La transición de las petroleras estatales decide el ritmo de la salida de los combustibles fósiles: el NRGI advierte en la COP31 de Antalya de que estas compañías producen el 54% del petróleo mundial y la mitad del gas.
El mensaje lo trasladó Amir Shafaie, director del programa legal y económico del Natural Resource Governance Institute (NRGI), en una entrevista con Inter Press Service publicada el 14 de noviembre desde la cumbre que acoge la ciudad turca. Su tesis es simple y tiene consecuencias contables: las petroleras estatales no son un apéndice del sistema energético, son su columna vertebral, y ninguna planificación climática será creíble si las deja fuera del balance.
Vamos a los datos. En 2025, las compañías nacionales produjeron el 54% del petróleo del mundo y la mitad del gas. Si la tendencia se mantiene, su cuota escalará hasta el 62% en 2050, justo el año en que la mayoría de las economías avanzadas dice haber alcanzado la neutralidad. El cálculo no es una proyección marginal: describe quién tendrá la última palabra sobre la oferta fósil durante las próximas dos décadas.
El 54% del petróleo mundial que no aparece en los titulares
El dinero confirma el diagnóstico. La inversión de capital de estas compañías rondó los 240.000 millones de dólares en 2025, más del triple de lo que gastaron las grandes cotizadas del sector. Ese volumen explica por qué el ritmo de la descarbonización industrial no se decide solo en las juntas de accionistas de Londres o Houston, sino en los ministerios de Energía y Hacienda de una treintena de países productores.
Aquí está la letra pequeña que el NRGI puso sobre la mesa ante ante la cumbre: estas empresas financian presupuestos públicos, sostienen servicios esenciales y, en muchos casos, forman parte de la identidad nacional. Son activos políticos antes que comerciales. Por eso el regulador climático no basta; hace falta el dueño.
El ritmo de la salida del petróleo lo marcarán las compañías que no cotizan, no las que aparecen en los índices bursátiles.
La factura oculta: 425.000 millones que pueden no recuperarse
En 2023, el NRGI calculó que las petroleras nacionales tenían previstas inversiones upstream por valor de 1,8 billones de dólares entre 2023 y 2032. Si la demanda de crudo cae en línea con los compromisos climáticos ya firmados por los gobiernos, alrededor de una cuarta parte de ese dinero —unos 425.000 millones— no se recuperaría. Es dinero público, o con aval público, el que se evaporaría.
Un activo fósil que no se amortiza acaba pagándose con impuestos: el riesgo de transición es una partida de gasto social, no solo financiera.
La distribución del riesgo no es homogénea. En casos como la ugandesa UNOC y la camerunesa SNH, más del 80% de la inversión planificada en exploración y producción podría no llegar nunca al punto de equilibrio, según el mismo análisis. Cuando un activo estatal pierde valor, el golpe aterriza en el balance del Estado: menos margen para sanidad, educación y diversificación productiva. Los precios altos del crudo tapan esas vulnerabilidades a corto plazo; no las eliminan.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Producción en juego: las petroleras estatales extrajeron el 54% del petróleo y la mitad del gas mundial en 2025, con una cuota proyectada del 62% en 2050.
- Capital expuesto: unos 425.000 millones de dólares de inversión upstream prevista entre 2023 y 2032 podrían no amortizarse si la demanda cae.
- Inversión anual: 240.000 millones de dólares en 2025, más del triple del gasto de las grandes petroleras cotizadas.
- Equivalencia tangible: en UNOC y SNH, más del 80% de la inversión planificada en exploración podría no alcanzar el punto de equilibrio.
Gobiernos dueños: menos persuasión y más mandato
Shafaie es explícito sobre el instrumento. Los gobiernos no necesitan convencer a sus compañías: las controlan. Lo que falta es una política clara —cuánto ingreso puede volver a perforar nuevos pozos y con qué test de escenarios— y la obligación de publicar los resultados. Cada NOC debería someter sus planes a varios escenarios de demanda, incluidos aquellos en los que los compromisos climáticos se cumplen y el consumo cae.
El gas no es una escapatoria automática. La crisis energética reciente empujó a varios países a sustituir importaciones por renovables más baratas y menos expuestas a la geopolítica, y todavía llega mucha capacidad de gas natural licuado al mercado, lo que obliga a competir en coste. El caso de Pertamina ilustra el otro extremo: la petrolera indonesia absorbió el coste de los precios subvencionados de los carburantes y convirtió el riesgo de transición en un agujero fiscal.
La geografía del riesgo cambia según el país. En importadores netos como Tailandia, producir más en casa protege poco frente a los precios internacionales; la seguridad energética llega por la vía de la demanda. En exportadores grandes como Noruega o Emiratos Árabes Unidos, el problema es la volatilidad de los ingresos y la oportunidad es diversificar la economía. En posiciones intermedias —Pemex, NNPC y una Ecopetrol cada vez más expuesta al gas— conviven las dos presiones a la vez.
De la hoja de ruta de Belém a la contabilidad de cada país
El precedente inmediato es la hoja de ruta de la presidencia brasileña de la COP30, que convirtió la salida de los combustibles fósiles en una base de planificación nacional y reconoció el papel singular de las petroleras estatales en la intersección entre ingresos públicos, seguridad energética y desarrollo industrial. La novedad de Antalya es el tono: el secretario general de la ONU, António Guterres, lo resumió con una frase que debería figurar en el informe anual de cualquier compañía estatal, los contribuyentes no deben avalar inversiones que consolidan la dependencia fósil.
Hay un contraste que conviene subrayar. Las grandes cotizadas europeas operan bajo el escrutinio de la Taxonomía Verde, la directiva CSRD y el paquete Fit for 55, con inversores preguntando por el Scope 3 de su cadena de suministro; las estatales responden ante un único dueño y su ciclo político. Ese desequilibrio explica por qué la producción fósil mundial se está desplazando hacia manos públicas. El propio NRGI vuelve a reclamar en 2026 los mismos test de escenarios que pedía tres años antes, señal de que la práctica no se ha generalizado.
Queda el flanco social. En muchos países productores las petroleras nacionales son empleadores ancla y proveedores de servicios, y su reconversión afecta a regiones enteras. Planificar el cierre de la producción sin planificar el empleo es la vía más rápida para que la transición pierda su mayoría social. Con 240.000 millones de dólares anuales en juego y un cuarto de su gasto previsto en riesgo, la decisión no es climática: es de asignación de capital. Si esas compañías aplican la disciplina de escenarios que se les exige, la oferta fósil se ajusta y la transición se acelera. Si no, la factura la firma el contribuyente.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: someter 1,8 billones de dólares de inversión fósil a test de escenarios evita que una cuarta parte, unos 425.000 millones, acabe en pérdidas públicas.
- Modelo que cambia: la petrolera estatal que decide por mandato político deja paso a una compañía obligada a publicar la rentabilidad de cada pozo que perfora.
- Para las próximas generaciones: menos capacidad fósil bloqueada hasta 2050 deja presupuestos públicos disponibles para sanidad, educación y renovables.




