Tras el anuncio de elecciones generales el próximo 28 de abril, el presidente Pedro Sánchez está aprovechando los últimos coletazos de la actual legislatura para anunciar importantes medidas (se cumplan o no) sobre el coche eléctrico y el final de los motores contaminantes en el parque móvil español.

La lucha por la defensa del medioambiente y contra la contaminación es un asunto que cuenta con el beneplácito de toda la sociedad. Nadie en su sano juicio quiere mares llenos de plástico o cielos negros cargados de polución. Hay poca opción a crítica, aunque en política (y Twitter) siempre se encuentra. En los últimos días Pedro Sánchez se ha convertido en el Capitán Planeta que librará a los españoles de los malos humos de los coches y será el impulsor definitivo de la movilidad sostenible. Luego los ministros tienen que rebajar el tono ante los empresarios.

Pedro Sánchez ha confirmado este jueves que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático recogerá como fecha límite 2040 para permitir la matriculación y venta de coches que utilicen combustibles que emitan CO2 (diésel y gasolina e híbridos).

Es más, el presidente ha fijado el objetivo de llegar a 2050 con un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2. “No es nada caprichoso, sino necesario y posible”, ha destacado. Un pequeño detalle: resulta técnicamente imposible sea aprobado por el Congreso antes de las próximas elecciones. Además, fuentes del departamento de Transición Ecológica han precisado al periodista Víctor Martínez de EL MUNDO que esta medida “afectaría solo a vehículos nuevos”.

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Del mismo modo, el pasado viernes 15 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se regulan las bases del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES). Un montante de 45 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga, implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas e implantar planes de transporte a los centros de trabajo. Esta partida procede de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 que presentó el Partido Popular en abril del pasado año. Diez meses después, el actual Gobierno saca adelante criterios de aplicación de las partidas presupuestarias.

Además, el Ejecutivo ha habilitado una línea de 15 millones de euros destinada a apoyar proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación o ubicados en islas, o iniciativas de innovación en electromovilidad. Este dinero procede de los PGE de 2017 (diez millones de euros) no ejecutada en su momento por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). No llegó a buen puerto porque, según el IDEA, “estaba previsto publicar un programa MOVALT Innovación que con motivo de la moción de censura no se llegó a publicar”. Los cinco millones de euros restantes los han obtenido de los PGE 2018.

Junto a estas medidas, el Gobierno ha incluido un mensaje para los fabricantes. En paralelo a estas ayudas, “se exigirá a marcas, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de mil euros en la factura, excepto para las compras de cuadriciclos y motos”, han comunicado desde La Moncloa.

A partir de este momento, el RD 72/2019, de 15 de febrero, establece un plazo de dos meses desde su publicación para que las comunidades y ciudades autónomas saquen a la luz las respectivas convocatorias. Según el IDAE, “no tiene por qué haber influencia” el hecho de las próximas elecciones generales “en la solicitud y gestión de las ayudas dado que las Bases ya están publicadas y regulan el programa”. En el caso de las comunidades autónomas, todas excepto Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco celebran comicios en mayo, por lo que también tendrán que darse prisa en su tramitación.