Hasta 60 millones de multa a los centros de datos: el Gobierno cambia la ley eléctrica

El real decreto-ley 41/2026 incluye a los centros de datos en el régimen sancionador eléctrico con multas de hasta 60 millones y desconexión de la red hasta tres años. Quien no cumpla la adicionalidad renovable pagará compensaciones de hasta 41 euros por MWh.

Las multas a centros de datos ya alcanzan los 60 millones por infracción muy grave en la nueva ley eléctrica. El Gobierno ha incluido estas instalaciones en el régimen sancionador del sector a través del Real Decreto-ley 41/2026, publicado este sábado en el BOE y en vigor desde mañana.

No es la norma que el sector esperaba. El real decreto específico de centros de datos, también en el boletín oficial, desarrolla los requisitos; la novedad punitiva viaja en paralelo, dentro del texto que reforma el comercio de derechos de emisión. La consecuencia es clara: el consumo eléctrico de la inteligencia artificial deja de ser un coste privado y pasa a ser un riesgo regulatorio con cifra.

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Claves de la operación

  • Multa de hasta 60 millones y desconexión de la red. La ley eléctrica incorpora a los centros de datos como sujetos infractores, con desconexión de hasta un año por infracción grave y tres por muy grave.
  • 15 GW de permisos equivalen al 40% de la punta de demanda. El Gobierno cifra en 12 gigavatios los permisos concedidos, más otros 3 GW autorizados en solo tres meses, un consumo continuado que tensiona el sistema.
  • Compensaciones de hasta 41 euros por MWh. Quien no cumpla la adicionalidad renovable o la correlación horaria abonará un importe que abarate el pago a las centrales de respaldo, una recomendación que la CNMC hizo en alegaciones.

El BOE activa un régimen sancionador que el sector no esperaba

El texto distingue dos niveles. La infracción grave — multa de hasta 6 millones — llega cuando el centro de datos se desvía más de un 25% de su obligación de proveerse con más del 80% de electricidad renovable nueva durante todas las horas del día. La muy grave, que dispara el techo a 60 millones, cubre los incumplimientos de fondo de eficiencia energética, e hídrica.

Para el regulador, el problema de magnitud está sobre la mesa. Hay permisos para 12 gigavatios de centros de datos, a los que se han sumado otros 3 GW en apenas tres meses. Equivale, según el Ministerio para la Transición Ecológica, a un 40% de la punta de demanda del país. Y es un tipo de consumo continuado, poco flexible, que no puede participar en la gestión de la demanda en los momentos críticos.

El real decreto obliga a cumplir dos requisitos: la adicionalidad — cada megavatio de consumo debe quedar respaldado por un megavatio nuevo de renovables — y la correlación horaria, que exige que esa aportación se produzca en todas las horas del día. La excepción de los contratos bilaterales de fotovoltaica permite acudir a proyectos algo más antiguos, pero no rebaja la exigencia de horario.

El centro de datos que ayer era un cliente premium de la eléctrica se convierte mañana en un sujeto sancionable con desconexión.

15 GW de permisos y una factura que paga el consumidor

Cuando no se cumple, no todo es sanción. El decreto-ley fija un mecanismo de compensaciones desarrollado en tablas. La compensación máxima asciende a 41 euros por MWh. En adicionalidad, aportar entre el 60% y el 80% exigido obliga a pagar 6 euros por MWh; entre el 40% y el 60%, 12 euros; entre el 20% y el 40%, 19 euros; y por debajo del 20%, 25 euros.

En la desviación horaria, las cifras escalan de 2 euros por MWh — si la desviación es del 5% — hasta 16 euros cuando supera el 50%. El Gobierno insiste en que estas compensaciones no tienen finalidad punitiva, sino que buscan restablecer los costes que las desviaciones trasladan a los consumidores y abaratar los pagos por capacidad de las centrales de gas.

El texto también eleva a rango de ley los deberes de soberanía digital de los centros de datos, con un régimen específico de sanciones de hasta 5 millones por suministrar información falsa o no entregarla a las bases administrativas en plazo.

La factura eléctrica como campo de batalla competitivo

Analizamos esto como lo que es: un giro en la política energética que llega para quedarse. Los contratos bilaterales de renovables con los grandes consumidores — el canal por el que Iberdrola, Endesa y Naturgy colocan su producción — se convierten ahora en el instrumento de cumplimiento, pero también en la palanca de presión. Un centro de datos que no cierre un PPA de nueva planta con la eléctrica de turno no solo paga más; se expone a la desconexión.

Para las eléctricas del IBEX 35, la lectura es ambivalente. De un lado, refuerza la demanda de nueva capacidad renovable y da visibilidad a la firma de contratos a largo plazo, que es lo que Iberdrola defiende desde hace años. De otro, endurece la vara con la que se mide al cliente. La comparación con el mercado francés o alemán, donde el desarrollo de centros de datos se ha acelerado sin este tipo de condicionalidad, deja a España en una posición singular: más exigente, menos opaca y con la factura de los consumidores como excusa explícita.

La propia tramitación dejó un antecedente claro: la CNMC ya reclamó en el periodo de alegaciones del real decreto un mecanismo de compensación como el que ahora se aprueba. Entonces era una recomendación; ahora tiene dientes. El riesgo para el ecosistema es que los operadores internacionales prioricen otros mercados ante la incertidumbre regulatoria y el coste de la correlación horaria, que exige contratos diseñados al detalle. El punto débil del mecanismo es su complejidad: cada incumplimiento obliga a calcular desviaciones, tablas y compensaciones, lo que añade carga administrativa.

El siguiente hito no es la sanción, sino la convalidación del decreto-ley en el Congreso. Y, en paralelo, la forma en que los primeros proyectos — los que ya tienen permisos por 12 GW — adaptan sus contratos de compra de energía antes de la primera inspección. Hasta entonces, la ley eléctrica ya tiene un nuevo sujeto infractor: el que alimenta la inteligencia artificial.


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