UPTA España advierte de una contradicción en el debate sobre las pensiones: cerca de 100.000 profesionales de mutualidades alternativas reclaman una solución para incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), mientras algunas formaciones políticas proponen aumentar el peso de los sistemas privados de capitalización en la jubilación.
Abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales llevan años reclamando una pasarela a la Seguridad Social que les permita trasladar los derechos económicos acumulados y acceder a una jubilación digna. Según UPTA, algunos trabajadores que han realizado aportaciones durante décadas reciben prestaciones que no responden a sus necesidades económicas.
Reclaman transparencia y desbloquear la pasarela
La organización exige a las mutualidades transparencia sobre la gestión de los fondos, los costes aplicados y los derechos económicos de cada profesional. También considera necesario revisar las garantías de un sistema en el que los resultados financieros y los gastos de gestión pueden condicionar las prestaciones finales.
UPTA sostiene que, según su valoración de la situación política actual, el Gobierno de España no prevé resolver el desarrollo reglamentario necesario para hacer efectiva la pasarela al RETA. Critica asimismo la falta de iniciativa del resto de partidos mientras miles de profesionales esperan conocer las condiciones de incorporación al sistema público y cómo se reconocerían sus aportaciones.
La organización reclama que se esclarezca el papel de los colegios profesionales de la abogacía y de las mutualidades. Considera necesario determinar si hay presiones o intereses económicos que puedan dificultar el proceso, sin dar por acreditada ninguna intervención concreta, y afirma que los intereses de las entidades gestoras no pueden anteponerse al derecho de los profesionales a una jubilación digna.
El debate sobre la capitalización privada
El conflicto de los mutualistas coincide con propuestas políticas para incrementar el peso de los sistemas privados de capitalización. En España, Vox ha defendido avanzar hacia un modelo mixto de reparto y capitalización. UPTA pide explicaciones sobre cómo se financiarían las pensiones actuales y quién asumiría los riesgos de las inversiones.
La organización señala que los sistemas públicos de reparto se financian mediante cotizaciones y recursos públicos, mientras que los modelos de capitalización dependen de las aportaciones invertidas y de los resultados financieros. UPTA considera que el ahorro privado puede complementar las prestaciones públicas, pero rechaza que la seguridad económica de los pensionistas quede condicionada por la evolución de los mercados.
Según datos oficiales de septiembre de 2026 citados por UPTA, más de 9,5 millones de pensionistas perciben 10.547.417 pensiones contributivas de la Seguridad Social, con una nómina mensual de 14.498 millones de euros. La organización señala que el sistema proporciona ingresos a millones de hogares y contribuye al sostenimiento del consumo y de la actividad económica.
La brecha en las pensiones del trabajo autónomo
UPTA advierte de desigualdades en la protección social del trabajo autónomo. La pensión media de jubilación del colectivo se sitúa en 1.062,80 euros mensuales, frente a los 1.734,70 euros del Régimen General: una diferencia de 671,90 euros al mes. La organización añade que existe la posibilidad de una nueva congelación de las tablas de cotización en 2027, que dificultaría la mejora de las futuras prestaciones.
El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, sostiene que la situación de las mutualidades debería suscitar preocupación y que los profesionales no deberían tener que luchar por una jubilación digna tras décadas de aportaciones. También plantea que quienes proponen más capitalización privada expliquen por qué miles de mutualistas reclaman incorporarse a la Seguridad Social.
Abad critica que, a juicio de UPTA, el Gobierno no prevé resolver el reglamento de la pasarela al RETA y que el resto de partidos no está demostrando interés en desbloquearla. Pide conocer el papel de los colegios profesionales y las mutualidades, y si existen presiones que estén frenando el proceso. Asimismo, reclama que quienes defienden una mayor capitalización privada expliquen quién asumiría los riesgos de las inversiones; sostiene que las pensiones públicas cuentan con prestaciones respaldadas por el Estado y concluye que son un derecho, no un negocio.
