En los últimos años la frase “derecho a decidir” ha pasado a ser trending topic en la política autonómica española. La verdad es que dicho así hasta suena bien, suena a democracia, suena a que las personas expresen lo que desean; suena, en fin, a que cada uno sea libre de elegir lo que sea mejor para sus intereses. Por ejemplo, a mí me gustaría poder decidir sobre mis impuestos y no tener encima al Sr. Montoro indagando en mis rentas y consiguiendo que ni un solo euro escape a su fiscalización…, pero no puedo.
¿Se están coartando mis libertades? Cualquiera diría que no, que debo contribuir a sufragar los gastos del Estado, a pagar las pensiones, contribuir a que la Sanidad y la Educación puedan ser gratuitas para el que no puede permitírselo, etc. Desde el momento en que una comunidad de ciudadanos decide vivir conjuntamente, las libertades individuales deben subsumirse en la decisión colectiva y, por tanto, no parece lógico que un individuo decida unilateralmente no pagar sus impuestos.
Hasta ahí, parece que todos podríamos estar de acuerdo. El problema surge cuando una parte de ese colectivo afirma que se le ha obligado a pertenecer al mismo, sin que esa parte de los ciudadanos diera su consentimiento. Evidentemente, eso no es democrático, y podría, al menos, ser objeto de debate.
Un poco de historia
Pongamos, por ejemplo, a la Comunidad Autónoma de Catalunya, y olvidémonos de lo que le pasaba a Wifredo el Belloso (que por cierto era visigodo y había nacido en lo que actualmente es el Rosellón francés) cuando luchaba contra los moros. Es cierto que Catalunya creó en la Baja Edad Media una identidad propia, al igual que pudieron hacerlo los gascones o los bretones en lo que actualmente es Francia, pero también es cierto que pertenecían a la Corona de Aragón, la cual voluntariamente decidió unirse a la Corona de Castilla hace más de quinientos años. No hubo guerras ni invasiones. Fue todo voluntario.
Los azares del destino han hecho que los mapas de los diferentes estados europeos se quedaran como se han quedado en el siglo XX, después de eternas guerras, y estos estados han decidido que ya está bien de guerras, y que lo que tenemos que hacer es unirnos, y así ha surgido la Unión Europea. No se trata de perder uno su identidad, sino de enriquecerla dentro de una comunidad mayor por el bien de todos. ¿O es que un granjero de Alabama tiene algo en común con un creativo de Nueva York?
Con un diálogo sin líneas rojas, a lo mejor se logra pensar en el bienestar de los ciudadanos
Bien es cierto que, a veces, las condiciones de la unión voluntaria se alteran, como ocurrió en 1714 cuando los franceses entraron en Barcelona y el rey Fernando V, que había sido impuesto a todos los españoles desde Francia, es decir, no era ni castellano ni centralista, les quitó sus fueros a los catalanes. Es cierto, por tanto, que esta alteración daría derecho a los catalanes a pedir que se volviera a las condiciones iniciales del acuerdo de unión, y que probablemente, si se estableciera un diálogo adecuado, se podría llegar a una situación en la que los derechos forales de vascos y navarros se igualaran con los derechos forales de los catalanes, y ya aprovechar para estructurar federalmente España, con menos Comunidades, y que todos los españoles tuvieran su propio “Lander” con un modelo parecido al alemán.
Sin embargo, los políticos catalanes no quieren eso. Lo que quieren es independizarse de España para manejar ellos Catalunya como su cortijo. ¿Hubiera salido a la luz el caso Pujol, y se hubieran conocido las (“presuntas”) trapacerías de sus hijos, si el Sr. Mas hubiera sido el Presidente del Estado Catalán? Pero lo más importante no es de índole política, sino económica. Catalunya es una región rica y desarrollada, mientras que, por ejemplo, Castilla-León o Extremadura son regiones pobres y poco desarrolladas. El pacto intercomunitario obliga a que se produzca una reasignación de fondos entre las diferentes comunidades autónomas para que las regiones menos desarrolladas puedan aspirar a mejorar sus condiciones, y eso obviamente obliga a los ciudadanos catalanes (al igual que a los madrileños, por ejemplo) a pagar más impuestos, para que una parte de ellos vaya a desarrollar esas regiones menos favorecidas. ¿Y es ahí, cuando surge el grito de guerra: ¡España nos roba! ¡Queremos tener derecho a decidir!
Si se les otorgase ese derecho a los catalanes, por la misma razón, la Generalitat tendría obligación que otorgar ese mismo derecho, por ejemplo, a los habitantes de Castelldefels, que a lo mejor podrían pagar menos impuestos si fueran independientes. Y si votaran serlo, ¿Asumiría la Generalitat tener dentro de su territorio un pueblo-estado independiente? Abundemos en el concepto. Si una familia pudiente del Barrio de Salamanca en Madrid, es capaz de vivir de los intereses de los intereses de su patrimonio, podría instaurar, en base al derecho a decidir, la “República Independiente de su casa”, y decidir no pagar impuestos al Estado, ya que los integrantes de esa familia no necesitan al Estado, simplemente porque son ricos.
Por consiguiente, los avatares del destino nos han situado a todos donde estamos, y pensar en el pasado en vez de en el futuro no es de recibo, puesto que no haría otra cosa que reabrir viejas heridas.
Si se establece un diálogo sin condiciones y sin líneas rojas, a excepción del mapa geográfico que se ha venido configurando durante los últimos mil años, a lo mejor somos capaces de pensar más en el bien de los ciudadanos, que en el poder que tendríamos si consiguiéramos manejar el cotarro sin tener que dar cuentas a Madrid. Y cuando digo sin líneas rojas, me refiero a que pueden ser un Estado Federal, recuperando sus antiguos fueros, en el que recauden sus propios impuestos, y que ellos, y lealmente, transfieran a Madrid la parte que les corresponde para cubrir los gastos estatales y los que comporten la natural solidaridad con aquellas regiones que menos tienen.
Foto: @zentejuakin
Publicada: elperiodicodeaqui.com
