Pedro Sánchez, tratando de desmarcarse de la derecha, acierta en la década pero falla al escoger economista cuando se decanta por James Tobin (impuesto a la banca) en vez de por Arthur Laffer, el de la curva. El de la eficiencia impositiva. Y no será por indicadores, entre ellos el de la curva de Rahn.
Esto se debe a que la subida impositiva es anticíclica, o lo que es lo mismo, no casa con el momento del ciclo económico en el que nos encontramos. Con una alta tasa de paro y el país mostrando indicios de recuperación, no termina de ser aconsejable una mayor carga fiscal en el IRPF, el Impuesto de Sociedades y en productos que van a alterar al alza el precio en todos los estadios del proceso producción, como el diésel, debido a su inelasticidad. Con esto nos referimos a que la subida de precio del bien en cuestión no afecta tan directamente al consumidor como para que decida dejar de comprarlo.
Este giro de timón del ejecutivo socialista desoye lo acaecido tanto en Alemania y en EE.UU., dónde la bajada impositiva aumentó la recaudación, así como el escarmiento involuntario de Montoro hace unos meses al bajar el IRPF y recaudar un 6%. No es magia, son matemáticas.
Allá por la década de los 80, el economista Arthur Laffer representó la relación existente entre los ingresos fiscales y los tipos impositivos –algo que también estudió Keynes–, y que llegado a un punto, pierde eficiencia.
Canadá rebajó casi un 50% el impuesto societario y aumentó la recaudación por encima del 2,5% del PIB
Este punto depende del país, del propio bien y, por supuesto, del ciclo económico entre otros factores. Por supuesto, el área de ineficiencia estará más alejada del origen a mayor sea la inelasticidad del bien. Es decir, productos como la insulina o la gasolina son mucho más difíciles de sustituir que, por ejemplo, la mantequilla o las bebidas gaseosas.
La curva de Laffer también funciona con los tributos de las empresas. En la primera década del siglo XXI, Canadá rebajó casi un 50% el impuesto societario hasta dejarlo en el 25%. No solo consiguió mantener la recaudación por encima del 2,5% del PIB, sino que la aumentó. Esto se conoce en la economía como “estímulos”, en este caso, “positivos”. Y son estos los que determinan las acciones y elecciones de los agentes, propiciando consecuencias que pueden llegar a ser totalmente contrarias a las pretendidas si no se estudia bien la acción a acometer.
PEDRO SÁNCHEZ Y LA SUBIDA DE IMPUESTOS
Más allá de cualquier teorema, la realidad nos ha hecho ver en múltiples ocasiones que los impuestos no afectan siempre al “público” al que van destinado, sino al eslabón de la economía con menor capacidad de negociación. Unas veces serán las pymes, otras los ciudadanos de rentas bajas y medias, etc. Muchas veces no se necesitan estudios, pues basta con la evidencia empírica para adelantar las consecuencias.
El impuesto de sociedades está demonizado tanto por la derecha como por la izquierda, y se esgrime como un recurso populista para el aumento de votos. La realidad en España es que las grandes empresas tributan por encima del 20% al calcular el tipo sobre la base imponible. Específicamente, la media de las empresas del Íbex35 se mueve en el entorno del 25%, datos que recoge Hacienda, pero que prefiere no mostrar, en detrimento del resultado contable: más bajo y mejor acogido por el electorado.
Algo que también ocurre en el caso de las Sicavs, pues cuando los beneficios se distribuyen, cotizan más del 20% por IRPF. El 1% se desprende del impuesto de sociedades, del que solo pagan el 1% siempre que reinvierta los beneficios.
Un aumento del impuesto de sociedades provocará la deslocalización de las grandes empresas, no de las pymes que subirán los precios de los productos, y una pérdida de fuerza de trabajo igual a la nueva realidad impositiva. Aquellas empresas que puedan, preferirán sustituir el capital humano por maquinaria u otros procesos menos costosos.
En cuanto a los tributos a las personas físicas, ya hemos visto en nuestras carnes el resultado. Aumentarlo solo hará que se acentúe la ineficiencia y, si se conjuga con la subida de impuestos a las sociedades –que en realidad afecta a las grandes fortunas de forma indirecta–, favorecerá la economía sumergida o el trasvase de dinero a paraísos fiscales.
Se trata de una pinza que atenazará también a los ahorradores, pues ante tipos de interés bajos, optarán por “soluciones intermedias”, siempre y cuando se lo permitan los impuestos indirectos. En el caso del diésel, además de afectar a más de la mitad del parque automovilístico español, más de 15 millones de vehículos, incidirá en el resto de la economía.
Grabar todos los aspectos de la economía, en especial los impuestos indirectos, es apretar innecesariamente a los ciudadanos, consumidores en último término. Y es que la subida del diésel, que sabemos que encarece casi todos los productos, hará que las decisiones de los agentes, en la medida que puedan, eviten aumentar el consumo. Ya escarmentaron con la bajada del IVA, que no ha servido para reducir los precios –como en el cine, por ejemplo–, sino para aumentar los ingresos empresariales en la mayoría de los casos.
En cuanto al gravamen de las sucesiones, Andalucía y Cataluña son las Comunidades Autónomas en las que este tributo ostenta un tipo mayor para sus ciudadanos. Curioso, cuanto menos, que están a la cola de aquellas en las que ha crecido la recaudación, que no bajado, como en el caso de Madrid o Navarra.
Esto se debe a que ha aumentado la renuncia a las herencias, en especial a las no monetarias, como se señala desde Idealista. Algo que puede extenderse a toda España, pues no todas las familias cuentan con los ahorros o recursos suficientes como para afrontar las herencias, que acaban finalmente en manos de la Administración.
La consecuencia final de esta batería que pretende implementar el Gobierno supone una amenaza directa para la marcha de la economía española, favorecida especialmente cuando no hubo Ejecutivo. Explicación que encontramos en la curva de Richard W. Rahn.
PRESIÓN IMPOSITIVA VS PIB
La curva de Rahn relaciona la tasa del crecimiento del PIB de un país con la presión impositiva y la parte del gasto público en cuanto a este. Pese a que no consta de estudios tan desarrollados como la curva de Laffer, los expertos indican que el gasto óptimo del Gobierno en cuanto al PIB linda el 10% de este.
La evidencia empírica que más se acerca es el estudio llevado a cabo por Gwartney, Holcombe y Lawson en tres países angloparlantes: Irlanda, Nueva Zelanda e Inglaterra. Comparaban dos épocas, una de bajo gasto público y otra de alto: el resultado es que el PIB creció más en los momentos de menor gasto público. Lo que, según Rahn, genera riqueza.
En cuanto a España, podemos analizar estos datos desde la transición, en el que el gasto público pasó del 10% del periodo preconstitucional a casi el 50% de media en los periodos gobernados por Felipe González y Rodríguez Zapatero; mientras que en las legislaturas de Aznar se movió en torno al 37% de media, y con Rajoy ascendió a cotas similares a las socialistas, para caer hasta el 41% del PIB en 2017, y situarse en 2018 en el 40,5% de Producto Interior Bruto en plena recuperación de la crisis.
Es de sobra conocido que los años de bonanza llegaron bajo el mandato de Aznar y se expandieron hasta la crisis durante el gobierno de Zapatero. La cuestión es saber si el Ejecutivo socialista está dispuesto a que la gran mayoría del electorado español financie los favores políticos que debe para “sobrevivir” a una legislatura efímera y en la que sus 84 escaños le maniatan para todo.
