El programa estatal de adaptación climática incluye 187 medidas

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado la firma de la orden ministerial que aprueba el Programa de Trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). La publicación de la orden en el BOE está pendiente y, según el anuncio, se producirá en los próximos días.

El programa plantea la hoja de ruta de la Administración General del Estado para los próximos cinco años. Contiene 187 medidas para anticipar, reducir y gestionar los impactos del cambio climático sobre la población, la economía y los ecosistemas, y da continuidad a una política pública desarrollada en España desde hace dos décadas.

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Durante su intervención desde Turquía en el evento Metafuturo, Aagesen defendió un modelo de adaptación basado en la evidencia científica y la gestión de riesgos. Señaló que el objetivo es avanzar de una cultura de reacción ante las crisis a otra de anticipación, innovación y regeneración.

Medidas para distintos ámbitos

El documento toma como referencia la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España (ERICC 2025), que analiza los principales riesgos climáticos del país. A partir de esa evaluación, prioriza actuaciones que requieren una respuesta urgente y coordinada en áreas como la salud, el agua, la biodiversidad, la agricultura, la energía, las infraestructuras, el transporte, el turismo y la actividad económica.

Del total, 165 medidas son sectoriales y se organizan en 18 ámbitos de gestión pública; las otras 22 son transversales y abordan, entre otros asuntos, las dimensiones territoriales y sociales de la adaptación, los efectos transfronterizos, los costes y beneficios de las actuaciones y la prevención de la mala adaptación. Cada medida incluye una ficha con su valor estratégico, calendario de aplicación, antecedentes, beneficios esperados, indicadores de cumplimiento y departamentos responsables.

Entre las iniciativas previstas figuran una Plataforma de Servicios Climáticos para facilitar información y herramientas de apoyo a la toma de decisiones, especialmente en sectores dependientes del clima como la agricultura y las energías renovables. En salud, el programa prevé impulsar una Red Estatal de Refugios Climáticos y reforzar la prevención ante el calor extremo, con atención al entorno laboral y a los grupos vulnerables.

Agua, ecosistemas e infraestructuras

En materia de agua, se plantea fortalecer la prevención local del riesgo de inundación y mejorar la información y las actuaciones para fomentar la autoprotección. El programa también prevé integrar la adaptación en las políticas de conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas, prevenir los efectos de los incendios forestales en la interfaz urbano-forestal y promover modelos agrícolas, ganaderos y pesqueros más resilientes.

Para las costas y el medio marino, se proponen actuaciones de adaptación del litoral, recuperación de ecosistemas costeros y mejora de la planificación de los municipios costeros. También se incorporarán los riesgos climáticos al diseño, la construcción y la gestión de ciudades, edificios e infraestructuras, y se promoverá el principio de resiliencia desde el diseño en nuevas infraestructuras energéticas.

El transporte, la movilidad, la industria, los servicios y el turismo cuentan con medidas para evaluar vulnerabilidades, reforzar la respuesta ante fenómenos extremos y adaptar sus modelos de actividad. El documento incluye, además, actuaciones de investigación e innovación, educación climática y capacitación profesional, así como iniciativas para conocer mejor los riesgos sobre infraestructuras críticas y sus posibles efectos en la paz, la seguridad y la cohesión social.

Elaboración y alcance del programa

En la elaboración participaron 19 ministerios, junto con la comunidad científica y técnica, administraciones autonómicas y locales, organizaciones sociales y ciudadanía. Durante el proceso se recibieron más de un millar de propuestas.

El programa se centra prioritariamente en la Administración General del Estado y otros organismos públicos estatales, aunque aspira a servir de referencia al conjunto de las administraciones y a los actores sociales y económicos. Da continuidad al trabajo del periodo 2021-2025 e incorpora prioridades basadas en los conocimientos científicos más recientes y la experiencia acumulada.

La adaptación al cambio climático se presenta como un desafío compartido que requiere cooperación entre administraciones y sociedad. La aprobación de esta segunda hoja de ruta quinquenal busca consolidar una política pública orientada a anticipar riesgos, reducir vulnerabilidades y fortalecer la capacidad de respuesta del país ante los impactos climáticos.


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