El Gobierno aprueba el decreto de centros de datos para evitar 5.000 millones al año en la luz

La norma exige acreditar un 80% de renovables hora a hora a las instalaciones de más de 10 MW y rebaja el cupo al 60% durante cinco años si aceptan desconexiones de red. La patronal SpainDC cifra en 67.000 millones las inversiones en riesgo.

El decreto de centros de datos ya está aprobado: el Gobierno le atribuye 5.000 millones al año de sobrecoste evitado en la factura eléctrica. El Consejo de Ministros extraordinario del viernes 20 de noviembre dio luz verde al real decreto que fija los requisitos de sostenibilidad energética, hídrica y de soberanía digital de estas instalaciones, a nueve días de las elecciones del 29-N, con las Cortes disueltas y contra el criterio de tecnológicas, eléctricas y varios gobiernos autonómicos.

El texto llega en el tiempo de descuento y sin consenso. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado antes de la cita con las urnas, pero no entrará en vigor hasta 20 días después de la votación. Moncloa quería el sello del BOE antes del 29-N; el efecto jurídico pleno llegará con el país ya gobernado por quien gane.

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Qué exige el real decreto: 80% de renovables hora a hora desde los 10 MW

La norma se aplica a partir de un umbral concreto. Toda instalación de 10 megavatios (MW) o más deberá cubrir el 80% de su consumo con renovables y acreditarlo hora a hora. El proyecto que no logre certificarlo a tiempo podrá perder el acceso a la red. En agua, el límite es de 0,1 litros por kilovatio hora, un consumo que el ministerio califica de casi nulo y que encaja en la categoría A del futuro etiquetado europeo.

Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, defendió el texto como un escudo para el consumidor. Sin esta norma, argumentó, el despliegue al ritmo de las solicitudes ya presentadas habría elevado la factura eléctrica del conjunto de los consumidores en 5.000 millones de euros al año y habría encarecido el recibo industrial un 25%. La gran industria tradicional, uno de los pocos segmentos que han respaldado el decreto, comparte ese cálculo.

El punto más discutido no es el hídrico. Es la correlación horaria: demostrar cada hora que ocho de cada diez kilovatios consumidos son verdes. El Gobierno introdujo un régimen transitorio tras analizar las alrededor de 600 alegaciones del primer borrador. Consiste en rebajar el cupo del 80% al 60% durante cinco años para los proyectos que acepten que Red Eléctrica los desconecte cuando haya tensión en la red. Es decir, desenchufarlos sin indemnización, una premisa que la industria ve inasumible para plantas diseñadas para operar 24 horas al día.

Aprobar un decreto a nueve días de las urnas, con las Cortes disueltas y con observaciones esenciales del Consejo de Estado todavía sin publicar, deja la norma con una vida útil que depende del 29-N.

El Ejecutivo tampoco ha atendido del todo a los órganos consultivos. El Consejo de Estado aprobó su dictamen por unanimidad, pero con observaciones de carácter esencial que aún no se han hecho públicas. La CNMC, en su informe de septiembre, compartía el objetivo de ordenar el despliegue pero censuraba el diseño y advertía de que el texto llegaba a invadir sus competencias en en materia de recargos sobre peajes. El Gobierno atendió algunas recomendaciones y mantuvo intacto el grueso.

SpainDC cifra en 67.000 millones las inversiones en riesgo y Madrid y Aragón recurrirán

factura eléctrica

La patronal SpainDC considera imposibles la mayoría de las exigencias y ha cifrado en 67.000 millones de euros el valor de las inversiones que quedarían en el aire. Es la cifra que la industria pone frente a los 5.000 millones anuales de sobrecoste que esgrime el Gobierno. Dos magnitudes que no miden lo mismo, pero que ordenan el debate.

La Comunidad de Madrid y el Gobierno de Aragón han confirmado que recurrirán en los tribunales. Miguel López-Valverde, consejero madrileño de Digitalización, fue explícito: ‘A partir del 30 de noviembre derogaremos este decreto desde el Gobierno y volveremos a dar certidumbre al sector industrial’. Jorge Azcón, presidente aragonés y principal promotor institucional de estos proyectos, lo calificó de incomprensible y anunció recurso ‘por responsabilidad’.

El PP ya ha fijado posición. Alberto Nadal, vicesecretario de Economía, escribió en X que el real decreto ‘prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos’ y que lo derogarán. La industria lo describe como la regulación más restrictiva de Europa; el Ejecutivo la reivindica como pionera.

La correlación horaria es la verdadera barrera de entrada del sector

Hay un detalle que explica mejor que cualquier comunicado por qué la industria ha reaccionado en bloque. El umbral de 10 MW deja fuera a los centros pequeños y concentra la exigencia en las grandes promociones, que son justamente las que sostienen los planes industriales de Aragón y Madrid. La correlación horaria no se resuelve comprando garantías de origen: obliga a contratar suministro renovable con respaldo o a autogenerar, y encarece el megavatio hora frente a la media del mercado.

El precedente que el sector cita en privado es el irlandés, donde el operador de red limitó nuevas conexiones en el área de Dublín por el impacto sobre el sistema eléctrico. España llega a la misma discusión con una diferencia: aquí el despliegue era la política industrial de dos comunidades del PP y el decreto convierte esa competencia territorial en un conflicto judicial.

Conviene poner las dos cifras en su sitio. Los 5.000 millones anuales suponen que se ejecutan todas las solicitudes presentadas. Los 67.000 millones de SpainDC suponen que no se ejecuta ninguna. Ambas hipótesis son extremas: el impacto real dependerá de cuántos proyectos encajan en el régimen transitorio del 60% y de cuántos aceptan desconectarse.

Mi lectura es que el problema del decreto no es el fondo sino la secuencia. Aprobar una norma de este calado con las Cortes disueltas, contra el criterio de la CNMC en un punto competencial y con observaciones esenciales del Consejo de Estado sin publicar construye un activo regulatorio de vida corta. Si el 29-N cambia el Gobierno, el texto cae antes de que muchos proyectos hayan presentado su documentación. Y si no cambia, la litigiosidad se traslada al Tribunal Supremo con el calendario en contra.

El primer hito verificable es la publicación en el BOE y los 20 días de vacatio legis, que llevan la entrada en vigor a mediados de diciembre. Después, la primera resolución sobre un proyecto de más de 10 MW marcará el criterio real de aplicación.

Veredicto Merca2

Cotización pendiente de norma en vigor: El sector eléctrico no tiene todavía precio de referencia. El texto se publica antes del 29-N pero no entra en vigor hasta 20 días después de la votación, de modo que cualquier reacción de las cotizadas del IBEX 35 llegará con el nuevo Gobierno ya formado o en funciones.

Clave técnica: El umbral de 10 MW y el régimen transitorio del 60% durante cinco años son las dos variables que decidirán qué promociones siguen adelante; por debajo de esa potencia, el proyecto queda fuera del ámbito de aplicación de la norma.

Apunte macro: El impacto se mide en la factura: 5.000 millones de euros anuales y un 25% de encarecimiento del recibo industrial evitado, según el Ejecutivo, sobre un recibo donde los peajes los fija la CNMC y no el ministerio.


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