Las ofertas falsas del Black Friday 2026 llegan este año con más subidas que bajadas. Lo advierten el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y las principales asociaciones de consumidores: buena parte de los descuentos que se anunciarán el viernes 27 de noviembre no son tales, y el terreno donde más se ceba el problema es la compra online.
El mecanismo es viejo y funciona. Semanas antes de la campaña, decenas de tiendas elevan el precio de referencia de un producto para después aplicar un porcentaje de rebaja que deja la etiqueta igual o por encima de lo que costaba en octubre. El comprador no ve la maniobra porque solo compara con el precio tachado que el propio comercio le muestra.
El consenso del sector se resume en una frase incómoda que recoge Forbes España: este ejercicio habrá más subidas que bajadas de precios. La advertencia coincide con la que llega desde Portugal, donde la asociación DECO ha alertado de falsos descuentos y prácticas irregulares, y con el aviso que La Vanguardia traslada a sus lectores: revisar los precios antes del viernes negro, sobre todo si la compra se hace por internet.
La norma obliga a mostrar el precio más bajo de los 30 días anteriores
Desde la trasposición de la Directiva Omnibus, el comercio que anuncia una reducción de precio en España está obligado a indicar el precio más bajo aplicado en los 30 días anteriores. La regla quedó recogida en el Real Decreto-ley 24/2021 y en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Sobre el papel, el precio tachado deja de ser un adorno publicitario y se convierte en una declaración verificable.
En la práctica, la vigilancia es mínima. Las administraciones autonómicas hacen inspecciones puntuales, casi siempre a raíz de una denuncia, y la carga de la prueba recae en un comprador que no conserva el histórico de precios de lo que quiso comprar. Ahí se hace fuerte el fraude: la norma existe, pero el rastro del precio anterior depende de que alguien lo haya anotado.
El resultado es una asimetría conocida por todos los operadores. Quien cumple pierde margen frente a quien no cumple, y nadie le sanciona. Es la razón por la que las organizaciones de consumidores llevan meses pidiendo un registro público de precios que permita contrastar la evolución de un artículo concreto sin depender de capturas de pantalla.
El descuento se ha convertido en el precio real del comercio electrónico. El problema no es que se anuncie, sino que nadie pueda comprobar contra qué se compara.
El fraude online se concentra en la semana previa al 27 de noviembre
El segundo frente no tiene nada que ver con el precio. Los intentos de fraude se multiplican en los siete días anteriores a la campaña, según coinciden en señalar los especialistas en consumo y ciberseguridad consultados por la prensa económica. Los vectores son conocidos: tiendas que no existen, dominios que imitan a marcas reales, correos con supuestos códigos de descuento y webs que piden el número completo de la tarjeta por un artículo que nunca llegará.

Hay un detalle que suele pasarse por alto. En España, el pago con tarjeta a través de pasarelas con autenticación reforzada ofrece al comprador una vía de reclamación que la transferencia bancaria no tiene. Ante una web desconocida, la forma de pago importa más que el propio descuento.
La otra recomendación clásica, revisar las condiciones de devolución, sigue vigente y se incumple con frecuencia. Un descuento real sobre un producto que no admite devolución puede salir más caro que comprar sin rebaja en una tienda que sí la admite.
Por qué el descuento permanente dejó de ser una señal de precio
Hay una paradoja de fondo que explica todo lo anterior. El calendario promocional del comercio electrónico español se ha estirado hasta ocupar el año entero: enero de rebajas, San Valentín, Semana Santa, vuelta al colegio, Prime Day, Black Friday, Cyber Monday, Navidad. Cuando la mayoría de los días tienen una excusa promocional, el precio tachado deja de informar. Un descuento permanente no es un descuento: es el precio.
Ese desgaste tiene un coste que no aparece en las cuentas de resultados. El comprador que descubre que el precio de octubre era el de noviembre no solo pierde dinero: deja de creer en la categoría. Y la desconfianza se contagia a los operadores que sí cumplen, que acaban asumiendo un sobrecoste reputacional que no han generado.
El marco regulatorio tiene herramientas para corregirlo. la Directiva Omnibus armonizó las sanciones en 2022 y fijó multas de hasta el 4% de la facturación anual del infractor para las infracciones generalizadas, además de obligar a los Estados miembro a dotar de medios a sus autoridades de consumo. Lo que falta, más que norma, es capacidad de inspección y una estadística pública de reclamaciones con el detalle suficiente para detectar patrones por sector.
Conviene vigilar dos cosas en las próximas semanas. La primera, si la Dirección General de Consumo publica un balance de la campaña con cifras de expedientes abiertos, un documento que en anteriores ediciones llegó tarde y con datos agregados. La segunda, si los grandes marketplaces mantienen el precio de referencia de 30 días cuando lleguen las rebajas de enero, que es donde de verdad se mide si la norma se cumple o solo se cita.
Mientras tanto, la recomendación práctica es poco heroica y muy eficaz: guardar el precio de hoy, volver el viernes y comparar. Si el descuento del 40% deja el producto más caro que el 20 de noviembre, no hay oferta. Hay marketing.




