China quiere confiscar cerca de 62.000 bitcoin vinculados a una de las mayores estafas de su historia. A precio de mercado actual, ese botín ronda los 5.000 millones de dólares, lo que sitúa la operación entre las mayores de este tipo jamás planteadas en el país asiático.
El señalado como cerebro de la trama es Qian Zhimin, supuesto controlador de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Según la información publicada por el diario digital de Shanghái The Paper y recogida por Bitcoin Magazine, entre 2014 y 2017 Qian y sus socios vendieron por todo el país productos de gestión de patrimonio falsos, sin autorización de los reguladores financieros y con la promesa de rentabilidades garantizadas.
La operación captó unos 40.300 millones de yuanes, equivalentes a cerca de 2.800 millones de dólares. El dinero no financió ningún negocio real. Una parte se destinó a pagar a los inversores que llegaron primero, el mecanismo clásico del esquema Ponzi (pagar a los antiguos con el dinero de los nuevos), y otra acabó en bitcoin, inmuebles, coches y joyas.
En julio de 2017, con la estructura ya desmoronándose, Qian huyó al Reino Unido con ordenadores que contenían las carteras de bitcoin. Las autoridades británicas intervinieron después esos equipos y el resto del patrimonio: cerca de 61.900 BTC, efectivo, joyas y otras criptomonedas.
Ahí arrancó un pulso legal que sigue abierto. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (High Court) ha dictaminado que la ley aplicable a los conflictos de propiedad sobre los bitcoin intervenidos es la china, no la británica. La decisión importa más de lo que parece: de ella depende si las víctimas participan o no de la revalorización de unas monedas que en 2017 valían una fracción de lo que valen hoy.
Sesenta y dos mil monedas siguen bajo custodia británica mientras dos sistemas judiciales discuten de quién son: el dinero ya no está en duda, la propiedad sí.
La Crown Prosecution Service británica sostiene que las víctimas pueden recuperar sus pérdidas mediante el mecanismo de compensación chino. Los abogados de Fieldfisher, que representan a parte de los afectados, estudian un recurso. Las próximas vistas determinarán si esos inversores logran acreditar su derecho sobre los activos.
El tribunal de Tianjin ya ha admitido la petición de decomiso
En paralelo a la vía británica, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin aceptó el 28 de septiembre la solicitud de la Fiscalía para confiscar los bienes ilícitos de Qian. Los afectados pueden inscribirse para participar en el procedimiento de recuperación de activos a través de una plataforma de WeChat, y la ley fija un plazo de aviso de seis meses antes de que arranque el juicio formal.
Ese calendario sitúa la vista, como pronto, en la primavera de 2027. Nada de esto será rápido.
Qué puede pasar con los 62.000 bitcoin decomisados
La pregunta que se hacen los inversores es sencilla: ¿van a vender? Todo apunta a que el objetivo final del proceso es liquidar los activos y repartir el efectivo entre las víctimas, pero no hay una decisión firme ni un calendario público. Quedan por delante los recursos en Reino Unido, la acreditación individual de cada afectado y el entendimiento entre dos sistemas judiciales que no siempre hablan el mismo idioma.
Por tamaño, 62.000 bitcoin equivalen a algo más del 0,3% de las monedas en circulación. No es un volumen capaz de tumbar el mercado por sí solo, pero sí suficiente para mover el precio si se ejecuta de golpe y sin aviso. Las ventas ordenadas, con intermediarios y por tramos, son la vía habitual en este tipo de casos.
Por qué este caso importa más allá de China
El primer dato llamativo es la contradicción. China prohibió el comercio de criptomonedas en 2021 y mantiene una de las regulaciones más duras del mundo sobre el sector. Sin embargo, aquí el Estado no aparece como perseguidor del bitcoin, sino como acreedor de un patrimonio en bitcoin. La paradoja no es nueva: los Gobiernos que cierran la puerta a los exchanges suelen conservar la llave de las carteras que decomisan.
Los precedentes ayudan a medir los tiempos. Mt. Gox, la plataforma japonesa que quebró en 2014 tras perder cientos de miles de bitcoin de sus clientes, tardó una década en empezar a devolver fondos. Alemania vendió en 2024 unas 50.000 monedas procedentes de un decomiso y el mercado las absorbió, no sin volatilidad. La diferencia es que aquí hay dos jurisdicciones discutiendo y una revalorización de por medio que nadie quiere ceder.
Mi lectura es que el riesgo inmediato para el precio es bajo y el riesgo reputacional para el sector, alto. Cada caso así refuerza la idea de que el bitcoin puede ser, a la vez, refugio de ahorradores y vehículo de estafadores, según quién lo use. Deja además una lección práctica para el inversor de a pie: la promesa de rentabilidad garantizada sigue siendo el anzuelo más eficaz del fraude financiero, con o sin cadena de bloques de por medio.
Lo que toca vigilar ahora son dos fechas: la inscripción de víctimas en la plataforma china, que pone en marcha el reloj de esos seis meses, y cualquier movimiento en el Tribunal Superior británico. Hasta entonces, las 62.000 monedas seguirán quietas, custodiadas en algún lugar del Reino Unido, mientras dos países deciden de quién son. Cosas que pasan cuando el dinero se mueve más rápido que la ley.
