El programa de vivienda del PP aterriza sin memoria económica publicada y con un objetivo de cabecera: un millón de pisos nuevos en una sola legislatura. Alberto Núñez Feijóo lo presentó en Sevilla y lo resumió con una frase: ‘Es el cambio más urgente y el que más necesita nuestro país’.
Un millón de viviendas y ni un papel con la cuenta de resultados
El diagnóstico de Génova se apoya en dos cifras: España crea 240.000 hogares al año y termina menos de 100.000 viviendas, según datos que el partido atribuye a fuentes oficiales. De ahí el déficit cercano al millón de unidades. El ritmo de creación de hogares se puede contrastar en la estadística del INE; el de obra terminada, en los visados del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
El vehículo son tres normas en los cien primeros días: una nueva Ley del Suelo, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y una ley contra la okupación. La primera incorpora el silencio administrativo positivo a los 90 días —si el ayuntamiento no resuelve la licencia en plazo, se entiende concedida—, fórmula que las promotoras reclaman desde hace años y que los servicios jurídicos municipales miran con recelo. El conjunto de medidas que maneja Génova incluyen además un régimen fiscal más laxo para el suelo.
Hay un tercer eje que condiciona todo lo demás. El PP quiere llevar el plan a la primera Conferencia de Presidentes que convoque e incorporar a la Federación Española de Municipios y Provincias, porque el suelo y la licencia son competencia municipal. Sin ayuntamientos no hay un millón de viviendas. Y los ayuntamientos, hoy, son de todos los colores.
Lo que no hay es cuenta. Ni coste del aval, ni impacto recaudatorio de la rebaja fiscal, ni calendario más allá de esos cien primeros días. Tampoco la fórmula para encajar el desalojo exprés con el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ordena la detención y el juicio rápido. Declaración de intenciones con fecha electoral, no texto articulado.
Un aval público al cien por cien no abarata la vivienda: adelanta la entrada y traslada el riesgo del comprador al balance del Estado.
Para los menores de 40 años, el núcleo es fiscal y financiero. Avales de hasta el 100% de la entrada, rebaja del 60% del IVA y del ITP —que el partido traduce en ‘cero impuestos’ para la obra nueva—, aplazamiento del pago mientras dure la hipoteca y una cuenta ahorro bautizada como ‘Hucha Hogar Joven’. Ejemplo: en un piso de 250.000 euros el ahorro fiscal sería de 25.000 euros y harían falta 50.000 menos para firmar.
Ahí está el punto delicado. El aval del 100% no rebaja el precio ni la cuota mensual; rebaja la barrera de entrada y, con ella, la capacidad de negociación de quien compra. El Banco de España señala el umbral del 80% de LTV (el porcentaje del precio que cubre la hipoteca) como frontera de prudencia: por encima, la banca pide más garantías y aplica diferenciales más altos. Financiarlo todo con aval público reabre el debate de las líneas del ICO de 2024, con coberturas parciales.
Qué cambia de verdad para un propietario y para un inquilino
El segundo bloque mira al alquiler desde la oferta. Deducciones para inquilinos y propietarios siempre que el contrato llegue a tres años y la subida quede por debajo del IPC. Feijóo lo justifica así: ‘Cuando el propietario se siente seguro, alquila’. La arquitectura recuerda al extinto régimen de deducción por alquiler de vivienda habitual, suprimido en 2015.
La pieza más polémica es el desalojo en 48 horas. Se presenta como ley específica contra la okupación: ‘Toda la sensibilidad con el ciudadano que cumple y toda la firmeza con los jetas’, resumió el líder popular. En la práctica exige tocar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y decidir qué ocurre con los procedimientos ya abiertos. Y convive con un choque de competencias: la Ley por el derecho a la vivienda de 2023 es estatal, pero las zonas tensionadas siguen en manos autonómicas.
La Ficha del Inversor
La métrica clave es el 10%. Ese es el ahorro fiscal que el programa ofrece a un menor de 40 años que compre obra nueva de 250.000 euros: 25.000 euros entre IVA e ITP. Para ese perfil, la diferencia entre necesitar 50.000 euros de entrada o la mitad. En el pulso entre agentes, las promotoras aplauden el silencio positivo y los ayuntamientos reclaman financiación antes de asumir más licencias; los colectivos de inquilinos dudan de que la deducción acabe bajando el recibo. El paquete no toca el Build to Rent (construir para alquilar) ni la fiscalidad de las socimis.
La tendencia a seis meses depende de un solo factor: el resultado del 29 de noviembre. Con mayoría suficiente, el calendario realista sitúa la Ley del Suelo en la segunda mitad de 2027 y las primeras licencias bajo silencio positivo en 2028. Sin mayoría, todo queda en propuesta. A diez años, la intención declarada es mudar el mapa de la tenencia: ‘construir una nueva generación de propietarios en España’, en palabras de Feijóo. El giro inverso al que domina el mercado desde 2013, cuando nacieron las socimis.
El perfil interpelado es concreto: pareja de 30 a 39 años, contrato indefinido y ahorro insuficiente para la entrada. El pequeño propietario con un piso alquilado es el segundo destinatario; el gran tenedor y el fondo institucional, el gran ausente. Queda el riesgo que nadie menciona en el acto: un aval del cien por cien sobre promociones que aún no existen, con licencias bloqueadas y suelo caro, puede inflar el precio de la obra nueva justo donde el comprador tiene menos margen. La próxima cita, el debate parlamentario de la Ley del Suelo.
