Los centros de datos han solicitado 22.142 MW de acceso a la red de transporte española. Ninguno está operativo. La cifra, actualizada a 30 de septiembre de 2026 por Red Eléctrica, multiplica por cinco los 4.345 MW industriales que ya están conectados y en servicio.
La industria concentra 6.857 MW de demanda en la red de transporte. De ellos, 4.345 MW —el 63%— están en servicio, 1.492 cuentan con permisos concedidos y 1.020 siguen en tramitación. El grado de materialización del sector industrial es muy superior al de cualquier otra categoría de demanda analizada. Cuando la industria pide red, la red se usa.
Los datos proceden de un análisis del Foro Industria y Energía y Opina 360 que, por primera vez, cruza la información de la red de transporte con la disponible en la red de distribución, según los registros publicados por Red Eléctrica. El objetivo declarado es medir hasta qué punto la capacidad de alta tensión condiciona la localización de nuevas inversiones industriales y tecnológicas. El acceso a la red se ha convertido en un factor determinante para la planificación territorial, no solo para la conexión de grandes proyectos.
El contraste con otras demandas refuerza la lectura. Las infraestructuras ferroviarias tienen 2.836 MW en servicio sobre 3.551 MW solicitados. La producción de hidrógeno y gases renovables apenas suma 27 MW operativos frente a 6.672 MW solicitados, una ratio de conversión que roza el 0,4%. El patrón se repite: mucha solicitud, poca instalación.
Los centros de datos acumulan 15.813 MW que siguen en tramitación
Los centros de procesamiento de datos son, con diferencia, el mayor volumen de peticiones de la red de transporte. De los 22.142 MW, 6.329 cuentan con permisos concedidos y 15.813 permanecen en tramitación. La comparación con la industria mide bien la dimensión del fenómeno: las peticiones de los centros de datos equivalen a 3,2 veces toda la demanda industrial registrada, conectada o no.
La brecha no está en la ambición de los proyectos, sino en la capacidad de convertirlos en demanda real y conectada a un nudo de alta tensión.
El mapa de solicitudes está muy concentrado. En tramitación destacan Extremadura, con 4.938 MW, Aragón con 3.227 MW y Andalucía con 2.009 MW. Entre los proyectos que ya tienen permisos, Aragón acumula 2.409 MW, Madrid 1.888 MW y Castilla-La Mancha 879 MW. Esa distribución territorial no coincide con la de la industria ya conectada, que lideran País Vasco, con 853 MW; Galicia, con 719 MW; Cataluña, con 694 MW, y Asturias, con 546 MW.
España no tiene un problema de demanda eléctrica: tiene una demanda que todavía no existe y que ya está reservando capacidad de red.
La red de distribución solo ofrece 7.118 MW para absorber toda la demanda
La capacidad disponible en la red de distribución —7.118,6 MW para el conjunto de España— resulta insuficiente para absorber el volumen de solicitudes de los centros de datos y, además, debe atender al resto de consumidores y actividades ya conectados.
El caso del País Vasco es el más ilustrativo. Lidera la potencia industrial conectada a la red de transporte con 853 MW y suma 25 MW con permisos concedidos, pero sus 497 subestaciones de distribución no registran capacidad firme disponible. La consecuencia recae sobre las pymes, la electrificación de procesos y el desarrollo de proveedores locales: la macro-red tiene hueco, la red de reparto no.
En la potencia industrial en tramitación, Andalucía concentra 814 MW, el 80% del total nacional en esa fase, mientras Castilla-La Mancha suma 500 MW con permisos concedidos y Castilla y León otros 205 MW en curso. Son cifras pequeñas frente a los centros de datos, y ahí está buena parte del problema.
El marco que debe ordenar esta cola sigue en tramitación. El Gobierno prevé aprobar el real decreto de los centros de datos antes de la próxima cita electoral, según ha publicado El Periódico de la Energía. La norma debe fijar los criterios de caducidad de expedientes, las garantías económicas exigidas y el orden de prelación en el acceso: tres palancas que determinan cuántos de esos 22.142 MW llegarán a existir.
El propio informe reconoce su limitación. Los datos no permiten saber cuántos expedientes corresponden a cada categoría de demanda ni cuántos terminarán en instalación operativa. Por eso el indicador que debe seguirse es la tasa de conversión: primero de tramitación a permiso, después de permiso a obra. Sin ese dato, cualquier lectura de los 22.142 MW es una lectura de intenciones.
El riesgo de confundir solicitudes con demanda eléctrica real
Los procesos de acceso y conexión españoles acumulan años de expedientes que después se han modificado, reubicado o abandonado. El hidrógeno verde es el ejemplo más reciente: 6.672 MW solicitados frente a 27 MW operativos. Nada indica que el fenómeno sea exclusivo de los centros de datos, y el propio informe admite que no puede atribuir cada expediente a un promotor con financiación cerrada.
La red de transporte se planifica por ciclos quinquenales y cada nueva capacidad se resuelve contra esa planificación. Dimensionar posiciones de 400 kV para una demanda que no se materializa tiene un coste que acaba asumiendo el conjunto del sistema. No dimensionarlas tiene otro: perder proyectos que se instalan en países con nudos libres. El equilibrio no es técnico, es regulatorio.
Hay precedentes que conviene mirar sin dramatismo. Irlanda limitó nuevas conexiones de centros de datos en el área de Dublín por el riesgo sobre el suministro eléctrico, y Países Bajos aplicó restricciones temporales en varias zonas de su red. España no está en ese punto: cuenta con generación renovable abundante y excedentes en horas centrales. Pero la disponibilidad de energía no sustituye a la disponibilidad de red, y ahí la comparación europea es bastante menos favorable.
La contradicción de fondo es de prioridades. Con 7.118 MW de capacidad en distribución y 22.142 MW de solicitudes de centros de datos, el riesgo evidente es que la electrificación industrial —la que ya existe, la que paga nóminas— espere turno detrás de proyectos sin fecha de construcción. Para una parte del tejido productivo, la salida pasa por el autoconsumo industrial, que evita la cola de acceso pero no resuelve los procesos que exigen alta tensión. El real decreto decidirá si el criterio es el orden de llegada, la solvencia del promotor o la utilidad sistémica del proyecto.
La prueba de fuego llegará con la publicación de la norma y con las próximas actualizaciones de datos de Red Eléctrica. Si en doce meses la conversión de megavatios en tramitación a permisos concedidos no supera el dígito, la cola de 22.142 MW será la medida de otra cosa: de la distancia que separa anunciar un centro de datos de construirlo.
