La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ante los contactos entre el nuevo gobierno de Pedro Sánchez vuelve a reivindicar un Diálogo Social más abierto y plural. Una demanda histórica, que según CEPES, cobra más vigencia que nunca con la publicación esta semana de la Recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social aprobada por unanimidad de los 27 miembros de la Unión Europea.
En esta Recomendación se insta a los estados miembros de la UE a promover medidas y políticas en todos los ámbitos, especialmente en las políticas de empleo y que este modelo empresarial esté presente en el Diálogo Social, para que el tejido social y empresarial quede totalmente reflejado en dicho diálogo.
Esta Recomendación fue aprobada el pasado 9 de octubre por el Consejo de Empleo y Políticas Sociales de la Unión Europea (EPSCO) a instancias de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz que ha liderado las negociaciones en el marco de la Presidencia Española de la UE.
el acuerdo del Gobierno de Coalición de España contempla desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las PYMES en el ámbito del Diálogo Social, la negociación colectiva y la participación institucional
Además de este hecho, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, recuerda “que el acuerdo del Gobierno de Coalición de España contempla desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las PYMES en el ámbito del Diálogo Social, la negociación colectiva y la participación institucional”.
En este sentido, Pedreño apunta “que estos avances abren una nueva etapa en el Dialogo Social para incorporar a nuevos agentes que generan empleos y empresas con modelos empresariales no representados actualmente en esta mesa de concertación y acuerdos de las principales políticas públicas que rigen el País». «Recordando que la Economía Social española representa a más de 43.000 empresas presentes en todos los sectores económicos con empresas de todos los tamaños y que representa el 12.5% del empleo«, apunta el presidente CEPES.
Además, este sector pone de manifiesto que este modelo empresarial puede mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, de forma que, los estados miembros pueden fomentar y aprovechar este aspecto de la Economía Social y hacer uso de sus conocimientos técnicos implicando a estas entidades en el diseño y la aplicación de políticas activas del mercado de trabajo.
En este sentido también se pronunció la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2022, que destacó el papel fundamental de las organizaciones de la Economía Social a la hora de contribuir a la consecución del trabajo decente, la economía inclusiva y sostenible, la justicia social, el desarrollo sostenible y la mejora de los niveles de vida para todos.
En lo que respecta a materia de empleo, este documento recomienda a los distintos países que reconozcan y apoyen el valor añadido específico de la economía social facilitando el acceso al mercado laboral y promoviendo puestos de trabajo de calidad para todos, justos, seguros y en condiciones de igualdad y de no discriminación.
Además de estas medidas, en esta nueva Recomendación se aconseja a los Estados miembros que garanticen que la política en materia de economía social esté vinculada a la política industrial y a las transiciones digital y ecológica, a promover la innovación social y un desarrollo económico sostenible, entre otros aspectos.
Para finalizar, desde CEPES a parte de celebrar la eficaz negociación y posterior aprobación de esta Recomendación, también quiere recordar la oportunidad que se le presenta de nuevo al Gobierno para explorar las posibilidades de modernizar la mesa del Dialogo Social. Esta modernización puede servir para construir unas políticas públicas que contemplen la diversidad de fórmulas jurídicas que existen en ordenamiento jurídico español, evitando así situaciones discriminatorias que pueden mermar la competitividad de las empresas españolas.
